Los “compromisos” de W. y sus artilugios anticubanos

El compadrazgo ultrarreaccionario del establishment yanqui con sus lacayos “cubano”-americanos alcanzaría su cenit, con la ascensión del nuevo mandatario norteamericano George W. Bush en enero del 2001, quien sin dilación se mostraría públicamente deseoso de saldar la deuda de gratitud contraída con la mafia anticubana residente en ese país, que tan crucial servicio le prestó amañando los resultados de los sufragios celebrados en el Estado de la Florida que determinarían su acceso a la Casa Blanca, poniendo entre sus prioridades en el entorno hemisférico el incremento sustancial de la actividad agresiva directa contra Cuba, acudiendo desde el chantaje político y económico a incontables naciones de la comunidad internacional hasta la promoción de proyectos legislativos dirigidos a financiar con cuantiosos recursos de los contribuyentes norteamericanos la subversión en el interior de la Isla.

A la infructuosa práctica diplomática estadounidense de los 90s desplegada por el mandato demócrata con relación a Cuba, se adicionaría la infausta ejecutoria de la actual administración republicana en ese imprescindible campo, dirigida insensata e improvisadamente a desacreditar el sistema político, económico y social cubano, para intentar “justificar” ante la sociedad norteamericana y la comunidad internacional, la persistente hostilidad del imperialismo yanqui y sus alentadas proyecciones agresivas contra la Revolución.

Sin embargo, a los actuales “hacedores” de la propuesta anticubana les resulta cada día más difícil desconocer el creciente consenso doméstico, no sólo popular sino también dentro de la propia estructura de poder estadounidense, sobre la necesidad de cambiar la obcecada y estéril política con relación a Cuba, donde la pujanza por la modificación del statu quo que caracterizó las tensas relaciones bilaterales desde 1959 es cada vez más intensa, percibiéndose incluso divergencias crecientes en las posiciones asumidas por diversos representantes de la clase dirigente, entre quienes persisten en los inútiles métodos tradicionalmente empleados y los que abogan por subvertir el proceso cubano valiéndose de métodos más sutiles, como la penetración ideológica a través del intercambio socioeconómico “abierto”, apreciándose también la actitud desprejuiciada y pragmática de importantes sectores que abogan por la despolitización de las relaciones entre ambas naciones en función de potenciar los intereses mutuos, que sin dudas terminarán imponiéndose por su meridiana racionalidad.

Un análisis independiente[1] realizado por una ONG norteamericana en el 2002, sostiene que EE.UU. pierde unos 4 800 millones de dólares anualmente como resultado del bloqueo económico a Cuba. Por otra parte una encuesta[2] realizada cuando se cumplía el año de los fatídicos sucesos del 11 de Septiembre, arrojó como resultado que el 53% de los estadounidenses pensaba entonces que la normalización de las relaciones con la Isla beneficiaría los intereses de su país, incluida la venta de medicinas y alimentos y la posibilidad de los norteamericanos de viajar sin restricciones de su gobierno a ese destino, contra un 34% que manifestó estar en desacuerdo, a la vez que un 13% no se pronunció. O sea, la mayoría de los norteamericanos encuestados se pronunció a favor de promover las relaciones bilaterales normales con un país, que el gobierno de EEUU incluye recurrentemente en su lista de naciones que auspician el terrorismo, lo que evidencia que pese a la manipulación permanente del tema por los grandes medios de difusión, comprometidos con implantar y preservar la matriz de opinión anticubana, el sentido común de una considerable parte del pueblo estadounidense rechaza esa farsa.

Independientemente de que W. Bush y su gobierno desconozcan el lógico, positivo y mayoritario reclamo de la sociedad norteamericana sobre Cuba, la verdad y justicia se impondrán lenta pero inexorablemente; tendencia que se aprecia con la creación de grupos parlamentarios en ambas cámaras del Congreso, donde crece pese a obstáculos interpuestos, el consenso bipartidista acerca de la necesidad imperiosa de cambiar la fracasada política imperial con relación a la Isla, quienes han promovido diversas iniciativas legislativas en ese sentido, que obtuvieron en varios proyectos respaldo tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, aunque fueran abortadas ulteriormente mediante el empleo de “democráticos” subterfugios seudo-legales, diseñados oportunamente por los neoconservadores para ignorar “soberanamente” la opinión del pueblo estadounidense y también la de sus representantes en el poder legislativo de la nación.

En los albores del Tercer Milenio la carencia de argumentos sostenibles para mantener y alimentar el prolongado diferendo entre EE.UU. y Cuba, indujo a los ultraconservadores yanquis y a sus lacayos cubanoamericanos, a urdir y potenciar nuevos pretextos y escenarios de confrontación que les permitieran denostar a la Revolución Cubana e incluso allanar el camino para propiciar una eventual agresión militar contra la Isla, intentando a toda costa desacreditar el prestigio alcanzado por el país en el ámbito internacional y especialmente ante importantes sectores de la opinión pública estadounidense, pretendiendo a la vez desvirtuar sus reiteradas denuncias sobre la connivencia de esas facciones extremistas con grupos y elementos terroristas de origen cubano que aún operan contra Cuba desde territorio norteamericano.

En diciembre del año 2000, meses antes de los sendos atentados perpetrados contra el World Trade Center y el Pentágono, cuando Estados Unidos se encontraba inmerso en el dilema de legitimidad política generado por el anómalo proceso electoral entonces en curso, que después de semanas de efectuado el sufragio aún no definía quién sería el nuevo Presidente de la nación, Cuba no sólo apoyaba decididamente en el seno de la ONU la aprobación de la resolución presentada y aprobada por su Asamblea General sobre el tema 164 “Medidas para eliminar el terrorismo internacional”[3], sino que señalaba además la necesidad de que ese magno órgano ejerciera plenamente sus funciones en la adopción de medidas eficaces y enérgicas en la lucha contra el terrorismo internacional, abogando por la formulación a dicha instancia de una definición precisa del delito de terrorismo e instando a la celebración de una Conferencia de Alto Nivel sobre el tema.

La posición de la Isla contra ese flagelo se resumía en un párrafo esencial de su declaración: “Cuba desea reiterar su enérgica condena a todos los actos, métodos y prácticas de terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, dondequiera y por quienquiera que sean cometidos, incluido el terrorismo de Estado o el alentado o tolerado por los Estados”, patentizando además que “siempre nos opondremos al doble rasero y a la manipulación política del tema mediante expresiones selectivas y discriminatorias de supuesta condena”, a la vez que denunciaba contundentemente las fuertes presiones ejercidas por el gobierno norteamericano sobre el de Panamá para impedir la extradición hacia a Cuba de cuatro notorios terroristas anticubanos, entre los que se encontraba Luis Posada Carriles, detenidos por las autoridades panameñas el 17 de noviembre del 2000, precisamente cuando intentaban una vez más asesinar al Presidente de Cuba aprovechando su participación en la Cumbre Iberoamericana que se celebraba en esos días en el país istmeño, planes que fueron desarticulados gracias a la oportuna denuncia cubana ante los medios de comunicación que cubrían el importante evento.

A las autoridades yanquis no les alarmó entonces que el proyecto genocida previera volar el Paraninfo universitario con más de mil personas dentro, que participarían en un encuentro amistoso con el máximo líder cubano, para lo que habían introducido ilegalmente en esa nación gran cantidad de explosivos de alto poder, pero en modo alguno les conviene, especialmente después de los lamentables sucesos del 11 de Setiembre, que salga a relucir en toda su magnitud durante un proceso justo desarrollado en Cuba, en Venezuela, o en un país que se considere totalmente neutral por las partes involucradas, a cargo de un tribunal internacional como propuso la Isla, los brutales y múltiples actos de terror cometidos por esos elementos durante décadas contra el pueblo cubano, cuyas siniestras acciones han causado también perdidas humanas y materiales a otras 28 naciones del orbe, incluido los EEUU, pues evidenciaría en plena campaña imperial “anti”-terrorista la absoluta responsabilidad histórica de diversas administraciones estadounidenses en la promoción del abominable Terrorismo de Estado.

Por otra parte la llamada clase política yanqui, haciendo gala de su proverbial cinismo, se valió del poderoso monopolio “informativo” de que dispone, pretendiendo infructuosamente vincular a la Isla con el terrorismo cibernético, cuando a escasos días de la toma de posesión de W. Bush importantes representantes del espionaje estadounidense, entre los que se que se destacó George Tenet, entonces Director de la CIA de la administración demócrata de Clinton, tradicionalmente reacio a comparecer ante los medios de comunicación, “casualmente” aceptó junto a su entonces homólogo de la DIA, hacer enigmáticas declaraciones sobre un tema presuntamente “reservado” abordado durante una audiencia en la que habían comparecido ante el Comité Selecto de Inteligencia del Senado, donde refirieron haber planteado la insólita “tesis” de que Cuba representaba una “amenaza asimétrica” para la Seguridad Nacional de los Estados Unidos[4], argumentando que contaba con la capacidad para desatar ataques cibernéticos contra la “infraestructura crítica” de la superpotencia, lo que obviamente pretendió predisponer contra la Isla a una sociedad altamente informatizada, cuyos soportes y servicios fundamentales dependen de esa tecnología.

Las tendenciosas declaraciones lógicamente respondieron a las nuevas proyecciones belicistas y los compromisos adquiridos con el recién investido presidente ultraconservador, quien “curiosamente” ratificaría en su cargo al Director Central de Inteligencia, peculiar adquisición republicana cuyo único precedente se remonta tres décadas atrás, cuando Richard Helms, precursor del terrorismo anticubano, fuera reafirmado como Director de la CIA por Nixon, después de desempeñar similares funciones durante el gobierno del demócrata Lindon Johnson.

Lo que no dijeron entonces los referidos representantes de la Comunidad de Inteligencia estadounidense, es que sus instituciones también fueron pioneras desarrollando esa novedosa y no menos lesiva modalidad de terrorismo. En junio de 1995 la Universidad Nacional de la Defensa graduó a sus primeros 16 especialistas en “Guerra Informática”, instruidos en emplear como escenario bélico virtual, las bondades innegables de las Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones (TICs), especialmente la muy recurrida autopista mundial de la información conocida como INTERNET, resultante “casual” de un importante proyecto castrense nombrado ARPANET[5], que se fortalecerá con su versión II sostenida en una eficiente pero costosa red de banda ancha, que potenciará exponencialmente sus posibilidades en todos los campos, incluyendo lógicamente el Ciberterrorismo de Estado, auspiciado por quienes han dotado a su poderosa maquinaria bélica de capacidades ofensivas en este novedoso y no menos lesivo escenario.

Con el ánimo de caldear las tensas relaciones bilaterales, en los meses sucesivos la recién estrenada administración trataría de agregar al dossier de pretextos hostiles contra la Isla la supuesta compra de armas a China, pero los intentos más macabros por urdir una provocación que identificara a Cuba como un potencial blanco priorizado de agresión militar norteamericana, fueron articulados por la ultraderecha en el poder aprovechándose miserablemente del terror generado en la sociedad estadounidense como resultado de los cruentos sucesos del 11-S, cuando personeros de esa facción extremista como John Bolton y Dan Fisk pretendieron fundamentar con burdas mentiras las tesis de que Cuba estaba desarrollando un programa de producción de armas biológicas y transfiriendo tales tecnologías a países considerados terroristas por los EEUU y que el gobierno cubano valiéndose de su aparato de seguridad, mediante el empleo de la desinformación, obstaculizaba los esfuerzos de los servicios especiales norteamericanos en el enfrentamiento al terrorismo, todo lo que fue contundentemente desmentido por la oportuna y transparente respuesta del gobierno cubano.

En esencia, la intencionalidad anticubana y la elaboración de pretextos para la consecución de sus fines imperiales en la Isla, ha sido una constante a lo largo de la historia, desde la auto-voladura del acorazado Maine en 1898 que les posibilitó inmiscuirse en la guerra hispanocubana, privar de la independencia y hacerse del control del país, hasta el deceso en 1959 de la seudo-república implantada por el imberbe imperio en la infausta fecha del 20 de mayo de 1902, transitando por disímiles actos y planes terroristas contra la Revolución, incluido el ilustrativo listado de subterfugios meticulosamente diseñados en 1962 por los estrategas del Pentágono, presuntos responsables de “velar” por la “Seguridad Nacional” estadounidense, quienes cegados por la contundente derrota sufrida en Girón pretendían urdir tenebrosas provocaciones para inculpar al gobierno revolucionario cubano, con el calculado propósito de promover una nueva agresión militar que les permitiera recuperar el control de la mayor de las Antillas, entre los que proponían organizar auto-ataques dentro de los Estados Unidos, volar instalaciones militares de su Base Naval en Guantánamo, hundir un navío o autodestruir en pleno vuelo sobre territorio cubano una aeronave de línea comercial norteamericana y bombardear países caribeños adjudicándole la autoría a las Fuerzas Armadas Revolucionarias[6].

Sus execrables métodos no tardaron en volverse en su  contra, deviniendo nefasto estímulo a elementos fanáticos como los que ejecutaron los terroríficos atentados del 11 de Septiembre contra el noble pero tradicionalmente manipulado pueblo estadounidense, blanco fundamental y perenne del terrorismo desinformativo orquestado por facciones ultraconservadoras, como las que hoy formulan el insulso “discurso” anticubano, dirigido a engañar a la opinión pública interna y externa, con la pretensión de enmascarar sus inveterados propósitos de anexarse la Isla y de extirpar el ejemplo de su indoblegable Revolución que arribó al nuevo milenio más fortalecida que nunca en todos los órdenes.