La vigencia hoy de las más de 240 medidas coercitivas impuestas por el gobierno de Donald Trump contra Cuba hacen parecer que la administración de Joe Biden carece de política propia hacia la nación caribeña.
 
Bajo el argumento de que Cuba no es prioridad persiste en la práctica el enfoque trumpista de perjudicar al máximo a la isla y sus habitantes, e interponer todos los obstáculos posibles a un encarrilamiento de los nexos bilaterales.
 
En ello está el recrudecimiento inédito del bloqueo aplicado hace más de 60 años, cuyos efectos causan pérdidas récord a Cuba.
 
Baste decir que del total de decisiones anticubanas de la era Trump, 55 de tales acciones fueron impuestas en tiempos de la Covid-19, lo cual ejemplifica la intención criminal de la política estadounidense vigente hoy.
 
Son parte del entramado del cerco que impacta en la vida de los cubanos y se confirma como el principal obstáculo para el desarrollo y la meta de alcanzar la prosperidad y bienestar.
 
El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos es la más larga afrenta sostenida en el tiempo contra los derechos humanos de un pueblo y constituye, por sus efectos, un crimen de lesa humanidad.
 
Así lo calificó el primer secretario del Patido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en el discurso de clausura del octavo congreso de esa organización, el 19 de abril último.
 
En la ocasión el también presidente de la República subrayó que junto a las medidas de Trump se suman los castigos resultantes de la reinclusión de su país en la 'espuria y arbitraria lista del Departamento de Estado sobre países que supuestamente patrocinan el terrorismo'.
 
'Se ha demorado mucho la decisión de retirar a Cuba de dicha lista, a pesar de que la administración precedente tomó tal decisión desconociendo todos los procedimientos internos para ello, opinó por su parte el exembajador de la nación antillana en Washington, José Ramón Cabañas, en reciente artículo publicado en Facebook.
 
Ningún funcionario estadounidense y ningún político de ese u otro país puede afirmar sin faltar a la verdad que Cuba patrocina el terrorismo, refutó a su vez Díaz-Canel y apostilló: 'Somos un país víctima del terrorismo, organizado, financiado y ejecutado en la mayoría de los casos desde los Estados Unidos'.
 
Sin dudas Cuba sigue en el colimador del poderoso y vecino norteño y ante el costo humano de la invariable hostilidad hacia la isla antillana cabría preguntarse si el actual gobierno comparte la visión y el accionar de la administración trumpista contra La Habana.
 
Así lo cuestiona Cabañas, quien remarcó la permanencia de las acciones de Trump contra su país.
 
'Ninguna de estas ha sido rectificada y a la distancia de 100 días en la actual administración vale la pena preguntar si es que en última instancia se comparte la filosofía de dichas medidas', suscribió.
 
Y ello pone en el tapete otras preguntas sobre asuntos a reparar en la intención de recomponer las relaciones entre Washington y La Habana.
 
¿Por qué existen legislaciones como la Ley Torricelli o la Helms-Burton que pretenden controlar los destinos de Cuba e impedir sus vínculos comerciales con el mundo?
 
En tal sentido el máximo dirigente cubano inquiría en el congreso del PCC por qué Washington dedica 'cientos de millones de dólares a tratar de subvertir el orden constitucional de Cuba', si este país no resulta prioridad para Biden.
 
¿Qué justifica una guerra económica cruel e incesante durante más de 60 años? ¿Por qué pagan el precio del aislamiento internacional, evidenciado en las Naciones Unidas y en otros foros internacionales, al mantener una política moral y legalmente insostenible?, fueron otras interrogantes expresadas por el gobernante.
 
Las señales desde La Habana, por el contrario, estuvieron claras en la intención de retomar el camino de las relaciones sobre bases de igualdad, repeto mutuos y sin injerencias.
 
Es la posición del Partido y del Estado. Es la voluntad de nuestro pueblo, puntualizó en su discurso Díaz-Canel, quien además mencionó expresamente la disposición para cooperar con Estados Unidos en áreas que Washington declara como prioridades de su política exterior.
 
Resultan la lucha contra el cambio climático; el enfrentamiento a las amenazas a la salud, pandemia de la Covid-19 incluida; promoción de los derechos humanos; y los temas migratorios. Serían buenos pretextos para empezar, aunque hay otros igual de trascendentes en los que el gobierno de Joe Biden podría mostrar un cambio de actitud. En particular cuando crecen los llamados desde la sociedad civil estadounidense, el Congreso y otras instituciones para la revisión de la política hacia Cuba.