Entre los múltiples problemas estructurales que padeció la sociedad cubana antes de 1959, el de la tierra figuró como el más ignominioso. Mientras el campesinado criollo bregaba con la miseria en parcelas que nunca llegaban a ser suyas, los latifundistas azucareros y ganaderos tenían el monopolio del 75 por ciento de los mejores lotes, incluyendo más de un millón de hectáreas pertenecientes a firmas norteamericanas, muchas de las cuales permanecían insultantemente ociosas.
 
Tan injusto panorama fue denunciado por Fidel en su célebre alegato de defensa La historia me absolverá, en el juicio luego de los acontecimientos del cuartel Moncada. Reveló el Comandante en Jefe en aquella oportunidad:
 
«El 85 por ciento de los pequeños agricultores cubanos está pagando renta y vive bajo la perenne amenaza del desalojo de sus parcelas… En Oriente, que es la provincia más ancha, las tierras de la United Fruit Company y la West Indies unen la costa norte con la costa sur. Hay 200 000 familias campesinas que no tienen una vara de tierra donde sembrar unas viandas para sus hambrientos hijos y, en cambio, permanecen sin cultivar, en manos de poderosos intereses, cerca de 300 000 caballerías de tierras productivas… ¿Cómo es posible que continúe este estado de cosas?».
 
Cuando la lucha guerrillera en la Sierra Maestra le asestaba los últimos golpes a la dictadura moribunda, Fidel rubricó en el histórico lomerío oriental la Ley No. 3, que puso en vigor una Reforma Agraria en todas las zonas liberadas por el Ejército Rebelde. Establecía así en su Capítulo I:
 
«Se concede la propiedad de la tierra que cultivan a los arrendatarios, subarrendatarios, precaristas, subcolonos, colonos, aparceros y poseedores, en casos que ocupen parcelas de cinco o menos caballerías de tierra particular o del Estado, a ellos se les expedirá el título de propiedad sobre las mismas, con los requisitos establecidos en esta Ley».
 
Pero no fue hasta el 17 de mayo de 1959, ya con la tiranía descabezada, cuando el justo reclamo del Programa del Moncada alcanzó su mayor altura. Aquel día el Comandante en Jefe, al frente del Gobierno Revolucionario, firmó la Ley de Reforma Agraria en un humilde bohío de la antigua Comandancia de La Plata, rodeado de colaboradores, campesinos y periodistas.
Una legislación emancipadora
 
El propósito primigenio de esa Ley fue hacer dueños de la tierra a quienes la trabajaban y, además, eliminar para siempre los latifundios —los emporios yanquis del sector azucarero poseían por entonces más de 18 000 caballerías—, lo cual trazó el rumbo que seguiría nuestro naciente proceso en materia de soberanía y justicia social.
 
La reacción del Gobierno de Estados Unidos ante aquella legislación que, según sus conceptos, afectaba sus intereses económicos, fue inmediata y radicalizó las contradicciones históricas entre los dos países. Al socaire del conflicto arreciaron las campañas anticubanas desde su territorio y se sucedieron actos terroristas, como sabotajes y atentados.
 
Al referirse a aquel período, el General de Ejército Raúl Castro Ruz dijo en el homenaje al Comandante en Jefe en la Plaza de la Revolución, el 29 de noviembre de 2016, que «fue como cruzar el Rubicón», expresión que data de los tiempos del emperador romano Julio César y describe metafóricamente aquellas actitudes riesgosas que no tienen vuelta atrás.
 
La Ley de Reforma Agraria entró en vigor el 3 de junio de 1959. Su primer artículo prohibió el latifundio y fijó en 30 caballerías la extensión máxima de tierra que podían poseer tanto las personas jurídicas como las naturales. Quedaron exceptuadas aquellas fincas cañeras, ganaderas, arroceras o agropecuarias que demostraran altos índices de productividad y producción, aunque sin superar nunca las cien caballerías.
 
El artículo 15 de la Ley se formuló con tintes soberanos y devino suerte de fulminante nocao para los latifundistas extranjeros que soñaban con mantener su presencia monopólica en la Isla. El texto estableció que «la propiedad rústica solo podrá ser adquirida en lo sucesivo por ciudadanos cubanos o sociedades formadas por ciudadanos cubanos».
 
El equipo editorial de Fidel, Soldado de las Ideas, del portal Cubadebate, escribió en un sustancioso artículo: «La Ley de Reforma Agraria decidió la distribución de tierras a los campesinos no propietarios (arrendatarios, subcolonos, colonos, aparceros y precaristas) y así consolidó la pequeña propiedad agrícola, al eliminar, por primera vez en Cuba, los arrendamientos en dinero y en especias. Unas 200 000 familias campesinas fueron beneficiadas con la distribución de poco más de cinco millones de caballerías».
La ley y sus matices
 
Más de 100 000 campesinos recibieron sus títulos de propiedad gracias a la Ley de Reforma Agraria.
 
El Capítulo IV del flamante texto legislativo implantó en su artículo 48 una iniciativa de singular connotación para el futuro del país: «Se crea el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), como entidad autónoma y con personalidad jurídica propia para la aplicación y ejecución de esta Ley». Su primer presidente fue el mismo Fidel, y la dirección ejecutiva se le confió al Doctor Antonio Núñez Jiménez.
 
Con el respaldo de la Reforma Agraria —Fidel la llamó «la novia de la Revolución»—, el INRA nacionalizó enormes latifundios improductivos y los convirtió en nuevas granjas estatales que dieron empleo a obreros agrícolas. Quienes trabajaban como arrendatarios o aparceros recibieron títulos de propiedad, y a cada familia campesina se le asignaron para trabajarlas dos caballerías, eximidas del pago de renta.
 
El 3 de octubre de 1963 fue promulgada la Segunda Ley de Reforma Agraria, por circunstancias inherentes al momento histórico. Su articulado neutralizó los últimos vestigios de burguesía rural existentes. A la sazón se había agudizado en el país la lucha de clases y los terratenientes no afectados por la Primera Ley —los que quedaron con 30 caballerías o menos— se aliaron al Gobierno de Estados Unidos para intentar derrocar la Revolución. Esta vez se redujo a cinco caballerías el máximo de tierra en propiedad.
Después del INRA
 
El proceso de institucionalización que Cuba puso en práctica a partir de 1976 incluyó la creación de varios ministerios especializados, entre estos el de Agricultura, que en la práctica remplazó en sus funciones al INRA. Bajo su influjo aparecieron nuevas formas de producción cooperativa, como las sociedades agropecuarias o asociaciones campesinas.
 
Luego debutaron en el panorama rural las cooperativas de crédito y servicios (CCS) que, según la Ley 95/2002, «es la asociación voluntaria de agricultores pequeños que tienen la propiedad o el usufructo de sus respectivas tierras y demás medios de producción, así como sobre la producción que obtienen», y con la cual el Estado coopera en financiación, asistencia técnica y trámites para comercialización.
 
Tiempo después aparecieron las llamadas cooperativas de producción agropecuaria (CPA), en las cuales los propietarios de tierra y de medios de producción se unieron para producir colectivamente bajo el principio de la voluntariedad, y se convirtieron así en propietarios colectivos del patrimonio.
 
En los años 90, mediante el Decreto Ley No. 142 se abrieron paso las unidades básicas de producción Cooperativa (UBPC), entidades con personalidad jurídica propia y con fuerza de trabajo autónoma. Estas estructuras reciben bienes y tierras en usufructo indefinido por parte del Estado con el propósito de fomentar la producción. Así, gran cantidad de tierra estatal se integró a la forma de propiedad cooperativa.
Una mirada en la distancia
 
«El 17 de mayo de 1959 fue no solo el día de un gran acontecimiento, una gran revolución en la agricultura; fue el día de la independencia del país; el día en que empezamos a ser independientes», expresó Fidel en el acto central por el aniversario 35 de la ANAP y el 37 de la promulgación de la Ley de Reforma Agraria, efectuado en Ciego de Ávila en 1994.
 
Si la Primera Ley de Reforma Agraria marcó el inicio de la confrontación de la Revolución Cubana con Estados Unidos, estableció también un referente de soberanía cuyos postulados no pierden vigencia. La gente de campo lo sabe, y por eso siempre está a la altura de su tiempo.
 
Hoy nuestros campesinos se esfuerzan por incrementar sus producciones en condiciones complicadas. Propiciar alimentación al pueblo en esta difícil situación de la COVID-19 entraña ahora una tarea de alta prioridad en su quehacer en el surco. Esa es su manera de contribuir en un contexto que, entre todos, superaremos.