Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército dePueblo (FARC-EP) y el Gobierno de esa nación concluyeron en Cuba otro ciclo del diálogo de paz, durante el cual continuaron avanzando en el tema de la participación política, segundo de la agenda pactada.
El 1 de julio último, ambas delegaciones iniciaron en el Palacio de Convenciones de La Habana el onceno capítulo de las conversaciones, que tienen a este país caribeño y a Noruega en el rol de garantes, mientras Venezuela y Chile fungen como acompañantes.
Al finalizar ese período el 9 de julio, el equipo de la insurgencia y los representantes de la administración del presidente Juan Manuel Santos divulgaron un comunicado conjunto, en el cual se refiere que cada parte presentó su visión general sobre el asunto actualmente en discusión.
Según el texto, las dos delegaciones comenzaron con el tópico de garantías para el ejercicio de la oposición, "como un elemento esencial para la construcción de un acuerdo final que contribuya a cimentar las bases de una paz estable y duradera y un fortalecimiento de la democracia".
Asimismo, intercambiaron propuestas sobre el primer subpunto: Derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general y, en particular, para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del Acuerdo Final.
MAYOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA
De acuerdo con el comunicado, ambos equipos escucharon la opinión de dos expertos en el tema de participación política, dentro de lo previsto en el Acuerdo General, y anunciaron que un nuevo ciclo de pláticas comenzará el próximo 22 de julio.
El período culminado dejó ver otras posiciones de parte del Gobierno y, especialmente, de las FARC-EP, que presentaron ante la prensa sus 11 propuestas mínimas para la reestructuración democrática del Estado y la reforma política, como parte de las discusiones en el asunto actual del programa.
La delegación insurgente abogó porque esa reestructuración, orientada hacia la mayor participación ciudadana, se acompañe del diseño de un cuarto poder: el Popular.
Tal poder, agregó la guerrilla, participará activamente, con capacidad decisoria y de incidencia real y material en los diferentes asuntos públicos, y cumplirá funciones de veeduría y control sobre las diferentes actuaciones del Estado.
Las FARC-EP propusieron, además, la creación del Consejo Nacional de la Participación Política y Social, conformado entre otros por representantes de los partidos políticos y los movimientos sociales.
Otras sugerencias aludieron al rediseño de los mecanismos de participación ciudadana y reforma a los procesos de descentralización, rediseño del orden jurídico-económico, y reconversión de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.
Asimismo, instaron a la consecución de una reforma democrática a la justicia, la elección popular de los representantes de los organismos de control y de otras instituciones públicas, y la reforma política democrática y electoral.
Las FARC-EP reiteraron también su propuesta de aplazamiento del calendario electoral y de convocatoria a una Asamblea Constituyente, como vías para garantizar el éxito de las conversaciones de paz con la administración colombiana.
Precisamente, en la última jornada del onceno período el jefe del equipo guerrillero a las pláticas, Iván Márquez leyó un comunicado en el cual insistieron en la necesidad de una Asamblea Constituyente y consideraron que esta es "la llave de la paz".
"La retórica del poder contra la Constituyente debe ceder paso a planteamientos argumentativos que entreguen razones y no descalificaciones exclamativas", señaló el texto, al agregar que "es un despropósito hablar en términos peyorativos de refundación de la patria".
El Gobierno de ese país de Suramérica rechazó en varias ocasiones tal posibilidad y, por otro lado, refirió a principios de ciclo que para que haya participación de las FARC-EP en política son necesarias garantías de su parte de dejar las armas.
El jefe del equipo gubernamental, Humberto de la Calle, indicó que se requieren también garantías de parte del Estado, para su seguridad una vez ingresen a la vida civil y para que hagan oposición dentro de la legalidad.
Al respecto, el miembro de la delegación insurgente Pablo Catatumbo señaló en junio último que la guerrilla está dispuesta a dejar las armas en caso de solución política al conflicto, pero consideran una cuestión de principios entregarlas al gobierno de su país.
Las dos partes culminaron a finales de mayo último el tema de la agenda referido al desarrollo agrario y rural, con los primeros acuerdos que alcanzan ambas delegaciones desde que comenzó el diálogo de paz el 19 de noviembre pasado.
El programa de las conversaciones incluye, además de la cuestión agraria y la participación política, la atención a las víctimas, el problema del narcotráfico y el fin del conflicto armado.
La agenda suscrita cuenta igualmente con mecanismos de implementación, verificación y refrendación de los acuerdos que puedan alcanzarse.