Desde mayo de 1961, apenas unas semanas después de la agresión, el Primer Ministro del gobierno revolucionario, Fidel Castro Ruz, había expresado la disposición a devolver a Estados Unidos a todos los prisioneros, a cambio de que Washington accediera a indemnizar materialmente a la Isla. Tres días después, el 20 de mayo, quedó constituido el Comité de Prisioneros que viajaría a Estados Unidos para gestionar la libertad de los integrantes de la Brigada.
 
El gobierno de John F. Kennedy no quiso participar, de manera oficial, en este proceso; por lo que el asunto quedó en manos de la iniciativa privada que se agrupó en el llamado Comité Roosevelt, el cual no pudo dar una rápida solución al problema.
 
La Comisión norteamericana demostró su mala fe en las negociaciones al anunciar en la noche del 23 de junio que se desintegraría, destacando que tal decisión había sido tomada después de que el Gobierno Revolucionario “rechazó su oferta de enviar 500 tractores pequeños”. Esta decisión y las maniobras dilatorias que la precedieron, sumadas a la campaña de prensa ordenada por el Departamento de Estado norteamericano, demostraron que en ningún momento el Comité Roosevelt obró con ánimos de llegar a un acuerdo.

El 27 de junio, Fidel hizo una pormenorizada intervención sobre todo lo ocurrido y las relaciones con el Comité Roosevelt. Días más tarde, el 4 de julio de 1961, en una comparecencia por televisión, al tratar el pago de la indemnización, manifestó que el imperialismo: “Les viró la espalda a sus propios servidores, rompió la negociación, hablaron de honor, pero un concepto extraño del honor”.
 
Por su parte, como ya hemos adelantado, en septiembre de 1961, los 14 asesinos y esbirros de la sangrienta tiranía batistiana, fueron procesados en juicio sumarísimo. A cinco —Ramón Calviño Ínsua, Jorge King Yun (el chino King), Emilio Soler Puig (el Muerto), Roberto Pérez Cruzata y Antonio Valentín Padrón— se les condenó a la pena de muerte; al resto, a 30 años de prisión.
 
El 20 de marzo de 1962, después de casi un año en espera de una respuesta satisfactoria a la propuesta de Indemnización al pueblo cubano del jefe de la Revolución, el Departamento Jurídico de las Fuerzas Armadas Revolucionarias dio a conocer que el 29 de marzo de 1962 comenzaría el juicio a los mercenarios que en 1961 habían atacado a Cuba.
 

La agencia Prensa Latina, el 23 de marzo, divulgó una declaración del compañero Fidel acerca de esa disposición: “La decisión del Gobierno Revolucionario de someter a juicio a los mercenarios de Playa Girón, entraña la cancelación del ofrecimiento de la libertad de los mismos mediante el pago de una indemnización en maquinaria agrícola, ya que el mismo no fue atendido en tiempo y forma”.
 
A lo expuesto, el máximo dirigente de la Revolución añadió en respuesta a declaraciones tergiversadas hechas en los Estados Unidos: “La decisión del Gobierno Revolucionario de someter a juicio los invasores de Playa Girón, que por imperativo de la ley era imposible postergar más tiempo, entrañó por sí misma la revocación del ofrecimiento hecho hace un año, de la libertad de los mismos mediante una indemnización en maquinaria agrícola. La falta de interés por parte de los responsables principales de la agresión a nuestra patria, ante el generoso ofrecimiento del Gobierno Revolucionario, eludiendo en forma indefinida la aceptación de la misma, justifica, por sí sola, esta decisión”.
 
Así, a las nueve de la mañana del 29 de marzo de 1962, en La Habana se inició el juicio a los prisioneros, que sesionó durante varios días en el Castillo del Príncipe.
 
Más de un millar de mercenarios, capturados durante las tres jornadas de combates y en los días posteriores, tuvieron que enfrentar el peso de la justicia revolucionaria en un juicio sumarísimo entre el 29 de marzo y el 4 de abril de 1962.

En el proceso, que tuvo como sede al Castillo del Príncipe en La Habana, se pusieron al descubierto los detalles de la artera agresión, planificada, financiada y organizada por el gobierno de Estados Unidos desde mayo de 1960.
 
El tribunal que juzgó a los mercenarios estuvo presidido por el comandante Augusto Martínez Sánchez y actuaron como vocales los también comandantes Juan Almeida, Sergio del Valle, Guillermo García y Manuel Piñeiro; como fiscal actuó el doctor Santiago Cuba, fiscal del Tribunal Supremo de Justicia; como secretario trabajó el capitán Narciso Fernández y como abogado defensor de oficio el doctor Santiago Béjar, profesor de la Universidad de La Habana [7].
 
Casi al año exacto de la invasión, el 7 de abril de 1962, el tribunal dictó sentencia por el delito de traición contra los mercenarios capturados, a quienes se les condenó a pagar altas indemnizaciones y como subsidiarias a penas de hasta 30 años de cárcel “con trabajo físico obligatorio hasta que sea satisfecha la indemnización”.
 
Los mercenarios capturados en Playa Girón y sus alrededores, al ser sancionados legalmente por ese delito, también perdieron la ciudadanía cubana.
 
Los tres principales jefes de la Brigada 2506, José Alfredo Pérez San Román, Erneido Andrés Oliva González y Manuel Artime Buesa, fueron condenados a pagar al país cada uno medio millón de dólares.
 

Los demás mercenarios fueron sancionados a pagar 100 mil, 50 mil y 25 mil dólares, de acuerdo con la responsabilidad que tuvieron en la frustrada invasión. La suma total de la sanción impuesta a los mil 181 mercenarios juzgados ascendió a 62 millones 300 mil dólares.
 
Esta sentencia dictada contra los traidores, que por cuenta del Gobierno imperialista de Estados Unidos invadieron nuestra Patria en son de guerra y de crimen, fue un mazazo contundente que la Revolución Cubana descargó sobre el imperialismo y la contrarrevolución.
 
Cuando ya se había dictado sentencia contra los implicados en la Causa 111 de 1961, en junio de 1962, el Fiscal General de Estados Unidos, Robert Kennedy, incorporó a las negociaciones de la Comisión de Familiares de Prisioneros al abogado James Donovan. Las conversaciones sobre el cambio de los prisioneros fueron interrumpidas durante la Crisis de Octubre, pero se reanudaron el 18 de diciembre, firmándose los acuerdos el día 21.
 
Ese convenio comprometía a Estados Unidos a pagar, en un término de seis meses, los 62 millones 300 mil dólares en medicinas y alimentos para niños, mientras que Cuba dejaría en libertad a los prisioneros quienes comenzaron a salir de inmediato para Estados Unidos.
 
Al final, la Casa Blanca no completó su compromiso, pues dejó de pagar dos millones de dólares, aunque, como dijo Fidel: “Tuvieron que aceptar el pago de la indemnización y por primera vez (…) en su historia el imperialismo pagó una indemnización de guerra”.
 
Antes de concluir estas líneas, considero importante subrayar que en Girón se luchó por el Socialismo, y al recordar esa fecha, lo hacemos con la premisa de hurgar en la historia patria, sobre todo por cuanto podemos hacer en el futuro.
 
La victoria del pueblo cubano en Playa Girón tiene especial significado, al demostrar que cuando se lucha por principios sólidos se derrota a cualquier adversario, por poderoso que sea.
 
Como expresara en su histórico discurso del pasado 19 de abril el General de Ejército Raúl Castro Ruz, primer secretario del Comité Central del PCC, en la Sesión Constitutiva de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular: “Hemos luchado durante casi 150 años por la independencia nacional y defendido la Revolución al precio de mucha sangre y de enfrentar los mayores riesgos.
 
Reafirmamos hoy la convicción de que cualquier estrategia dirigida a destruir la Revolución por la vía de la confrontación o la seducción, enfrentará el más decidido rechazo del pueblo cubano y fracasará”.