La administración del presidente estadounidense, Donald Trump, concreta hoy otra medida hostil contra Cuba con la activación del Título III de la Ley Helms-Burton, un acápite que recibe gran rechazo a nivel nacional y foráneo.
 
Con oídos sordos a los llamados de diversos sectores norteamericanos y de socios tradicionales de Washington como la Unión Europea (UE) y Canadá, el secretario norteamericano de Estado, Mike Pompeo, anunció el 17 de abril que a partir del 2 de mayo se pondría fin a las continuas suspensiones de ese acápite legislativo.
 
La controvertida Helms-Burton, que fue aprobada por el Congreso estadounidense en 1996, codifica el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington hace casi 60 años contra la isla y remarca el carácter extraterritorial de ese cerco.
 
Pese a su entrada en vigor en ese momento, todas las administraciones desde entonces suspendieron la aplicación del Título III, el cual permite a nacionales estadounidenses demandar a quienes 'trafiquen' con 'propiedades norteamericanas' en Cuba.
 
A través de tal mecanismo se da la posibilidad de promover una acción en las cortes norteamericanas contra personas y entidades, incluso de terceros países, que inviertan en el territorio cubano en propiedades nacionalizadas tras el triunfo de la Revolución el 1 de enero de 1959.
 
En lo que es visto como una contradicción con el derecho internacional, ese acápite otorga autoridad de reclamantes a cubanoamericanos que eran ciudadanos cubanos en el momento en que las propiedades fueron nacionalizadas.
 
La decisión de anteriores gobiernos de mantener suspendido ese título tuvo que ver con los perjuicios que implicaría para el propio Estados Unidos, cuyo sistema judicial podría tener que lidiar con gran cantidad de demandas, y para aliados de esta nación con inversiones en el país antillano.
 
Sin embargo, el actual ejecutivo, plegado a las presiones de acérrimos promotores de políticas anticubanas como el senador republicano Marco Rubio y el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, mostró desde enero pasado la intención de permitir por primera vez la activación del mencionado acápite.
 
Tras el anuncio de Pompeo de que se implementará a partir de este jueves, Cuba reiteró su enérgica oposición y ratificó que la Ley Helms-Burton es inaplicable, a partir de lo establecido en el ordenamiento jurídico de la isla.
 
A ello se sumaron las numerosas muestras de rechazo provenientes de organizaciones de cubanoamericanos, legisladores, grupos económicos, líderes religiosos y miembros de una red de solidaridad con la isla en Estados Unidos, que condenaron el impacto negativo de esa medida en el pueblo cubano.
 
Contra la activación del Título III también hubo mensajes de autoridades y organizaciones de la UE, Canadá, Rusia, China, Bélgica, México, Panamá, Ecuador, Nicaragua, entre otros países, así como de cubanos residentes en varias naciones.