Organizaciones políticas, sociales y de solidaridad suizas expresaron hoy su respaldo a Cuba frente a la injerencia extranjera, los planes desestabilizadores y el bloqueo económico, comercial y financiero estadounidense.

La Asociación Suiza-Cuba sección Tesino emitió un comunicado en solidaridad con la isla caribeña, al cual se sumaron Alba Suiza, MediCuba, la Asociación de Cubanos Residentes en Suiza y Liechtenstein, Allende Vive, Chajra Runaj Masis, ForumAlternativo, el Partito Comunista y el Partito Operaio e Popolare.
 
Desde Suiza denunciamos la puesta en marcha de operaciones de desestabilización promovidas por el gobierno de Estados Unidos y sus agencias de espionaje, así como de una avalancha de noticias falsas difundidas por diversos medios de comunicación internacionales, señaló en el texto firmado por su presidenta Ximena Calanchina.
 
De acuerdo con la asociación, la nación antillana se encuentra en estos días bajo la mayor y más compleja operación de guerra cultural y mediática diseñada y maniobrada por la CIA, que favorece una contrarrevolución de nuevo tipo, criterio emitido en alusión a las convocatorias a realizar protestas dirigidas a sembrar caos y violencia, disfrazadas de manifestaciones pacíficas.
 
Por tanto, condenamos la quinta columna mercenaria promovida por Estados Unidos y su supuesta marcha cívica del 15 de noviembre, la cual es otro paso del golpe blando y del cambio de régimen, siguiendo guiones y manuales preestablecidos, advirtió.
 
La Asociación Suiza-Cuba sección Tesino alertó que los planes orquestados contra la isla ya se vieron antes en las llamadas “revoluciones de colores” y en las acciones desestabilizadoras contra Venezuela y Nicaragua.
 
En ese sentido, insistió en que las alegadas protestas pacíficas no son otra cosa que un acto subordinado a los intereses estadounidenses y su objetivo de aplastar a la Revolución Cubana.
 
El comunicado respaldado por diversas organizaciones en el país helvético recoge además del rechazo a la cruzada subversiva, el repudio al bloqueo que Washington impone a la mayor de las Antillas desde hace más de seis décadas, una política que califica de criminal.