«En vuestras manos, señores magistrados del Tribunal de Cuentas, está intervenir los departamentos en que denuncio las prebendas, para cortar ese chorro de oro que alimenta al chorro de sangre fratricida que corre por las calles de la capital», dice el líder ortodoxo.

Dije que iba a vengar los oprobios que le hicieron a Eduardo Chibás, que haría morder muchas veces el fango a este régimen envilecido de gobierno, y lo hemos venido cumpliendo semana tras semana.

Hoy es algo más que un ataque, es la defensa de la sociedad amenazada.

Cuando esta edición de Alerta corra por las calles ya los señores magistrados estarán considerando nuestro alegato al Tribunal de Cuentas que en su parte más esencial expresa lo siguiente: «Al Tribunal de Cuentas acudo en patriótica llamada. Cuba convertida en tierra de caínes feroces, camino del suicidio, hecha garito y antro de unos cuantos desenfrenados, vuelve desesperada sus ojos para pedir a ustedes el milagro que pueda salvarla del derrumbe constitucional y moral que la amenaza».

Las actuaciones que ha iniciado ese tribunal, relacionadas con diversos aspectos de la Administración Pública, en la medida de sus actuales recursos, ha producido un efecto tremendamente alentador a la opinión nacional.

La sensación de amparo casi instantánea, justifica cualquier esperanza del pueblo por prematura que parezca. La inminencia del peligro, la hace totalmente legítima.

La crisis de autoridad y la ola de sangre fratricida en su actual desarrollo, tiene como causa fundamental y única el afán desenfre-nado de medrar a costa del patrimonio del estado.

El asalto a un banco o a cualquier institución privada de importancia moviliza urgentemente todos los resortes de la sociedad órganos de opinión, fuerza pública, tribunales, etc.como reacción condenatoria del hecho que amenaza a los intereses individuales.

Con inexplicable ausencia de instinto de conservación social y de conciencia colectiva, no ha producido, sin embargo, la misma reacción el asalto continuado y en cantidades fabulosas de millones al tesoro público. Pero las consecuencias, a la larga, llegan a extremos realmente fatales: sangre, desmoralización, anarquía y ruina.

La alta misión fiscalizadora que corresponde al tribunal sobre los ingresos y gastos del estado pone hoy también en sus manos por relación directa, algo más que el ahorro de unos pesos, el ahorro de vidas humanas, la evitación de una grave tragedia colectiva y la ruina moral de una generación de jóvenes.
Porque esto pienso, y creo además que es el sentir de toda la sociedad cubana, vengo a poner en conocimiento de ese digno tribunal los siguientes particulares; que caen de lleno dentro de su jurisdicción y competencia.

Los orígenes del problema

Un prolijo número de grupos llamados revolucionarios, se fueron organizando en el país con vida más o menos legal a la culminación del proceso político-revolucionario que llevó al Partido Auténtico al poder. Móviles más o menos honrados alentaron sus propósitos originarios. La mística de las luchas pasadas les dio acceso a los órganos de propaganda y lograron considerable vigencia pública. Sus filas se nutrieron de viejos elementos de acción y de jóvenes arrastrados por un equivocado concepto del heroísmo y de la revolución.

Degeneró en régimen y todas aquellas organizaciones más tarde o más temprano se perdieron en su ausencia de contenido ideológico y social.
La matanza de Orfila dio inicio a la guerra sin cuartel de unas y otras.

Pero el aparato de terror y de muerte no podía sostenerse sin el concurso de cuantiosos medios económicos.

Políticos sin escrúpulos brindaron respaldo y recursos a cambio de los servicios de cada grupo.

Prío no fue ajeno al trato con las pandillas. Lo escoltaron celosamente a través de toda su campaña política. Subió al poder saturado de compromisos.

Pero la opinión pública demandaba el cese de los atentados callejeros y ante la fuerte presión popular se adoptaron algunas medidas demagógicas.

Al mes apenas de estar en el poder, el presidente sancionaba la ley no. 5 de noviembre del 48, llamada Ley contra el Gansterismo. Se declaraban ilícitas todas las organizaciones y se establecían las sanciones más severas.

Sin embargo, aquello no sirvió más que para enviar a la cárcel a muchos infelices que no tenían que ver nada con la cuestión, mientras continuaba la guerra cada vez con mayor crudeza y con más evidente tolerancia, consentimiento, complicidad y ayuda del gobierno. La influencia de algunos grupos en los círculos oficiales era cada vez mayor y más alarmante.

El propio presidente en un momento dado hizo trizas su ley de gansterismo, reconociéndole beligerancia y entrando en tratos amistosos con todas las organizaciones.

Orlando Puente, su secretario, intervino activamente, a fin de lograr lo que se dio en llamar Pacto de Grupos.

No fueron razones sociales, ni humanas, ni el convencimiento de la esterilidad de aquella lucha, lo que medió en el acuerdo. Aquello fue el hecho más escandaloso que se haya visto en ningún pueblo civilizado del mundo. Un presidente prostituyendo su alta investidura, se rendía incondicionalmente a los grupos fratricidas y compraba la paz pública mediante las más ominosas concesiones.

¡Más de dos mil puestos!

Para aquella fecha los grupos se habían dividido y subdividido de modo notable. A muchos de ellos se les conocía principalmente por el nombre del jefe. A cada cabecilla con tienda aparte se le daba asiento en la mesa redonda a los efectos del pacto. Cualquiera que se alzara era necesario convencerlo dándole lo que pidiera para que hubiese acuerdo unánime sin lo cual no habría paz posible.

De este modo, señores magistrados del Tribunal de Cuentas, se distribuyeron «botellas» en cantidades fabulosas. Así, por ejemplo, aparte de otros más pequeños, al grupo de Guillermo Comellas le dieron 60 puestos; al Tribunal Ejecutor Revolucionario 110 puestos; a Unión Insurreccional Revolucionaria, 120 puestos; a Acción Guiteras, 250 puestos; al grupo del Colorado, 400 puestos; al grupo de Masferrer, 500 puestos y al grupo de Policarpo, que era el más temible, 600 puestos, que hacen un total, según datos que obran en mi poder, de 2 120 puestos que se cobran sin prestar servicios en los ministerios de Salubridad, Trabajo, Gobernación y Obras Públicas.

El número de puestos por personas en algunos casos es alarmante: por ejemplo, Manuel Villa tiene 30 puestos; Guillermo (El Flaco), 28 puesto, Pepe (El Primo), 26 puesto; el Boxer (ignoro su nombre) 26 puestos, distribuidos por nóminas o por caché de jornaleros bajo distintos nombres.

El ministerio más azotado por la peste del pistolerismo es el de Obras Públicas. En el departamento Censo de Tránsito hay distribuidos cerca de mil cachés de peones, albañiles, carpinteros, etc. En esta forma de prebenda los cobros se hacen por semana. Un enviado de cada grupo va a cobrar los cachés que le corresponden.

He podido conocer que Manuel Villa cobra los del Tribunal Ejecutor Revolucionario; Miguel Pérez los de la UIR; Paco Villanueva cobra 80 cachés para El Colorado; el ex teniente Pérez Dulzaides, que está preso en La Cabaña por los sucesos de Orfila, tiene a su favor 10 cachés que cobra un amigo suyo; Cuervo Lara, cuyo grupo ignoro, cobra 25 cachés; los ex combatientes cobran 20 cachés; Cuchifeo Cárdenas y un tal Melitón cobran 20 cada uno; un señor de apellido Cruz cobra 74 cachés para Masferrer y Rosillo cobra 90 para Policarpo Soler.

De estas asignaciones se encarga el señor Daniel Fajardo, secretario del ministro Luis Casero, por orden expresa del presidente.

Pero hay algo más, y más grave todavía, el dinero que se les da directamente en efectivo desde el Palacio Presidencial. Todos los meses Orlando Puente reparte 60 sobres con $300.00 en efectivo cada uno, entre todos los grupos que participaron en el pacto, haciendo un total de $18 000.00 mensuales, cantidad muy superior a la que se emplea en el Calixto García para alimentar a los enfermos.

En la cubierta de cada sobre hay un membrete que dice: «Presidente de la República», «asunto personal». ¿De dónde sale este dinero? Investíguese.

Lo más desastroso de todo es que ni aún así Carlos Prío pudo implantar el orden: compró paz y le vendieron atentados, compró tregua y le vendieron balaceras y muertes. Elementos de cada grupo, disgustados con la desigual distribución, se alzaron contra los acuerdos, y por eso balacearon a Montesinos, asesinaron a Prendes, y ultimaron a Cossío del Pino. ¿Sobre quién cae la responsabilidad?

Trabajo forzado

Y mientras esto ocurre en la capital y el palacio se convierte en un verdadero mercado de cadáveres, allá en las fincas de Prío los soldados del ejército nacional son obligados a trabajar como esclavos por el sueldo miserable que les pagan.

En la cadena de fincas de La Altura, Carlos Prío para ahorrar salarios, alista en el ejército a los peones de campo, que de este modo en vez de ganar un jornal tres veces mayor, ganan solamente $29.00, mísero sueldo que se les paga a los alistados del servicio de emergencia.

Tal es el caso de los soldados Juan Ávila, Andrés Pereira, Manuel Gavilán, René González, José Conrado Pérez y otros adscritos al batallón 24 de Pinar del Río, actualmente realizando labores en el campo. Eran campesinos: Prío les puso un uniforme y les paga $29.00 con cargo a la nómina del ejército.

Otra víctima

Cuatro hombres de las fuerzas armadas han perdido allí su vida para enriquecer al presidente: primero un soldado que cayó de un andamio, después otro fulminado por un rayo y en julio de 1951 el teniente Jiménez, aviador de veinticuatro años y el soldado González de diecinueve.

Una potranca del presidente estaba padeciendo fuerte cólico. Lo enviaron en avión a buscar un ámpula, cuando regresaron de noche se estrellaron en la pista apagada. El soldado quedó con la cabeza arrancada y en la mano izquierda levantada, el ámpula. La verdad se le ocultó al pueblo y se dijo que la medicina era para un allegado del primer magistrado.

En la cadena de fincas que va de Calabazar a Managua trabajan diariamente en labores de campo y de sol a sol, 40 soldados del campamento militar de Managua.

Primero los transportaban por Calabazar en el camión chapa oficial 2770, pero tan pronto lo hice público, se arregló inmediatamente un viejo camino real y ahora los llevan directamente desde el campamento. En más de una ocasión han manifestado su protesta de manera violenta contra el exceso de trabajo.

En mi poder tengo una película donde aparecen esos soldados, la cual pongo a disposición del tribunal.

Asimismo, hago constar que los aparatos de Obras Públicas están prestando servicios en las distintas cadenas de fincas del presidente. Tengo también sobre este particular otra película que pongo a disposición del tribunal.

En manos pues de esa honorable institución está poner las cosas en orden salvando al país del precipicio. En sus manos está actuar inmediatamente suspendiendo los trabajos de los soldados en fincas privadas, lo cual está reñido con la función que la constitución asigna a las fuerzas armadas, y los gastos que en ella se inviertan. En sus manos está reclamar inmediatamente los aparatos de Obras Públicas al lugar en que deben estar y depurar responsabilidades. En sus manos está sobre todo, y esto es lo que urge, intervenir en los departamentos en que denuncio las prebendas para cortar ese chorro de oro que alimenta el chorro se sangre fratricida que corre por las calles de la capital.

Sin dinero para los grupos no habrá más atentados.

Las pistolas con que se mata, las paga Prío.

Las máquinas en que se mata, las paga Prío.

Los hombres que matan, los sostiene Prío.

Yo lo acuso ante ese tribunal y lo hago responsable de nuestra tragedia ante la historia de Cuba, aunque tenga que rubricar con mi sangre el deber imperativo de mi conciencia.

La suerte de la patria está en vuestras manos, honorables magistrados del Tribunal de Cuentas. Ello es para ustedes un honor, una prerrogativa hermosa que les otorga la constitución y la ley para enfrentarse, mediante la fiscalización de los gastos del estado, a la verdadera causa de todos nuestros males. ¡Que vuestras decisiones sean siempre felices y sabias!

Palabras a Casero

Eso expuse en mi alegato al Tribunal de Cuentas que ya está funcionando plenamente.

He dado fórmulas contra el terrible mal, no el asesinato oportunista de culpables e inocentes aumentando el luto y la tragedia, sino la supresión total de los recursos económicos, el respaldo pleno a los tribunales y el respeto y la consideración a la fuerza pública.

Y para terminar, vaya un emplazamiento sincero:

Señor Luis Casero, ¿es verdad o es mentira que la concretera H-130 de Obras Públicas presta servicios junto con otros aparatos en la finca La Altura?

Señor Luis Casero: Usted era un hombre limpio y querido en Santiago de Cuba. Hoy está salpicado con la sangre de muchos crímenes que usted no ha cometido. Esa nómina colosal en Censo de Tránsito, para pagar pistolas y muertos lo mancha a usted de pies a cabeza. Sé que la orden vino de arriba, pero usted la acató y es una orden infamante. ¿Qué le dirá a los santiagueros cuando regrese a su alcaldía? Un millón de obras no lavarán su culpa. Renuncie, Luis Casero, si erró, no importa, el pueblo cubano sabe perdonar a los que salvan el honor a tiempo. Yo también soy oriental, y siento pena por usted y por Oriente.

Y para concluir estas líneas en las que he puesto la mayor suma de honradez y sinceridad, solo me resta repetir aquellas palabras de Martí cuando exhortaba a los cubanos a la lucha: «¡Para ti, patria, la sangre de las heridas de este mundo, y la sonrisa de los mártires al caer! ¡Para ti, patria, el entusiasmo sensato de tus hijos, el dolor gra-to de servirte, y la resolución de ir hasta el fin del camino!».