El 21 de septiembre de 1953 el Tribunal de Urgencia de Santiago de Cuba inició la causa 37, a puertas cerradas, y en ese día y en los siguientes el recinto estaría fuertemente custodiado por un gran dispositivo del ejército y la policía del dictador Fulgencio Batista.

Era el inicio del juicio a los asaltantes de los cuarteles Moncada, de Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes, de Bayamo, ocurridos el 26 de Julio de aquel año. Un proceso judicial en el que el joven Fidel Castro Ruz asumió su propia defensa con el trascendental alegato denominado “La Historia me absolverá”.

El primero en ser interrogado fue Fidel, quien de acusado se convirtió en acusador al denunciar los crímenes cometidos por órdenes expresa del tirano, que después de los sucesos del 26 de Julio de 1953 exigía una víctima por cada soldado caído en el asalto a la segunda fortaleza militar del país, en Santiago de Cuba.

Por ello le fue impedido asistir a la tercera sesión de juicio y al comparecer al final y asumir su propia defensa denunció la desigualdad social existente en Cuba, la explotación de los obreros, el desempleo, el desalojo campesino, la falta de asistencia médica para la mayoría de la población y de escuelas para miles de niños y que de haber triunfando el movimiento revolucionario esos males habrían sido erradicados de raíz.

Al final de su alegato, Fidel dijo que no pedía la libertad de su defendido porque sus compañeros sufrirían injusto confinamiento en el presidio de la entonces Isla de Pinos (hoy Isla de la Juventud) y pedía que lo enviaran a compartir su suerte, pues era preferible estar muerto o preso en un país donde gobernaba “un criminal y un ladrón”.

Sin mediar palabras por estar aislados, los restantes protagonistas de las acciones armadas de 26 de Julio tuvieron similar actitud en la vista que la asumida por su líder Fidel Castro y admitieron con firmeza y valentía su participación en los hechos ocurridos el 26 de Julio.

El histórico juicio finalizó 25 días después con diferentes penas de cárcel para lo acusados y una contundente condena moral para el régimen opresor de Fulgencio Batista, que había tomado en contra de la voluntad del pueblo mediante el golpe de estado del 10 de marzo de 1952.