La conciencia nacional cubana, forjada al calor de nuestro bregar independentista, también ha estado estrechamente ligada al quehacer jurídico, siempre fértil y comprometido. En Cuba, historia y legislación tienen múltiples vasos comunicantes.
 
De hecho, la celebración, el 8 de junio, del Día del trabajador jurídico, rinde homenaje a la fecha, pero de 1865, cuando el Mayor Ignacio Agramonte discutió su tesis de grado, para alcanzar la categoría de Licenciado en Derecho Civil y Canónigo.
 
Ese mismo binomio, que ha dejado su huella en el devenir emancipador de esta tierra, también se nutrió de la savia constituyente. Desde las constituciones mambisas hasta hoy, Cuba trazó (y sigue haciéndolo) el rumbo irrenunciable de la soberanía y la justicia, sobre la base del respeto a los derechos y garantías, que todavía continúa perfeccionando, a tono con los nuevos tiempos.
 
De Guáimaro, la primera Ley Suprema revolucionaria, nacida el 10 de abril de 1869, dijo el Comandante en Jefe que «...consagró definitivamente el derecho a la libertad de todos los cubanos (…)». Después vinieron otras, mediante las cuales podría contarse la historia del país, con sus pasajes gloriosos y tristes.
 
También fue Fidel quien, luego de los sucesos del Moncada, el 16 de octubre de 1953, convirtió su alegato La historia me absolverá en el programa político de la Revolución que recién iniciaba, y cuyo valor llega hasta nuestros días. Habló, según los testigos de la hazaña, durante dos horas, en las cuales denunció los hechos criminales cometidos contra sus compañeros y puso en jaque a la tiranía.
 
La Constitución de 2019, que recibió la aprobación de la mayoría de los cubanos, emergió superior a sus predecesoras, pues, con un enfoque moderno, consagró las conquistas y, a partir de ellas, delineó un horizonte de más democracia, de mayores derechos y de lucha continua por toda la justicia posible.
 
Desde su primer artículo, la Ley de Leyes define a Cuba como un «Estado socialista de derecho y justicia social, democrático, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos...». Y, en el cuarto postulado, se estableció el carácter «irrevocable del sistema socialista».
 
Que se determine, además, a la dignidad humana como «el valor supremo que sustenta el reconocimiento y ejercicio de los deberes y derechos consagrados en la Constitución», da fe del alcance de la Carta Magna y, sobre todo, del pueblo que la aprobó y defiende.
 
En los últimos tiempos, fortalecer la institucionalidad del país, robustecer todo su entramado legislativo y proveer a los ciudadanos de una verdadera cultura de la legalidad, han concentrado los mayores esfuerzos. Seguir trabajando por una sociedad cada vez más inclusiva, justa y participativa, que asuma el Derecho, siempre, al derecho, constituye, quizá, el mejor homenaje a la estirpe jurídica cubana.