Cualquier persona medianamente informada comprende de inmediato que el edulcorado “Acuerdo complementario para la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos”, firmado el 30 de octubre y publicado en la tarde del 2 de noviembre, equivale a la anexión de Colombia a Estados Unidos.

El acuerdo pone en aprietos a teóricos y políticos. No es honesto guardar silencio ahora y hablar después sobre soberanía, democracia, derechos humanos, libertad de opinión y otras delicias, cuando un país es devorado por el imperio con la misma facilidad con que un lagarto captura una mosca. Se trata del pueblo colombiano, abnegado, trabajador y luchador. Busqué en el largo mamotreto una justificación digerible, y no vi razón alguna.

En 48 páginas de 21 líneas, cinco se dedican a filosofar sobre los antecedentes de la vergonzosa absorción que convierte a Colombia en territorio de ultramar. Todas se basan en los acuerdos suscritos con Estados Unidos después del asesinato del prestigioso líder progresista Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948, y la creación de la Organización de Estados Americanos, el 30 de abril de 1948, discutida por los Cancilleres del hemisferio, reunidos en Bogotá bajo la batuta de Estados Unidos los días trágicos en que la oligarquía colombiana tronchó la vida de aquel dirigente y desató la lucha armada en ese país.

El Acuerdo de Asistencia Militar entre la República de Colombia y los Estados Unidos, en abril de 1952;  el relacionado con “una Misión del Ejército, una Misión Naval y una Misión Aérea de las Fuerzas Militares de los Estados Unidos”, suscrito el 7 de octubre de 1974; la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, de 1988; la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, de 2000; la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad, de 2001, y la Carta Democrática Interamericana; la de Política de Defensa y Seguridad Democrática, y otras que se invocan en el citado documento. Ninguna justifica convertir un país de 1 141 748 kilómetros cuadrados, ubicado en el corazón de Suramérica, en base militar de Estados Unidos. Colombia posee 1,6 veces el territorio de Texas, segundo Estado de la Unión en extensión territorial, arrebatado a México, que después sirvió de base para conquistar a sangre y fuego más de la mitad de ese hermano país.

Por otro lado, han transcurrido ya 59 años desde que soldados colombianos fueron enviados a la distante Asia para combatir junto a las tropas yankis contra chinos y coreanos en octubre de 1950. Lo que el imperio pretende ahora es enviarlos a luchar contra sus hermanos venezolanos, ecuatorianos y otros pueblos bolivarianos y del ALBA, para aplastar la Revolución Venezolana, como trataron de hacer con la Revolución Cubana en abril de 1961.

Durante más de un año y medio, antes de la invasión, el gobierno yanki promovió, armó y utilizó las bandas contrarrevolucionarias del Escambray, como hoy utiliza a los paramilitares colombianos contra Venezuela.

Cuando el ataque de Girón, los B-26 yankis tripulados por mercenarios operaron desde Nicaragua, sus aviones de combate eran transportados hacia la zona de operaciones en un portaaviones, y los invasores de origen cubano que desembarcaron en aquel punto venían escoltados por buques de guerra y la infantería de marina de Estados Unidos. Hoy sus medios de guerra y sus tropas estarán en Colombia, no sólo como una amenaza para Venezuela sino para todos los Estados de Centro y Suramérica.

Es realmente cínico proclamar que el infame acuerdo es una necesidad de la lucha contra el tráfico de drogas y el terrorismo internacional. Cuba ha demostrado que no se necesitan tropas extranjeras para evitar el cultivo y el tráfico de drogas y mantener el orden interno, a pesar de que Estados Unidos, la potencia más poderosa de la tierra, promovió, financió y armó durante decenas de años las acciones terroristas contra la Revolución Cubana.

La paz interna es prerrogativa elemental de cada Estado;  la presencia de tropas yankis en cualquier país de América Latina con ese propósito es una descarada intervención extranjera en sus asuntos internos, que inevitablemente provocará el rechazo de su población.

La lectura del documento demuestra que no sólo las bases aéreas colombianas se ponen en manos de los yankis, sino también los aeropuertos civiles y en definitiva cualquier instalación útil a sus fuerzas armadas. El espacio radioeléctrico queda también a disposición de ese país portador de otra cultura y otros intereses que nada tienen que ver con los de la población colombiana.

Las Fuerzas Armadas norteamericanas disfrutarán de prerrogativas excepcionales.

En cualquier parte de Colombia los ocupantes pueden cometer delitos contra las familias, los bienes y las leyes colombianas, sin tener que responder ante las autoridades del país; a no pocos lugares llevaron los escándalos y las enfermedades, como hicieron con la base militar de Palmerola, en Honduras. En Cuba, cuando visitaban la neocolonia, se sentaron a horcajadas sobre el cuello de la estatua de José Martí, en el Parque Central de la Capital. La limitación relacionada con el número total de soldados puede ser modificada por solicitud de Estados Unidos, sin restricción alguna. Los portaaviones y barcos de guerra que visiten las bases navales concedidas llevarán cuantos tripulantes requieran, y pueden ser miles en uno solo de sus grandes portaaviones.

El Acuerdo se extenderá por períodos sucesivos de 10 años, y nadie puede modificarlo sino al final de cada período, advirtiéndolo un año antes. ¿Qué hará Estados Unidos si un gobierno como el de Johnson, Nixon, Reagan, Bush padre o Bush hijo y otros similares, recibe la solicitud de abandonar Colombia? Los yankis fueron capaces de derrocar decenas de gobiernos en nuestro hemisferio. ¿Cuánto duraría un gobierno en Colombia si anunciara tales propósitos?

Los políticos de América Latina tienen ahora ante sí un delicado problema: el deber elemental de explicar sus puntos de vista sobre el documento de anexión. Comprendo que lo que ocurre en este instante decisivo de Honduras ocupe la atención de los medios de divulgación y los Ministros de Relaciones Exteriores de este hemisferio, pero el gravísimo y trascendente problema que tiene lugar en Colombia no puede pasar inadvertido por los gobiernos latinoamericanos.

No albergo la menor duda sobre la reacción de los pueblos; sentirán el puñal que se clava en lo más profundo de sus sentimientos, en especial el de Colombia: ¡se opondrán, jamás se resignarán a tal infamia!

El mundo enfrenta hoy graves y urgentes problemas. El cambio climático amenaza a toda la humanidad. Líderes de Europa casi imploran de rodillas algún acuerdo en Copenhague que evite la catástrofe. Presentan como realidad que en la Cumbre no se alcanzará el objetivo de un convenio que reduzca drásticamente la emisión de gases de efecto invernadero. Prometen proseguir la lucha por alcanzarlo antes de 2012; existe riesgo real de que no pueda lograrse antes de que sea demasiado tarde.
Los países del Tercer Mundo reclaman con razón a los más desarrollados y ricos cientos de miles de millones de dólares anuales para costear los gastos de la batalla climática.

¿Tiene algún sentido que el gobierno de Estados Unidos invierta tiempo y dinero en construir bases militares en Colombia para imponer a nuestros pueblos su odiosa tiranía? Por ese camino, si un desastre amenaza al mundo, un desastre mayor y más rápido amenaza al imperio, y todo sería consecuencia del mismo sistema de explotación y saqueo del planeta.



Fidel Castro Ruz
Noviembre 6 de 2009
10 y 39 a.m.