Compatriotas:

Fue por las cadenas de televisión norteamericanas y las agencias cablegráficas que recibimos la noticia de que 30 cubanos, de ellos 13 niños, habían perecido en una operación de tráfico humano que se realizaba en una lancha rápida de matrícula norteamericana, procedente de Estados Unidos y financiada por personas residentes en ese país.

No era la primera, sino tal vez la milésima ocasión que hechos similares habían tenido lugar, fruto siniestro de la Ley asesina de Ajuste Cubano. Cada vez que uno de ellos ocurre, jamás las autoridades norteamericanas ofrecen información alguna sobre nombre, residencia, edad, sexo o cualquier otro dato de las víctimas que logran identificar por la información que ofrecen los sobrevivientes y otros medios. Las autoridades cubanas se ven obligadas a buscar, como aguja en un pajar, a través de largos y complicados procesos, los datos pertinentes para informar a familias, escuelas, centros de salud, seguridad social y cualquier otra institución, qué ha ocurrido con personas repentinamente desaparecidas sin noticia alguna. A través de estrechos contactos, facilitados por las visitas personales y familiares en ambas direcciones que nuestro país permite, mercaderes sin escrúpulos organizan costosos y arriesgados viajes ilegales de grupos de personas, procedentes de distintas localidades, que ponen en peligro la vida de numerosos niños a quienes llevan consigo irresponsablemente. En esta ocasión, ya han sido identificados por nuestras propias autoridades casi la mitad de los 13 niños de que hablan los cables, arrancados de las aulas y escuelas donde cursaban sus estudios, ajenos por completo a la muerte horrenda a la que eran conducidos en un punto del mar donde ni siquiera rastros de ellos han sido encontrados. Durante muchos años hemos advertido a los gobiernos de Estados Unidos que la Ley de Ajuste Cubano, vigente desde el 2 de noviembre de 1966, y los estímulos a las salidas ilegales, son causantes de enormes riesgos y elevadas pérdidas de vidas humanas. Desde el triunfo mismo de la Revolución, nunca nuestro país puso obstáculos a la emigración legal de los ciudadanos cubanos a Estados Unidos o a cualquier otro país. Cuando triunfa la Revolución, en Cuba, como en el resto del Caribe y de América Latina, que sufrían la pobreza y el subdesarrollo, muchas personas aspiraban a emigrar en busca de empleos más remunerados y de mejores condiciones de vida material que en sus propios países sometidos a siglos de explotación y saqueo nunca habrían podido encontrar. Hasta 1959 las visas que se otorgaban a los cubanos eran sumamente restringidas. Las puertas entonces, por razones obvias, se abrieron de par en par. Así se fueron creando importantes asentamientos de origen cubano en Estados Unidos. La inmensa mayoría viajó a través de trámites, documentos y vías legales. Más de una vez, a pesar de las crecientes tensiones y algunos conflictos sobre el tema migratorio, fueron suscritos acuerdos entre ambos países, que durante más de cuatro décadas hicieron posible el transporte seguro y ordenado de cientos de miles de ciudadanos cubanos a Estados Unidos sin la pérdida de una sola vida de niños o adultos. Los emigrantes cubanos, como fruto de los programas revolucionarios, son por lo general personas de elevado nivel escolar y preparación técnica o profesional. En virtud de los últimos acuerdos de septiembre de 1994 y mayo de 1995, hasta el 9 de noviembre del 2001, 132 mil 586 ciudadanos han viajado a Estados Unidos con visas de entrada y por vías absolutamente seguras. La politización del fenómeno migratorio por parte de Estados Unidos, en relación con Cuba específicamente, ha sido la causa de esta y otras muchas tragedias. En su Oficina de Intereses seleccionan al personal que solicita visa, exigen documentos de salud, educación y conducta, antecedentes penales y otros requisitos; no pocas veces tratan de utilizar estos datos para seleccionar profesionales de alto nivel e importancia social, privando al país de médicos, ingenieros, arquitectos y otros graduados universitarios formados gratuitamente en nuestro país, sin que a Estados Unidos le cueste un solo centavo de las decenas y cientos de miles de dólares que le costaría formar a cualquiera de ellos en aquel país, al extremo que nos ha obligado a establecer determinadas restricciones en cuanto al plazo para la salida de algunas categorías técnicas, a fin de evitar afectaciones a importantes servicios. Es tradicional, además, que Cuba cumple estrictamente los acuerdos que suscribe. No ocurre así de la otra parte. Por presiones y factores de carácter político interno, reiterada y sistemáticamente incumple obligaciones o las cumple a medias en relación con las medidas a tomar con los que violan las leyes para emigrar a Estados Unidos y son interceptados en el mar, o se reducen a un mínimo los esfuerzos para realizar esta intercepción. Lo peor de todo es que aquellos que pisan tierra en sus costas son automáticamente recibidos sin exigencia ni requisito alguno. Sujetos con antecedentes penales de todo tipo, que jamás reciben visa cuando la solicitan, adquieren el derecho a trabajar de inmediato y a residir en el país. De esta forma se viola el sentido y el objetivo de los Acuerdos Migratorios y se pone en peligro los bienes y la seguridad de los ciudadanos norteamericanos. Muchos de los que después forman parte de las redes de traficantes de emigrantes y de drogas proceden de estos sujetos violentos y de pésimos antecedentes delictivos, admitidos cuando viajan ilegalmente a Estados Unidos. Las autoridades de Estados Unidos conocen y poseen información sobre los que practican el tráfico de inmigrantes. En nuestro país hemos capturado en los últimos cuatro años a más de ciento diez de esos traficantes residentes en Estados Unidos; viajan por mar en lanchas rápidas para recoger su carga de emigrantes; las autoridades de Estados Unidos no aceptan su devolución para juzgarlos ante sus tribunales, pues de allí proceden, allí residen, de allí son las embarcaciones y allí contratan y cobran las operaciones. Nuestro país realiza grandes esfuerzos para combatir este grave delito internacional; en Estados Unidos no se hace absolutamente nada. Si fuese a la inversa, si niños norteamericanos muriesen casi constantemente debido al tráfico de personas con embarcaciones procedentes de Cuba, con matrículas cubanas, tripuladas por personas residentes en Cuba, el pueblo de Estados Unidos reaccionaría con la más profunda y legítima indignación. ¿Por qué, en cambio, puede hacerse eso con relación a Cuba? Todos los años, todos los meses, todas las semanas, casi todos los días, durante décadas desde que se aprobó la infausta y delirante Ley de Ajuste Cubano en 1966, hace ya 35 años, lejos de restringirse o anularse esta Ley, se les concede cada vez más y más privilegios a los que se acogen a ella, por presiones de la mafia terrorista de Miami y la conducta venal e interpretaciones arbitrarias de funcionarios y autoridades de Estados Unidos. El último de tales privilegios es el de viajar con falsa documentación a territorio norteamericano, en cualquier línea aérea, e identificarse como ciudadano de origen cubano apenas llegue, para ser declarado impune y recibir el beneficio de residir en Estados Unidos. ¿Cómo puede alegarse el deseo de proteger la seguridad de Estados Unidos cuando se aceptan tales violaciones y prácticas, que ultrajan sus leyes y promueven el caos, la anarquía y el desorden? ¿Cómo podría así librarse una batalla contra el crimen organizado, el terrorismo, el tráfico de drogas, de emigrantes y otras formas de delito internacional? ¿Por qué niños cubanos, cuya mortalidad infantil en el primer año de vida ha sido reducida a menos de 7 por cada mil nacidos vivos —que es incluso inferior a la de Estados Unidos—, tienen que morir de esa forma atroz en virtud de la mencionada ley? ¿Por qué los niños cubanos, ninguno de los cuales perece en violentos huracanes y desastres naturales que ocasionan la pérdida de miles de vidas en otras partes por carecer de protección, tienen que morir en el fondo de los mares? Si los niños cubanos disfrutan —cada uno de ellos— de atención prenatal, nacimiento en instituciones hospitalarias, cuidados intensivos posnatales, servicios médicos gratuitos durante toda la vida, vacunación contra 13 enfermedades prevenibles, alimentación adecuada, círculos infantiles, educación preescolar y primaria, escuelas especiales para cuantos requieran de ellas, educación secundaria a la que acuden y de la que se gradúa casi el ciento por ciento de los alumnos, enseñanza media superior sin excepción alguna para todos los que quieran acceder a ella, decenas de centros universitarios con las más variadas carreras; si las más prestigiosas instituciones internacionales reconocen que los servicios de salud, educación, preparación física y deportes que reciben nuestros niños están entre los mejores del mundo, todos absolutamente gratuitos; si a los niños cubanos se dedican los más elevados aportes del ingreso bruto del país y del presupuesto nacional; si para los niños, adolescentes y jóvenes prestan servicios, con esmero, más de medio millón de trabajadores, la mayoría de ellos altamente calificados; si los niños cubanos ocupan destacados lugares en concursos y competencias internacionales de conocimientos; si los niños cubanos no conocen el vicio de las drogas ni mueren en las escuelas víctimas de las armas de fuego y de la violencia; si para ellos se desarrolla la marcha incontenible hacia una cultura general integral que convertirá a nuestro pueblo en el más culto del mundo, ¿por qué tienen que morir devorados por los tiburones en las proximidades de la Florida? ¿Por qué Cuba es el único país de la Tierra a cuyos niños y ciudadanos se les depara ese posible destino a causa de una ley que carece de justificación ética, explicación y excusa posible? Sean trece, sean seis, sea uno solo el que muriera en el dramático naufragio de la lancha rápida, en una operación de contrabando humano con 30 o más ciudadanos cubanos a bordo, constituye una vergüenza para Estados Unidos ante los ojos del mundo. No es el primero y único grupo que ha sufrido esa tragedia. Es incalculable el número de los que han sido víctimas de similar destino, sin que ello haga que las autoridades de ese país se decidan a luchar contra el odioso y repugnante tráfico de seres humanos. Nosotros hemos ofrecido nuestra sincera cooperación en la lucha contra el tráfico de drogas, el tráfico de personas o cualquier otra forma de crimen internacional. Por pura soberbia política esta cooperación ha sido rechazada, o limitada a un mínimo. Cuba fue el primer país que el 11 de septiembre proclamó su apoyo al pueblo norteamericano ante el acto atroz cometido contra él, y propuso la idea de crear una conciencia universal contra el terrorismo y llevar adelante una lucha política internacional activa para poner fin de forma eficiente y adecuada al flagelo del terrorismo, que tanto ha afectado a nuestro país durante más de 40 años. Cuba fue también el primer país que, respondiendo a la petición del Secretario General de las Naciones Unidas a los Estados miembros de esa organización mundial, se adhirió a los doce convenios internacionales en materia de terrorismo. Ahora recibe el duro golpe de la noticia de numerosos niños tragados por el mar en el fatídico naufragio de la madrugada del 17 de noviembre, en un repugnante tráfico de emigrantes cubanos. Por los adultos muertos, algunos de ellos culpables de haberse dejado seducir por la aventura que condujo a sus hijos a la muerte, sentimos dolor y pena, y extendemos el pésame a sus familiares. Por los niños inocentes conducidos a injusta e inmerecida muerte, sentimos verdadero luto. Fueron criaturas arrancadas a la Patria que tanto amor y atención les brinda a todos. No culparemos al actual gobierno de engendrar un fenómeno que es fruto de decenas de años de agresión, hostilidad y crimen contra Cuba, cometido por sucesivas administraciones a lo largo de muchos años; pero tenemos derecho a reclamar que se ponga fin a una política incivilizada y bárbara. Hechos semejantes golpean la autoridad y la moral de Estados Unidos y van contra sus intereses, enfrascado como está hoy en una lucha compleja y difícil contra el terrorismo en la que está envuelta de una forma o de otra toda la comunidad internacional a partir de los hechos trágicos y dolorosos del 11 de septiembre. Nadie comprenderá por qué se mantiene esa ley inmoral e injusta, que conduce a una muerte cruel e injustificable a tantos niños cubanos inocentes. Millones de ciudadanos del Caribe, de México y del resto de América Latina, tienen derecho a preguntarse por qué a ellos se les persigue y expulsa cuando viajan ilegalmente, y en cambio a los cubanos que lo hacen se les estimula y premia. La misma pregunta pueden hacerla cientos de millones de asiáticos, africanos y de otras regiones del mundo. La crisis económica y la pobreza generalizada multiplicarán las presiones migratorias hacia Estados Unidos. La Ley de Ajuste será, para los que aspiren a emigrar de una u otra forma, un importante e irrebatible argumento moral. En todas partes habrá personas que siempre se arriesgarán a perder la vida para emigrar ilegalmente, pero lo que nunca tendrá justificación es que se les estimule a hacerlo. Tal hecho constituye un crimen de lesa humanidad, un abominable desprecio por la vida humana. No propondríamos una Ley de Ajuste para los demás países porque es una ley asesina, pero sí propondríamos el desarrollo del Tercer Mundo, si no se desea que su población excedente aplaste a las sociedades ricas, a costa de la abundante sangre de los emigrantes que tratarán de filtrarse por todas las vías. Propondríamos justicia para el mundo y un poco de luz para los políticos ciegos que hoy dirigen las más desarrolladas y ricas naciones de la Tierra. La Ley de Ajuste Cubano no solo constituye una ley asesina, sino también una ley terrorista, de un terrorismo de la peor especie, que mata conscientemente y sin el menor remordimiento a niños inocentes. ¡Patria o Muerte! ¡Venceremos!