La intolerancia política de un imperio que vio fraguar una Revolución en sus narices ha crecido tanto –a la par de los 62 años que ya suma la resistencia heroica de Cuba– que, para atacarla, se inventa los más falaces y absurdos argumentos, como vincularla al terrorismo, un flagelo que el archipiélago no ha hecho sino padecerlo, a manos de terroristas confesos que han tenido financiamiento, logística y hasta inmunidad por parte del Gobierno de Estados Unidos. ¿Que sea preciso recordar el prontuario criminal contra Cuba? Nunca huelga, aunque bien lo conocen sus promotores del norte inmoral.
 
FRUSTRAR LA REVOLUCIÓN, A CUALQUIER COSTO
 
Uno de los primeros ataques terroristas contra la joven Revolución ocurrió el 21 de octubre de 1959. Ese día, el piloto traidor exiliado en Miami, Pedro Luis Díaz Lanz, quien había sido jefe de la Fuerza Aérea cubana, tripulando un bimotor b-25 bombardeó varios barrios habaneros, provocando 45 heridos y la muerte de dos personas.
 
El propio Díaz Lanz confirmaría luego su autoría. Con impunidad y protección de las autoridades estadounidenses había despegado desde Pompano Beach, Florida, sin que nadie se lo impidiera.

Comenzaba así la guerra terrorista contra Cuba, auspiciada por el Gobierno de Estados Unidos y concebida como política de Estado, plenamente comprobada y denunciada por la Mayor de las Antillas en foros internacionales.
 
En sus ataques han utilizado una gran variedad de acciones políticas, militares, económicas, biológicas, diplomáticas, sicológicas, propagandísticas, de espionaje y de sabotaje. También han organizado y apoyado logísticamente a bandas armadas, y han alentado la deserción y los intentos de liquidar físicamente a los líderes de la Revolución.
 
Son numerosos los documentos secretos desclasificados que así lo demuestran, y los millones de dólares que se aprueban anualmente para tal fin, cuya cifra aparece publicada en los medios de prensa como un presupuesto más del Gobierno yanqui, a espaldas de los contribuyentes, que desconocen su destino final.
 
En tal sentido, la Demanda del Pueblo de Cuba contra el Gobierno de Estados Unidos por daños humanos señala, en su primer Resultando, que «todas las acciones hostiles y agresivas ejecutadas por el Gobierno de Estados Unidos contra Cuba, desde el mismo triunfo de la Revolución hasta el presente, han causado enormes pérdidas materiales y humanas al pueblo, así como incalculable sufrimiento a los ciudadanos de este país, penurias ante la carencia de medicamentos, alimentos y otros medios indispensables para la vida».

De acuerdo con tal demanda, las pérdidas de vidas humanas alcanzaron la cifra de 3 478 y 2 099 personas resultaron discapacitadas con lesiones permanentes a su integridad física.
 
Uno de los atentados más sangrientos perpetrados por la cia fue la voladura del vapor La Coubre, en el puerto de La Habana, mientras se descargaban armas y municiones, el 4 de marzo de 1960.
 
En el siniestro murió más de un centenar de cubanos entre estibadores, trabajadores portuarios y miembros del Ejército Rebelde. La cifra de tripulantes franceses fallecidos ascendió a seis.
 
También debe recordarse que, cuando el Comandante en Jefe Fidel Castro asistió a la Cumbre Iberoamericana en la venezolana Isla de Margarita, el brazo militar de la organización contrarrevolucionaria Fundación Nacional Cubanoamericana intentó asesinarlo.
 
Varios de sus miembros fueron detenidos y, a bordo del yate La Esperanza, a nombre de Francisco «Pepe» Hernández, luego presidente de la Fundación, se encontró un fusil calibre 50 de su propiedad, capaz de perforar vehículos blindados. En diciembre de 1999 fueron absueltos.
 
Otro atentado terrorista que caló hondo en el pueblo resultó la explosión en pleno vuelo del avión de Cubana, en Barbados, donde perecieron 73 personas, entre pasajeros y tripulantes. Los autores intelectuales de esa vandálica acción fueron Orlando Bosch Ávila y Luis Posada Carriles (ambos fallecidos en libertad en la ciudad de Miami).
 
Estuvieron detenidos en Venezuela, hasta que la Fundación financió la libertad de Bosch y propició la fuga de Posada Carriles. Ellos cínicamente reconocieron la autoría del sabotaje, mientras se paseaban tranquilamente por las calles de Miami.
 
Al referirse al sabotaje, Fidel afirmó: «Seguramente los norteamericanos lo comprenderán mejor comparando la población de Cuba de hace 25 años con la de Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001. La muerte de 73 personas en un avión cubano hecho estallar en el aire, es lo que significaría para el pueblo de Estados Unidos que siete aviones de las líneas aéreas norteamericanas, con más de 300 pasajeros cada uno, fuesen destruidos en pleno vuelo el mismo día, a la misma hora, por una conspiración terrorista».
 
En 1997 explotaron varias bombas en hoteles de La Habana, y Cuba denunció que los culpables residían en Estados Unidos. El Departamento de Estado respondió que investigaría si Cuba proporcionaba información.
 
Se le entregó al fbi un abultado y secreto dossier en el que aparecía el nombre de Luis Posada Carriles como el instigador de los atentados. Pero nada se hizo para detener a los criminales. En cambio, la información proporcionada por el Gobierno cubano sirvió para perseguir, detener y procesar a los cubanos que protegían a su pueblo de formaciones terroristas en EE. UU.
 
Tres años más tarde, en noviembre de 2000, en ocasión de celebrarse en Panamá la Cumbre de los Pueblos, que sesionaba paralela a la 17ma. Cumbre de las Américas, y que tenía su sede en el Paraninfo de la Universidad de Panamá, los órganos de la Seguridad del Estado cubano descubrieron un plan terrorista para intentar asesinar a Fidel.
 
El diplomático Carlos Rafael Zamora, testigo de aquellos hechos, recordó: «La parte cubana entregó a la panameña un listado de los terroristas, sus alias y los tipos de pasaporte que podían utilizar para entrar al país. Allí aparecían todos los personajes que participaron en la planificación del atentado. Fui testigo de las conversaciones sostenidas con las autoridades de Panamá, en las que expresamos la preocupación de la delegación cubana frente a la presencia de los terroristas, y la amenaza que suponían para la seguridad del Comandante en Jefe y la comitiva».
 
Al llegar a Panamá, en una conferencia de prensa Fidel denunció los planes de los terroristas y proporcionó información para la captura de los mismos. Posada Carriles se hacía llamar Franco Rodríguez Mena, se alojaba en la habitación 310 del hotel Coral Suites, de Ciudad Panamá. Allí fue detenido. Los agentes cubanos habían neutralizado el ataque de los cuatro terroristas al Paraninfo de la Universidad, donde se ocultarían nueve kilogramos de explosivo c-4. Unas 2 000 personas se concentrarían en el lugar. Habría sido una verdadera masacre.
 
El Gobierno de la presidenta Mireya Moscoso, bajo presión nacional e internacional, tuvo que sancionar a los cuatro implicados, pero con unas penas casi simbólicas. De Miami llovían los mensajes de la Fundación para que los liberaran. Eso ocurrió el 26 de agosto de 2004. Un día antes de que la mandataria panameña entregara la presidencia, los indultó.
 
Dicen que Posada Carriles se llevó a la tumba muchos secretos. Uno de ellos era un grito de mil voces: fue un incondicional asesino terrorista al servicio de la cia.
 
Uno de los saldos de la política exterior de la administración de Donald Trump fue retomar la inclusión de Cuba en una lista espuria y unilateral en la que aparecen los nombres de los países que supuestamente consideran «patrocinadores del terrorismo».
 
La inmoralidad del Gobierno estadounidense es tal que, aun sabiendo el tamaño de la colosal infamia –un traje solo a la medida de su prepotente proceder–, se han pasado «de una mano a otra», como una herencia política, la misma ridícula acusación que ahora recicla el Gobierno de Biden, a sabiendas de que sirve de base para otras sanciones que no toman a Cuba por sorpresa, pues se alinean con el interés perpetuo de rendir a este país heroico.
 
No importa que ya sumen, en el fracasado intento, más de seis décadas. Vaya fiasco.