Cuba repudió hoy en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas la politización y los enfoques selectivos para atacar a países soberanos, durante un debate centrado en la situación de Nicaragua.
 
En la continuación de las actividades de la 50 sesión ordinaria del órgano con sede en esta ciudad suiza, el representante cubano Jairo Rodríguez ratificó que la isla no apoya los mecanismos que no cuenten con el consentimiento de los países concernidos.
 
Condenamos la política intervencionista promovida contra la libre determinación y la soberanía de Nicaragua, a través de campañas contra el orden legal y constitucional de esa hermana nación, afirmó en el foro.
 
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, introdujo el debate con una nueva actualización sobre el país centroamericano, en la que se le acusa de violaciones citando “fuentes de la sociedad civil”.
 
Rodríguez reiteró la postura de La Habana de rechazo a los ejercicios con motivaciones políticas, y de privilegiar el Examen Periódico Universal (EPU) como principal vía para abordar la situación de los derechos humanos en todos los Estados, sin discriminación ni manipulaciones.
 
La erradicación de la selectividad y la politización es una condición indispensable para la promoción y la defensa efectiva de todos los derechos humanos, expuso.
 
De acuerdo con el representante de la isla, el diálogo y la cooperación deben ser la guía para el trabajo de los mecanismos del Consejo, en lugar del enfoque punitivo, parcializado y mediado por los intereses geopolíticos de las potencias occidentales.
 
Ratificamos el apoyo irrestricto al gobierno sandinista y al pueblo nicaragüense, afirmó.
 
En la sesión, la procuradora general de Nicaragua, Wendy Morales, denunció la actualización presentada por Bachelet, informe que calificó de prueba irrebatible de que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos sigue actuando de manera injusta y sin equidad.
 
Morales consideró embustes y falsedades los elementos recogidos para agredir a un gobierno legítimamente constituido.
 
La procuradora de la República señaló que se trata de un nuevo paso en la campaña encabezada por Estados Unidos contra Nicaragua, inmiscuyéndose en sus asuntos internos con informaciones politizadas y carentes de objetividad.