Las llamadas disposiciones coercitivas unilaterales, de las que tanto se habla en la prensa mundial, son una antigua arma de la guerra económica entre los Estados que en la actualidad han sido declaradas ilegales por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) si no cuentan con la aprobación del Consejo de Seguridad de ese organismo global.
 
Sin duda, el Grupo de los 77 más China se anotó una gran victoria cuando el pasado 23 de noviembre, en la Segunda Comisión de la Asamblea General, se adoptó la Resolución “Medidas económicas unilaterales como medio de coerción política y económica contra los países en desarrollo”.
 
La Resolución, aprobada con 117 votos favorables frente a la abstención de 47 delegaciones y la oposición de seis, dictamina que “ningún Estado puede aplicar o fomentar el uso de medidas económicas, políticas o de cualquier índole para coaccionar a otro Estado a fin de lograr que subordine el ejercicio de sus derechos soberanos”.
 
Luego de permanecer durante 22 meses en la agenda de la Segunda Comisión sin que hubiese acuerdo de la mayoría de cara a refrendarlo, el documento acordado “exhorta a la comunidad internacional a que condene y rechace la imposición de tales medidas, y solicita se adopten urgentes y eficaces disposiciones para impedir su aplicación”.
 
Previamente, el 14 de agosto de 2021, el consejo ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos dio a conocer su rechazo a las medidas coercitivas unilaterales porque “evidencian el carácter intervencionista de un Estado que transgrede las disposiciones del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas”.
 
Una guerra histórica como antecedente
 
Los orígenes de ese tipo de medidas se remontan a una fecha tan antigua como el año 432 antes de nuestra era, en el transcurso de la llamada Guerra del Peloponeso, cuando regía en Atenas el célebre político Pericles, quien suscribió el decreto bajo el cual se impusieron sanciones económicas al pueblo de Megara, aliado de Esparta en aquel conflicto entre los dos principales estados griegos.
 
En los tiempos actuales, las disposiciones coercitivas unilaterales han sido empleadas ―en un elevado número de ocasiones― por las Administraciones norteamericanas con el objetivo de castigar a los Gobiernos que se oponen a sus intereses extraterritoriales.
 
En la lista de países sancionados por la Casa Blanca se encuentran los pertenecientes a distintas regiones, como son Siria e Irán, del Medio Oriente; y Venezuela, Cuba y Nicaragua, de América Latina y el Caribe.
 
El impacto negativo de las sanciones de EEUU
 
Respecto a Venezuela, la relatora especial de la ONU, la jurista bielorrusa Alena Douhan, visitó ese Estado en los primeros 12 días de febrero de 2021, comprobando, según expresa en su informe oficial, “el efecto devastador de las sanciones unilaterales en el amplio ámbito de los derechos humanos, fundamentalmente el derecho a la alimentación, a la salud, a la educación y al desarrollo”.
 
El documento señala que la Casa Blanca ha impuesto penalizaciones a la Administración venezolana desde 2005, cuando acusó a las autoridades bolivarianas de estar vinculadas con el narcotráfico.
 
Diez años después, Washington alegó que en el país sudamericano existía “una situación de emergencia nacional que amenaza la seguridad y la política exterior de Estados Unidos”, declaración con la cual pretendía justificar la intensificación de la hostilidad hacia Caracas.
 
Con posterioridad, en enero de 2019, el expresidente Donald Trump (2017-2021) anunció el reconocimiento del opositor Juan Guaidó como mandatario interino, y luego de siete meses impuso lo que denominó un “embargo económico total”; incluso otorgó al personaje antichavista el control de los activos y las propiedades del Gobierno existentes en cuentas bancarias norteamericanas.
 
Según datos oficiales, ese capital que se halla congelado en bancos de Estados Unidos, Portugal y el Reino Unido asciende a 6 000 millones de dólares hasta la fecha.
 
A la suma descrita se agrega el depósito en oro con valor de cerca de dos mil millones de dólares correspondientes al Banco Central de Venezuela (BCV), los cuales se encuentran en el Banco de Inglaterra y permanecen inamovibles a pesar de la reclamación judicial presentada por los organismos legítimos ante los tribunales británicos.
 
En cuanto a ese caso, la relatora de la ONU puntualizó que dicho capital pertenece al Estado, no al Gobierno y, por tanto, el congelamiento de activos del BCV viola los derechos soberanos del país.
 
En foros globales a los cuales asistieron en los últimos años, así como en eventos bilaterales y de otro alcance, el presidente Nicolás Maduro, los ministros y representantes de instituciones venezolanas explicaron la forma en que enfrentan la agresión norteamericana en los diversos ámbitos en la que esta se ejecuta.
 
Por la vía legal se debate en la Corte Penal Internacional la querella oficial presentada, en virtud del artículo 14 del Estatuto de Roma, contra todas las disposiciones coercitivas unilaterales que se aplican sin el visto bueno del Consejo de Seguridad de la ONU.
 
Los estudios publicados sobre ese tema coinciden en que la crisis a la cual se enfrenta la nación bolivariana, sobre todo después de su agravamiento a partir de 2015, menoscaba el efecto positivo que podrían tener las reformas económicas y sociales introducidas en los últimos años.
 
Igualmente, se vio afectada la capacidad del Estado para mantener las infraestructuras institucionales y poner en marcha nuevos programas de beneficio social.
 
El bloqueo más largo
 
En la historia de los actos hostiles de un Estado contra otro hay un hecho que no tiene parangón: la existencia del bloqueo económico, comercial y financiero de la Casa Blanca a Cuba.
 
La efeméride de los 60 años transcurridos desde que fue refrendado el cerco por el expresidente John F. Kennedy (1961-1963), el 3 de febrero de 1962, no recibió el más mínimo comentario de los periodistas oficialistas de Washington, aunque algunos de ellos ―en sus columnas de la prensa de Miami― se obstinan en seguir llamándolo “embargo comercial”.
 
Descrito en sus inicios como una medida impuesta al Gobierno cubano por las presuntas violaciones de los derechos humanos en la isla, en la actualidad los medios afines al Departamento de Estado ya se refieren a él de forma más veraz; así lo hizo recientemente una agencia norteamericana de noticias con el siguiente párrafo:
 
“Trump impulsó el mayor ajuste de las medidas contra la nación caribeña en décadas con el objetivo de presionar un cambio de modelo político.”
 
Cuba, mientras tanto, desde hace decenios libra una batalla diplomática en la que cada calendario obtiene el respaldo abrumador de los Estados miembros de la ONU para poner fin al bloqueo.
 
Los perjuicios acumulados por esa disposición, tipificada como un acto de genocidio en los preceptos del derecho internacional, superan los 144 mil 413 millones de dólares a precios corrientes, según la última estimación de La Habana.
 
A pesar de constituir el mayor obstáculo al progreso de Cuba, el bloqueo no ha impedido que la ínsula se encuentre entre los países de nivel alto de desarrollo humano en la clasificación que cada año publican los expertos de la ONU.