La noticia no es nueva pero aparece y desaparece con cierta asiduidad, aún cuando los principales medios globalizados de información no la presentan en su real dimensión: Estados Unidos y sus aliados, incluido Israel, desarrollan planes para establecer “escudos antimisiles” en Europa, Asia y el Oriente Medio.

La idea de los sistemas de defensas antimisiles, comúnmente conocidos como “escudos antimisiles”, forma parte de la ya demasiado larga carrera armamentista; y surgió en los Estados Unidos en la década de 1940, concebida como un mecanismo que protegiera el territorio de ese país de un ataque con armas nucleares, incluso en momentos en que solo Estados Unidos poseía ese tipo de armamento.

Desde que Estados Unidos ensayó con éxito el arma atómica en 1945, que fue seguido por el ensayo atómico en la Unión Soviética en 1949; y por sucesivas espirales en la carrera armamentista, la concepción del escudo antimisiles, con diferentes variantes, siempre estuvo presente. Precisamente, la decisión de la Unión Soviética y de los Estados Unidos, de firmar en 1972 un Tratado de Defensa Antimisiles, tuvo como finalidad concreta no solo la protección del territorio de ambos países, sino también limitar la producción y el despliegue de este tipo de sistema, en la convicción de que su poseedor podría verse estimulado a propinar un primer golpe con armas nucleares.

Es eso lo que explica que ese Tratado de Defensa Antimisiles, conocido más comúnmente como Tratado ABM, limitara el despliegue de esos “escudos” únicamente a dos áreas en cada país y no a la totalidad de los respectivos territorios; con un radio de acción de alcance limitado; y con un determinado número de lanzadores. En el año 1974, durante la década de la “distensión”, Estados Unidos y la Unión Soviética acordaron limitar las áreas “protegidas” a solo una en cada país. Tal era la relevancia y pertinencia que se le concedía al Tratado ABM.

La idea del escudo antimisiles, sin embargo, reapareció repentinamente con mucha fuerza y gran publicidad en los Estados Unidos el 23 de marzo de 1983, cuando el entonces presidente Ronald Reagan, anunció en la televisión de su país su “Iniciativa de Defensa Estratégica”, conocida comúnmente como “guerra de las galaxias” que, en su esencia, planteó la creación de un gran paraguas nuclear, capaz de detectar y destruir todos los misiles dirigidos hacia cualquier parte del territorio norteamericano.

Consecuencia inmediata de esta propuesta fue el incremento del presupuesto militar de los Estados Unidos que, con el pretexto de la investigación y el desarrollo, engrosó considerablemente las arcas de grandes empresas norteamericanas vinculadas al sector. Desde el punto de vista militar, la iniciativa, que pronto concitó el rechazo de amplios sectores en todo el mundo, suponía un cambio radical de estrategia en la política seguida por Estados Unidos frente a la Unión Soviética desde los inicios mismos de la guerra fría, pues su implementación acabaría con los fundamentos de la disuasión nuclear, que había prevalecido hasta ese momento en las relaciones soviético-norteamericanas, a fin de evitar el primer uso de las armas nucleares y la destrucción mutua asegurada (MAD). Esa destrucción mutua asegurada; y el interés en evitar el primer uso de armas nucleares por alguna de las partes, estuvieron en la raíz misma del Tratado ABM.

La “iniciativa” Reaganeana, que entre otras cosas contemplaba el desarrollo de bases espaciales y satelitales con rayos láser para interceptar los misiles adversarios en el espacio, fue muy criticada en su momento. En el año 1987, durante el segundo mandato de Reagan, apareció un estudio elaborado por un grupo de especialistas de la Sociedad Norteamericana de Física, que cuestionó su viabilidad.

Pero a pesar de todas las críticas recibidas, que incluyeron su elevado costo económico y las dudas sobre su real viabilidad; la idea de un escudo antimisiles continuó siendo explorada y desarrollada por sucesivos gobiernos en los Estados Unidos. En su discurso sobre el estado de la Unión, en 1991; en un escenario en el que ya se había previsto el desmembramiento de la Unión Soviética, el presidente George H. W. Bush la retomó con ciertas innovaciones.

Es en ese contexto que apareció la Protección Global Contra Ataques Limitados, (GPALS), que significó un cambio en la concepción del escudo antimisiles, al abogar no por un sistema que protegiera a todo el territorio de los Estados Unidos, lo que estaba prohibido según el Tratado ABM, sino por un sistema defensivo limitado a un determinado teatro y con un número también limitado de interceptores. Se consideraba que, al desmembrarse la Unión Soviética, ningún Estado tendría en sus arsenales grandes cantidades de armas nucleares, capaces de un ataque masivo contra el territorio norteamericano, por lo que el número de misiles a interceptar eventualmente, provenientes quizás ahora de los que Estados Unidos calificaba como Estados “renegados”, sería mucho menor.

En el año 1993, durante el gobierno del presidente William Clinton, en Estados Unidos se mantuvo la brega hacia el escudo antimisiles. La Organización para la Iniciativa de Defensa Estratégica (SDIO), que había sido establecida en 1984 bajo la administración de Ronald Reagan, fue transformada en Organización para la Defensa contra Misiles balísticos (BMDO) que, en línea con la nueva concepción del ex presidente Bush, se concentró en un sistema más limitado; y no necesariamente dirigido a proteger todo el territorio de los Estados Unidos de una vez.

En enero de 1999, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley de Defensa Nacional contra Misiles (Nacional Missile Defense Act), en cuya sección segunda se establece claramente la política a seguir en materia de defensa contra misiles:  ”La política de los Estados Unidos es la de desplegar, tan pronto como sea tecnológicamente posible, un Sistema Nacional de Defensa contra Misiles  efectivo, capaz de defender el territorio de los Estados Unidos contra ataques limitados con misiles balísticos (sea de forma accidental, no autorizada o deliberada)”

Esa ley se convirtió en un instrumento formidable para los sectores que en el congreso norteamericano abogaban por acelerar los trabajos dirigidos al establecimiento de un escudo antimisiles. A partir de su aprobación, la ley fue utilizada en muchas ocasiones como muestra del interés “bipartidista” en el tema, con el objetivo de promover apoyo al mismo.

La Ley de Defensa Nacional contra Misiles de 1999 fue un claro y determinante paso hacia la salida de Estados Unidos del Tratado ABM. Es más, como señalara un investigador de estos temas, los Estados Unidos se apuraron en desplegar sus defensas contra la amenaza de ataques con misiles balísticos intercontinentales por parte de Estados “renegados”, aún antes de que esa amenaza se materializara y antes de que esos sistemas se hubiesen ensayado. Esas acciones, según se ha considerado, costó a Estados Unidos gastos considerables y pérdida de otras oportunidades.

El presidente George W. Bush, quien a pesar de haber obtenido menos votos populares que su contrincante demócrata, se hizo de la presidencia de Estados Unidos en el año 2000 gracias a las mañas de la mafia terrorista de origen cubano que mora en el sur de la Florida, continuó dando pasos acelerados hacia el escudo antimisiles, incluso con una participación más activa de sus aliados de la OTAN. Fue a principios de su gestión que Estados Unidos abandonó el Tratado ABM, lo que dejó a ese país con las manos libres para concretar las ideas que venían siendo diseñadas desde mucho antes, así como para ensayar los sistemas antimisiles tanto en solitario, como de conjunto con otros aliados

De manera que los esfuerzos dirigidos hacia el desarrollo de un escudo antimisiles por parte de Estados Unidos, incluida la investigación y el ensayo de sus componentes, siempre estuvieron presentes en todo el período de posguerra y no se detuvieron luego del desmembramiento de la Unión Soviética y la desaparición del Pacto de Varsovia.

En el período del presidente George W. Bush, Estados Unidos fue particularmente agresivo en este tema, en forma solo comparable con el período en que Ronald Reagan fue presidente. El propósito declarado, ahora como entonces, era la intercepción de los misiles enemigos antes de que alcanzaran su objetivo. No importaba que desde hacia diez años no existieran la Unión Soviética ni el Pacto de Varsovia; ni que se considerara finalizada ya la guerra fría; ni que las pretendidas justificaciones a las que se echaba mano no fueran convincentes. Lo importante era mantener la superioridad militar norteamericana y el mundo unipolar al que se había arribado en la confluencia de los dos últimos decenios del Siglo XX, costara lo que costara.

Ahí está la esencia de la renuncia de Estados Unidos al tratado ABM, firmado treinta años antes, que impedía el desarrollo de ese tipo de programa, pues no solo regulaba su despliegue, sino que comprometía a las partes a no crearlos, ensayarlos ni desplegarlos. Con la denuncia de ese tratado en el año 2002, Estados Unidos quitó del camino un obstáculo formidable a sus planes armamentistas; y para el quinquenio 2004 - 2009, el Pentágono había previsto ya 59 mil millones de dólares en su presupuesto con esos fines.

Con el establecimiento de un sistema de defensa antimisiles lo que Estados Unidos busca, en realidad, es mantener una superioridad militar absoluta, en línea con los postulados del Informe Guía de Planificación de la Defensa, redactado luego del desmembramiento de la Unión Soviética, en el que se abogó por la dominación militar en todo el mundo mediante el incremento de la superioridad norteamericana. Se basa  para ello en los enormes recursos financieros y materiales propios y en los de sus aliados; y en la capacidad científico-técnica desarrollada por el Complejo Militar Industrial desde los inicios de la carrera armamentista.

Independientemente de los pretextos a que se recurra, el objetivo verdadero del “escudo antimisiles” es imponerse sobre los países que puedan ser capaces de acabar con el actual orden unipolar, en particular Rusia y China, puntales fundamentales en la Organización de Cooperación de Shangai, que representa un formidable desafío al orden internacional unipolar.

Son los anhelos de dominación y hegemonía, unidos a los intereses económicos y financieros de poderosas empresas, los que están en la base misma del desarrollo y sofisticación de los armamentos, incluido el sistema de defensa antimisiles, que constituye un fuerte estímulo para una nueva espiral en la carrera armamentista.  En el actual orden internacional unipolar; el escudo antimisiles, precisamente por estar diseñado para intersectar y destruir en pleno vuelo los misiles de un enemigo potencial, gana relevancia como arma de primer golpe nuclear, pues Estados Unidos podría sentirse impune, como nunca antes, para realizar un ataque de ese tipo contra otro país.

Rusia y China han rechazado, en más de una ocasión, los planes dirigidos a desarrollar y expandir a varias regiones del mundo el escudo antimisiles, por los peligros que entraña para la paz y la seguridad internacionales; pero Estados Unidos y sus aliados se muestran dispuestos a seguir adelante con esa aberración. De ahí que la insistencia en el desarrollo del escudo antimisiles podría arrastrar al mundo a una nueva espiral en la carrera armamentista, con todas sus negativas consecuencias en varias esferas.

Precisamente por eso hay cada vez más países que, a pesar de enfrentar grandes dificultades económicas, no parecen estar dispuestos a aceptar por mucho más tiempo la hegemonía norteamericana. Son países que comienzan a actuar en el escenario internacional con mayor determinación e independencia; y que levantan sus voces con fuerza para oponerse a los planes militaristas de Estados Unidos.

También contra esos países y las posiciones que sostienen en el ámbito internacional, aún cuando muchos de ellos no poseen la capacidad de producir armas nucleares, está dirigido el escudo antimisiles. Se trata, en el fondo, de un esfuerzo más por mantener el actual orden unipolar, cuando comienzan a cuajar las condiciones para cambiarlo.

De ahí que el presupuesto del Departamento de Defensa de Estados Unidos aprobado para el 2012 alcance la astronómica cifra de 662 mil millones de dólares; es decir, casi la mitad de la suma total de los presupuestos militares de todos los países del mundo. Oponerse al escudo antimisiles es oponerse, en consecuencia, a la carrera armamentista, al mantenimiento del orden unipolar vigente, y al aumento de los peligros de que estalle una guerra que, por sus características y alcance, podría convertirse en nuclear.

*Pedro Núñez Mosquera es el Embajador de Cuba ante las Naciones Unidas.