Los miembros del Movimiento Juvenil Martiano (MJM) y de la Sociedad Cultural José Martí (SCJM) calificaron hoy de prepotencia tiránica la aplicación de la Ley Helms-Burton de Estados Unidos contra Cuba.
 
'Cobardía, maldad, prepotencia tiránica, infamia, desfachatez, violación de los más elementales principios y normas de la convivencia internacional, se sintetizan en esta aberración jurídica', puntualiza una declaración de la MJM y la SCJM.
 
'Intentan arrebatarnos todo lo que hoy pertenece a nuestro pueblo, desmontar la obra de justicia social levantada por la Revolución durante 60 años y regresarnos a los tiempos coloniales', argumenta el texto.
 
Convocamos a un análisis profundo y riguroso de lo que Fidel bautizó como Ley de la esclavitud y a una denuncia radical de sus perversos objetivos, indicaron los miembros de ambas organizaciones.
 
Solicitamos a los artistas y escritores vinculados al MJM y a la SCJM que pongan todo su talento y creatividad al servicio de la verdad, de la dignidad, de la defensa de la Revolución, subraya el documento citado por el diario Juventud Rebelde.
 
La Ley Helms-Burton, en vigor desde 1996, codificó el bloqueo contra la mayor de las Antillas y fortaleció su alcance extraterritorial, y pretende internacionalizar dicha política por medio de medidas coercitivas contra terceros países, a fin de interrumpir sus relaciones de inversión y comerciales con Cuba y someter a esos Estados soberanos a la voluntad de la Casa Blanca.
 
Asimismo, busca anular el derecho soberano de un país a la nacionalización y expropiación de bienes de extranjeros y nacionales.
 
En cuanto al Título III de dicha ley plantea que los reclamantes de propiedades que fueron nacionalizadas o expropiadas en Cuba, incluyendo los que en ese momento no eran estadounidenses, deben ser protegidos y establece un grupo de normas para demandar ante tribunales de Estados Unidos.
 
El objetivo es asfixiar económicamente a la Revolución cubana y eliminar el socialismo, y de aplicarse cualquier cubano este vería cómo se presentan ante tribunales norteamericanos demandas por la propiedad de la vivienda que ocupan, el centro de trabajo donde laboran, la escuela a la que asisten sus hijos, el policlínico donde reciben atención médica y los terrenos sobre los que se edifican sus barrios.