Las contradicciones entre grupos de poder en Estados Unidos sobre los fondos propuestos para atacar a la Revolución cubana desnudan hoy la política injerencista hacia la isla.

El pasado 1 de abril, el senador demócrata estadounidense John Kerry dijo que se opondría a la aprobación de un presupuesto de 20 millones de dólares presentado por el Gobierno para promover acciones desestabilizadoras contra Cuba.

Kerry, presidente de la influyente comisión de Relaciones Exteriores del Senado, pidió una revisión completa de los programas que costaron a los contribuyentes estadounidenses más de 150 millones de dólares y que -en su opinión-, solo sirvieron para provocar al gobierno cubano.

Tales recursos irían a las arcas de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), subordinada al Departamento de Estado.

En aquella ocasión esa agencia utilizó a la empresa Development Alternatives (DAI) para distribuir material a grupúsculos contrarrevolucionarios en Cuba, como resultado de lo cual fue arrestado Alan Gross, empleado de la firma.

La justicia cubana impuso una sanción de 15 años de privación de libertad al reo por el delito de actos contra la independencia o integridad territorial del Estado.

Después de conocida esta posición del senador por Massachussets, tienen lugar "fuertes choques personales y políticos" sobre el tema, según describen medios de prensa estadounidenses.

Como resultado de las presiones de grupos anticubanos, Kerry está ofreciéndose a levantar la suspensión que impuso a los fondos el 1 de abril si se disminuye la cantidad a 15 millones, lo que levantó contradicciones con su colega en el Senado, Robert Menéndez, abanderado de la línea dura contra la isla.

La información aparece reseñada ampliamente en las páginas del diario El Nuevo Herald que menciona una nota enviada el viernes último por el personal de Kerry al Departamento de Estado.

El rotativo indica que el vocero de la comisión, Fred Jones, no quiso hacer comentarios sobre el texto, pero aseguró que siguen las discusiones con la administración en "un esfuerzo por asegurar que estos programas sean efectivos y cumplan con objetivos reales".

En una nota al Departamento de Estado poco después de boquear los fondos, Kerry formuló 13 preguntas, entre las que destaca, que "investigadores federales pongan sus ojos en posibles alegaciones de fraude en los programas".

Durante años el uso de los fondos para intentar desestabilizar a Cuba causó suspicacia entre sus críticos, quienes se quejan en privado del mal uso generalizado del dinero en los últimos tiempos, sostiene el Herald.