La década del 50 de la vigésima centuria, emergió al mundo caracterizada por la puesta en práctica de la política de Guerra Fría, enarbolada por Estados Unidos al finalizar la segunda contienda bélica mundial con objetivos antidemocráticos, antiprogresistas y anticomunistas perfectamente definidos.
 
Producto de su  implementación, numerosos gobiernos y movimientos de corte izquierdista fueron aniquilados y la Unión Soviética quedó aislada en medio de un debate interno a consecuencia  de las influencias del stalinismo.
 
A nivel regional, con el arribo de las oleadas gélidas a  América Latina, se establecieron numerosas modernas tiranías: Fulgencio Batista en Cuba (marzo de 1952), Marcos Pérez Jiménez en Venezuela (enero de 1953), Gustavo Rojas Pinillas en Colombia (junio de 1953), y Alfredo Stroessner en Paraguay (mayo de 1954). A ellas se sumaron las de Manuel A. Odria en el Perú, Paul Magloire en Haití y las vetustas de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana y Anastasio Somoza en Nicaragua. Las libertades democráticas fueron barridas y se entronizó el terror y la represión.
 
Es en medio de este contexto que un grupo de jóvenes revolucionarios cubanos, procedentes de la denominada Generación del Centenario, encabezados por el abogado Fidel Castro Ruz, se lanzaron a la toma de la segunda fortaleza militar de la dictadura: el cuartel Moncada en Santiago de Cuba y a la realización de acciones de apoyo en otros lugares de la capital oriental y en el cuartel de Bayamo, con el objetivo de tomar las armas, llamar a la huelga general y movilizar a todo el pueblo. En el caso de que el plan fracasara, con las armas ocupadas, se   reiniciaría  la lucha armada en la zona montañosa de la región oriental.
 
Por diferentes factores, la operación militar fracasó y la tiranía desató contra los revolucionarios una feroz y sangrienta represión a la que se añadieron tres medidas adoptadas en la reunión convocada para el Consejo de Ministros y que complejizaron la situación en la Isla.
 
Estas fueron: la aprobación de la Ley-Decreto Número 989, en la que se disponía la suspensión de las garantías constitucionales en todo el territorio nacional por un término de 90 días; la aprobación de la Ley Número 997, que ponía en vigor la denominada Ley de Seguridad y la de Orden Público, en virtud de la cual quedaban suprimidos los derechos individuales del ciudadano y se sentaban las bases para justificar la actuación represiva de los cuerpos armados de la tiranía.
 
De esta manera  quedaban virtualmente suprimidos todos los derechos individuales de los ciudadanos y se sentaban las bases legales para justificar cualquier acción represiva.
 
Adicionalmente se estableció la censura de prensa, que se extendió a la radio, la ilegalización de partidos políticos, se impuso el fuero militar, inhibiendo a los fiscales de las audiencias el conocimiento de las causas contra los miembros de las fuerzas armadas, se acuartelaron efectivos en los cuarteles, se reforzó la vigilancia de los puentes y las entradas y salidas de la Carretera Central, en tanto los edificios y empresas de servicios públicos fueron custodiados por agentes del orden, y se interrumpieron las labores administrativas de la Universidad de La Habana por 72 horas, entre otras medidas.
 
Los jóvenes asesinados por las hordas batistianas, cuyos cadáveres mostraban evidencias de mutilación y torturas, sin poder ser reconocidos por sus familiares, fueron trasladados en un camión rastra al patio ‘N’ del Cementerio Santa Ifigenia, mientras el pueblo esperaba que se hiciera justicia por esos espantosos crímenes.
 
Las acciones desarrolladas el 26 de Julio de 1953 si bien trascendieron como un fracaso en el orden militar se convirtieron en una victoria política e iniciaron una nueva etapa en las luchas revolucionarias de nuestro pueblo; destacaron a Fidel como el líder indiscutible de la etapa revolucionaria que comenzaba, sirvió de antecedente a la gesta del Granma, de la Sierra y de la lucha clandestina. Obligó a la tiranía a mostrarse en su verdadera condición represiva y demostró que la lucha armada era la forma fundamental de lucha que la situación cubana demandaba.
 
La experiencia histórica nos ha permitido comprender que de haberse producido el éxito de la acción en ese momento, la tiranía contaba con suficientes fuerzas, medios y efectivos para neutralizar a esa pequeña tropa y desatar contra ella una represión sangrienta y desgastante, que hubiese prolongado por más tiempo el proceso de lucha revolucionaria.
 
Además, Estados Unidos, envalentonado con los éxitos de su política mundial recurriría a la intervención en los asuntos internos de la Isla, algo en lo que tenían suficiente práctica.
 
La estrategia del motor pequeño que echara a andar el motor grande había iniciado su arrancada.
 
Como señalara el destacado intelectual cubano Alejo Carpentier:
 
«Hay grandes acontecimientos que sólo se nos muestran en su cabal dimensión histórica cuando podemos considerarlos retrospectivamente en función de los hechos que de ellos derivaron.
 
«Entonces es cuando el acontecimiento se sitúa en el tiempo con todo el prestigio de su dinámica original y precursora, marcando el punto de partida de una trayectoria cumplida que, como tal, por proceso dialéctico, será siempre propulsora de acciones futuras, cada vez más abiertas sobre el vasto panorama de un ámbito perennemente acaecido por los sucesivos logros de sus aspiraciones fundamentales».