No son solo palabras, ideas, principios esbozados en unos pliegos de papel, ni siquiera la definición como Ley Fundamental de nuestra República llega a resumir lo que significan los 137 artículos que recoge la Carta Magna cubana, porque hablar de la Constitución es hablar del Estado, de igualdad, de derechos, de democracia, de justicia social, de respeto a la dignidad plena del hombre...
 
La historia parlamentaria de Cuba nació con el clamor de las guerras independentistas, cuando en la manigua se integraron todas las fuerzas insurgentes de la Isla en un gobierno único, cuya primera decisión fue decretar precisamente la igualdad de todos los hombres.
 
De la Asamblea de Guáimaro, en abril de 1869, salió redactada la primera Constitución cubana puesta en vigor en el territorio, la cual reconocía que todos los habitantes eran enteramente libres; un precepto que no se abandonaría jamás y que se plasmó con igual ahínco en las otras tres constituciones que se proclamaron durante la gesta libertaria del siglo XIX: la Constitución de Baraguá (1878); la de Jimaguayú (1895); y la de La Yaya (1897).
 
Y así como difícil fue el camino transitado para lograr la definitiva soberanía del país, también lo fue forjar una Constitución que representara al pueblo, que se debiera a él y no a intereses particulares de una clase social o del gobierno..., todo confluía al unísono, porque la lucha revolucionaria era la única vía para lograr la absoluta independencia e instaurar esa República «con todos y para el bien de todos».
 
CUANDO LA LIBERTAD PLENA FUE TRUNCADA
 
Sería nuevamente necesario retomar las armas y que hombres de pueblo enfrentaran el oprobio del yugo –ya no español, pero sí a las órdenes de otra nación injerencista– para que aquella máxima de José Martí pudiera ser realmente una realidad. La intervención norteamericana en 1898 truncó nuestra soberanía, cuando teníamos casi la guerra ganada.
 
Ante las presiones del interventor, de sus amenazas, incluso de no abandonar el país, y de sus maniobras políticas, transcurrieron en 1901 los debates de los delegados a la Asamblea Constituyente de Cuba, quienes debían redactar y adoptar una Constitución para el país en el nuevo contexto, pero que reflejara muy puntualmente el carácter de las relaciones entre la Isla y Estados Unidos.
 
A pesar de la gallardía y la honradez de verdaderos independentistas que alzaron su voz radical como Juan Gualberto Gómez, Manuel Sanguily y Bartolomé Masó, por solo mencionar algunos, el 12 de junio de ese año se aprobó incorporar un apéndice a la Carta Magna:
 
la Enmienda Platt, un triste documento que no solo plasmó la condición dependiente y semicolonial que asumía el territorio, sino que amarraba de pies y manos a Cuba y la ponía a total disposición de su vecino del norte, para que este entrara e interviniera cada vez que lo considerase necesario.
 
El irrespeto a lo legalmente constituido, la posición de servidumbre y de represión a las masas fue una característica que marcó a los gobiernos de la Isla en las décadas posteriores. El dictador Gerardo Machado no dejó duda de ello cuando, a pesar de la fuerte oposición popular, promovió una reforma de la Constitución de 1901 con el objetivo de extender su mandato, que se aprobó en 1928.
 
No obstante, fue bajo la orden del presidente Mendieta, en 1934, cuando sucedieron las más rápidas y volubles reformas constitucionales, pero ninguna llegó a tener una trascendencia esencial, pues en su mayoría estaban encaminadas a brindar soluciones operacionales o a facilitar rejuegos políticos y electorales.
 
La Constitución de 1940, por otra parte, sí tenía un espíritu progresista, legado de las luchas revolucionarias de la década del 30. Su texto es el resultado histórico del proceso forjado desde los tiempos de Mella y el Directorio Estudiantil y la acción revolucionaria de Antonio Guiteras.
 
Es por ello que en sus artículos se reconoce el derecho de los obreros a la huelga y el trabajo como un derecho inalienable del hombre; en tanto, proscribió la discriminación racial, por motivo de sexo o color. Asimismo, esta nueva Carta Magna se pronunció por la educación general y gratuita, por la salud pública al alcance de todos y, además, declaró el sufragio universal, igualitario y secreto. Sin embargo, muchas de sus preceptivas quedaron para posteriores leyes que nunca llegaron a promulgarse, lo que hizo de ella una Constitución frustrada, llena de expectativas y esperanzas incumplidas.
 
El golpe de Estado de 1952 fue ejemplo de esa inoperatividad constitucional, pues aun cuando las elecciones estaban convocadas para el 1ro. de junio de ese año, el exgeneral Fulgencio Batista, contando con el apoyo de un grupo de oficiales de las fuerzas armadas y con el beneplácito del imperialismo, se introdujo en Columbia y rompió la frágil e indefensa estructura constitucional entonces existente.
 
PORQUE LA SOBERANÍA RESIDE EN EL PUEBLO
 
Si bien la Constitución de 1940 significó en su letra un paso de avance, los textos nunca lograron pasar del papel y trascender en hechos. Para hacerlos cumplir era necesario otra carga al machete. Y esa Revolución llegó en 1959.
 
Cuba escribiría entonces otro capítulo de su historia, colmado de transformaciones profundas y radicales que sacudieron los antiguos esquemas y dieron vitalidad a la nueva sociedad que iba conformándose. Para desenvolverse en esta coyuntura se requería de un aparato estatal ágil, operativo y eficaz, que ejerciera la representación del pueblo y que pudiese tomar decisiones sin muchas dilaciones.
 
Tal y como expresara Fidel Castro en el Primer Congreso del Partido: «La Revolución no se apresuró en dotar al país de formas estatales definitivas. No se trataba simplemente de cubrir un expediente sino de crear instituciones sólidas, bien meditadas y duraderas que respondieran a las realidades del país».
 
No obstante, se hacía impostergable sustituir la Ley Fundamental que había regido hasta entonces, fruto de numerosas adecuaciones al texto constitucional de 1940, y crear una nueva Carta Magna en correspondencia con los cambios ocurridos en la nación.
 
El anteproyecto de esa Constitución se puso en manos de la ciudadanía. En miles de centros de estudio y trabajo, unidades militares, misiones internacionalistas en el exterior..., fue analizado el texto. Después de concluir la consulta popular, el documento fue considerado finalmente en el Primer Congreso del Partido, y como resultado de las múltiples propuestas se modificaron el preámbulo y 60 de los 141 artículos del documento.
 
El 17 de febrero de 1976, en sesión extraordinaria del Consejo de Ministros, se conoció el resultado: la nueva Carta Magna había sido respaldada por más de cinco millones de cubanos, un 97,7 % de quienes acudieron a las urnas.
 
Posteriormente, con la constitución de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) el 2 de diciembre de 1976, la elección del Consejo de Estado, su presidente y vicepresidentes, y la designación del Consejo de Ministros, se fortaleció la esencia democrática de la Revolución al ponerse en marcha formas más efectivas de participación de los ciudadanos en los asuntos del país.
 
REFORMAS POSTERIORES
 
Con la experiencia acumulada en los primeros 15 años de funcionamiento del sistema del Poder Popular, y buscando perfeccionar y fortalecer nuestra democracia, los postulados de la Constitución fueron enriquecidos, en 1992, mediante una Ley de Reforma Constitucional que permitió hacer aquellos ajustes necesarios a nuestra economía para enfrentar el periodo especial.
 
Luego de un amplio debate con el pueblo promovido por el análisis del Llamamiento al IV Congreso del Partido, apareció, por ejemplo, la elección directa y secreta por parte de los ciudadanos de los diputados a la Asamblea Nacional y de los delegados a las asambleas provinciales del Poder Popular, y se flexibilizó el carácter de la propiedad sobre los medios de producción, y la dirección y control del comercio exterior.
 
Por otra parte, en el año 2002, ante los discursos hegemonistas y provocadores del entonces presidente estadounidense George W. Bush –reflejo del injerencismo en asuntos que solo a los cubanos compete decidir–, se sucedieron multitudinarias marchas populares a lo largo y ancho del país en respaldo al sistema y la forma de gobierno instaurados en Cuba.
 
A la par, también empezó una nueva reforma constitucional, un proceso plebiscitario popular sin precedentes, en el cual más de ocho millones de cubanos escribieron su nombre y apellidos y estamparon su firma, en clara expresión de unidad y de la inquebrantable decisión de defender su independencia y soberanía plenas.
 
Así se dejaba expresamente consignado, en nuestra Carta Magna, el carácter irrevocable del socialismo y del sistema político y social revolucionario por ella diseñado, y que las relaciones con cualquier otro Estado jamás serían negociadas bajo agresión o amenaza de una potencia extranjera.
 
Esa había sido la última reforma a nuestra Constitución. Hasta ahora. Las discusiones que sobrevengan luego de la actual sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional marcarán otro punto en la historia, acorde con las necesidades de la sociedad cubana en los nuevos tiempos, pero sin olvidar aquellos principios que definen la esencia del sistema en el cual creemos.