Estimada señorita Margaret Joan Anstee, Secretaria General del Congreso;

Señor Representante Personal del Secretario General de las Naciones Unidas;

Distinguidos delegados e invitados:

En nombre del gobierno y del pueblo de Cuba, me complace dar la más calurosa bienvenida a nuestro país a todos los participantes en este Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, y expresarles nuestro sincero deseo de que las deliberaciones de esta reunión culminen con todo el éxito al que aspiran y por el que tanto se han esforzado sus organizadores, en correspondencia con la importancia de los temas que van ustedes a debatir en el curso de las próximas jornadas.

En lo que a Cuba respecta, estamos convencidos de que la cooperación internacional es un elemento decisivo para poder avanzar en el conocimiento del fenómeno del delito y de su evolución en un mundo sometido a agudas contradicciones, presiones enormes y profundos cambios. Los cubanos podemos dar testimonio de que el intercambio de información y experiencias sobre los resultados que cada país va alcanzando en este complejo problema, tiene un inmenso valor para todos los demás. No es exagerado decir que la modernización de nuestro sistema de justicia penal es también en parte fruto de la cooperación internacional, fruto de estos congresos y del ingente trabajo de las Naciones Unidas en este campo.

Nuestro país ostenta la privilegiada situación de estar prácticamente libre de muchas de las formas más complejas y agravadas del delito contemporáneo. En ello intervienen, con un peso determinante, las características de nuestra sociedad, donde no existen grandes diferencias sociales y económicas entre los diferentes sectores de la población, y donde se cuenta con un universo de oportunidades comunes a todos los ciudadanos del país.

No encontrarán ustedes en Cuba forma alguna de crimen organizado, ni el clima generalizado de violencia que caracteriza a la gran mayoría de las sociedades actuales, y que tanta preocupación causa con toda razón a quienes siguen de cerca la evolución de estos fenómenos. No verán en las calles de nuestras ciudades niños abandonados, ni observarán las situaciones extremas de miseria y desamparo que se aprecian incluso en las opulentas capitales de muchas potencias desarrolladas. No advertirán la presencia de la droga, ni del juego, ni de la prostitución, ni de la mendicidad. Verán, en cambio, un pueblo saludable, trabajador y solidario. Todo ello, en definitiva, es parte de una gigantesca obra social de la que los cubanos tenemos obvias razones para sentirnos satisfechos.

Cuba les brinda también su experiencia práctica concreta en materia de justicia penal, que espero tengan ustedes ocasión de conocer. Me refiero específicamente a la experiencia en temas tales como el enfoque del delito como fenómeno en el que intervienen profundas causas sociales, el énfasis en la prevención más que en la represión de las conductas delictivas, las garantías procesales, el papel de las masas en la prevención del delito y el tratamiento del delincuente, y las experiencias en el empleo de las sanciones alternativas a la privación de libertad.

Nuestro trabajo en la lucha contra el delito descansa en la prevención, en el conocimiento temprano de las actitudes predelictivas, en el esfuerzo concentrado en la solución de dichas actitudes mediante la atención diferenciada de cada caso. Damos prioridad en nuestro sistema penitenciario a la rehabilitación del sancionado, posibilitando su incorporación al trabajo en las mismas condiciones salariales de cualquier otro individuo por un trabajo similar, a fin de que pueda ofrecer a su familia la atención y la ayuda necesarias, y facilitándoles posteriormente su reinserción social.

Nos parece especialmente acertada la decisión de los organizadores de este Congreso, en el sentido de situar como tema central de sus deliberaciones la vinculación entre delito y desarrollo. Nadie duda hoy día que entre los principales factores que generan conductas delictivas se cuentan la miseria, la marginación, el hambre, la incultura, la carencia de oportunidades y demás rasgos que tipifican en lo social el subdesarrollo, la pobreza y la discriminación. Siempre hemos estado convencidos de que, en nuestros países más pobres, la lucha contra el delito pasa por la lucha contra el subdesarrollo y la explotación.

A estas circunstancias habría que añadir aquellos factores externos que agravan la situación. El abismo de la desigualdad entre los niveles de desarrollo de los países industrializados y los subdesarrollados económicamente continúa profundizándose. La deuda externa se ha convertido actualmente en el principal obstáculo para el desarrollo, el más importante instrumento para el saqueo financiero y la más moderna forma de dependencia neocolonial para los países subdesarrollados. Se agrava el intercambio desigual y se profundiza el proteccionismo. Se reducen de manera drástica los flujos financieros externos para el desarrollo.

Lo pagado por los países del Tercer Mundo por concepto del servicio de la deuda externa desde 1980, supera con creces el monto actual de la propia deuda, que alcanzaba a finales de 1989 la fabulosa cifra de 1,28 millones de millones de dólares. Ya desde 1985 alertamos acerca de la impagabilidad de la deuda externa del mundo subdesarrollado y la necesidad de encontrar una solución a esta agobiante situación. Expresamos entonces que si se continuaban aplicando medidas de ajuste de tipo recesivo en medio de una crisis cada vez más desesperada, podrían ocurrir estallidos sociales incontrolables. Ya hoy nadie discute —ni acreedores ni deudores— que la deuda externa de los países subdesarrollados es no solo impagable, sino incobrable.

Los efectos de la situación económica de los países del Tercer Mundo se evidencian en el grave deterioro de la calidad de la vida en ellos. Las cifras no por conocidas dejan de ser impresionantes: casi el 60% de la población económicamente activa desempleada o subempleada, y más del 75% sin un empleo suficientemente remunerado y un mínimo de seguridad social; más de 950 millones de seres humanos que viven en condiciones de absoluta pobreza; 195 millones de niños menores de cinco años hambrientos; una mortalidad infantil diez veces superior, como promedio, a la de los países desarrollados; 40 000 muertes infantiles cada día, en su gran mayoría por causas prevenibles o por desnutrición; 900 millones de analfabetos adultos; centenares de millones de niños que carecen de escuelas o están en la más absoluta miseria.

La cruda realidad es que hoy en el mundo subdesarrollado hay más hambrientos, más enfermos, más pobres, más desempleados, más ignorantes, más seres humanos carentes de esperanza. He ahí el caldo de cultivo más propicio del delito, en cuya prevención, además, poco podrán avanzar los países que, ahogados por la deuda y la inequidad del orden económico internacional, carecen de recursos para ello.

La actual crisis política internacional y la amenaza de una guerra que destruiría incalculables vidas humanas y enormes riquezas, derivadas de los sucesos en la región del golfo Arábigo Pérsico, multiplican los índices económicos negativos para la inmensa mayoría de las naciones del Tercer Mundo. Ya el precio de los combustibles se ha elevado en más de dos veces. El deber de la comunidad internacional de encontrar una solución incruenta al conflicto tiene que ver no solo con los intereses sagrados de la paz, sino también con la vida de decenas de millones de seres humanos que podrían morir como consecuencia del hambre, por encima de los que ya actualmente están muriendo por esa causa.

Me pregunto, señores delegados, si el marco actual de relaciones económicas internacionales, a los efectos de los países del Tercer Mundo, no conforma en sí mismo un conjunto definido de figuras delictivas: usura, extorsión, fraude y quién sabe cuántas más. Por eso, la lucha contra el delito, en este plano, pasa también por la lucha en favor de un orden económico internacional más justo.

Ciertamente, como se expresa en todos los documentos preparatorios de este Congreso, estamos en presencia de un acelerado proceso de internacionalización del delito, y es muy loable la intención de empezar a dar una respuesta a este fenómeno singular de nuestro tiempo. Pero lo que cada vez resulta más evidente es la necesidad de enfrentar no solo las formas más usuales del delito transnacionalizado, como pueden ser los delitos económicos, el narcotráfico, el terrorismo o los delitos contra el medio: todo análisis al respecto debe incluir necesariamente las acciones de quienes actúan o pretenden actuar con absoluto desconocimiento de las normas consagradas por el derecho internacional —tales como la no intervención— o con el absurdo y peligroso expediente de la extraterritorialidad de las legislaciones internas de un Estado.

La dramática realidad de nuestros días es que ningún pueblo pequeño se siente hoy seguro mientras a los poderosos se les reconozca de hecho la facultad de dictar y hacer a su antojo o conveniencia. Esa es también una forma de delito internacional —la más grave y peligrosa para toda la humanidad—, y no puede ser ignorada en análisis alguno sobre este tema que se pretenda llevar a cabo con un mínimo de objetividad. En este sentido, el mayor alcance y significado de la cooperación internacional estará dado por las acciones concretas que en conjunto pueda tomar la comunidad internacional ante estas manifestaciones de arbitraria y criminal violencia en la conducta internacional.

El auge del delito transnacional nos preocupa a todos en la misma medida en que observamos cómo se extiende aceleradamente, se diversifica y se complica en virtud del desarrollo tecnológico; cómo se institucionaliza a través del surgimiento de organizaciones supranacionales prácticamente omnipotentes, provistas de colosales recursos financieros y logísticos; cómo se apoya en procedimientos de corrupción, penetración, violencia y terror que tratan de socavar la estabilidad interna y la voluntad de resistencia de los Estados. Sin duda, de todas las formas de la delincuencia transnacional organizada que enfrenta la comunidad internacional en nuestros días, ninguna alcanza la magnitud y extensión, el volumen de recursos y el costo en términos sociales y humanos, que el narcotráfico.

No pretendo, señores delegados, detenerme en consideraciones que ustedes conocen de sobra acerca del carácter particularmente grave, pernicioso y explosivo de los problemas derivados de la producción, el tráfico y el consumo de drogas. Al respecto quisiera afirmarles inequívocamente que Cuba es uno de los países del mundo más limpios de droga. En nuestro país ese desastroso fenómeno no constituye un problema para la sociedad. Las leyes vigentes sancionan con severidad toda actividad relacionada con el tráfico internacional de drogas, y estamos considerando la posibilidad de poner en vigor leyes aún más severas. En aquellos casos en que han sido detectadas actividades de este tipo, se ha actuado con la mayor firmeza. Por otro lado, el número de hechos relacionados con la tenencia y el consumo de drogas es insignificante.

Nuestra posición geográfica nos convierte en zona de tránsito obligado de miles de líneas y compañías o naves aéreas que vuelan por rutas normales y que no pueden ser inspeccionadas en el aire. No obstante, la sistemática persecución de cualquier actividad sospechosa en nuestros cielos o aguas jurisdiccionales ha posibilitado entre 1970 y junio de 1990 la ocupación de 73 embarcaciones y 30 aviones y la captura de 422 traficantes de diferentes nacionalidades, así como la ocupación, solamente entre 1985 y el mes de junio de 1990, de más de 125 toneladas de marihuana y 5 941 kilogramos de cocaína, todo con destino a Estados Unidos.

Como podrán observar, difícilmente exista en el mundo un país menos atractivo que el nuestro para el narcotráfico internacional. Aprovecho la ocasión para reiterar la total disposición de Cuba a colaborar en cuanto esfuerzo serio y coherente se emprenda en la lucha contra el narcotráfico, a partir del respeto a la soberanía de los Estados y de la cabal comprensión de que el problema no se resuelve solamente —ni aun principalmente— con medidas aplicadas en los centros productores, sino que la responsabilidad fundamental reside en los grandes focos del consumo de la droga.

Otro de los temas que serán considerados en esta reunión, el que se refiere a la delincuencia juvenil, tiene también una importancia excepcional a nuestro juicio. Son los jóvenes el sector más vulnerable ante la creciente espiral del delito en nuestros días. En aquellos países donde la delincuencia, en su forma más organizada y violenta, se amplía de manera creciente a diferentes esferas de la sociedad, los jóvenes constituyen el instrumento fundamental para la extensión de esas actividades y la materia prima de la cual se nutren y desarrollan las organizaciones criminales.

En los países desarrollados, inciden decisivamente en esta situación los factores sociales, económicos e incluso racionales que hacen posible que dentro de esas sociedades a veces opulentas, grupos importantes de la población vivan en la marginalidad, la pobreza, la incultura, el desempleo, la discriminación. Ello explica el elevado índice del delito violento en las capitales y grandes ciudades de países altamente desarrollados. Contribuye a explicar también que el fenómeno del homicidio entre los jóvenes de 15 a 24 años, por su magnitud y gravedad, sea denominado por algunos como la "epidemia de la muerte" y sea considerado un grave problema de salud. Es indudable que mientras existan esas enormes diferencias en las condiciones sociales, económicas y culturales dentro de la sociedad, la delincuencia entre los jóvenes será muy difícil de resolver. Solo la creación de oportunidades para la educación en un clima de igualdad y participación, el acceso al trabajo, a la cultura, de los jóvenes de las capas más pobres de la población, junto a la represión y control de las organizaciones delictivas, principalmente las dedicadas al comercio y consumo de la droga, hará posible en esos países la solución de este gravísimo problema.

En los países del Tercer Mundo, la participación de los jóvenes en actividades delictivas tiene otras características. Aquí también la pobreza y la falta de oportunidades, la escasez de posibilidades sociales, generan tensiones y coadyuvan a determinar la comisión de delitos. Pero no se trata, en la mayoría de los casos, de la participación en organizaciones criminales promotores de las formas más graves de delitos violentos y drogas. En estas condiciones, los factores socioeconómicos, la apertura de oportunidades para el estudio y su calificación técnica, la seguridad de un puesto de trabajo, constituyen el más formidable apoyo en la gran batalla por la prevención de la delincuencia juvenil y la protección de los jóvenes.

En Cuba, como seguramente conocerán en el curso de los debates, el índice de comisión de delitos por parte de menores es sumamente bajo. Esto responde, por una parte, a que el papel fundamental en la prevención de las conductas delictivas lo desarrolla la sociedad en su conjunto, pero sobre todo, de manera determinante, a las enormes oportunidades y posibilidades creadas para el estudio y la calificación de todos los menores, a la efectiva igualdad de oportunidades y la atención excepcionalmente prioritaria que se ha ofrecido en el país a los jóvenes y niños. Estos factores sociales, unidos a nuestra concepción de sustraer el tratamiento de la delincuencia de menores del proceso penal ordinario y aplicar un enfoque eminentemente reeducativo, determinan el resultado de que durante los primeros seis meses del presente año, solamente fueron procesados 1 330 menores por delitos cometidos, cuyo tratamiento se inserta en el conjunto de medidas que se aplican en el país en los casos de menores delincuentes, las cuales contemplan en muchos casos el no internamiento y en todos la reeducación.

Señores delegados:

Me he sentido en la obligación de tocar estos temas por su directa relación con los problemas que deberá abordar este Congreso. Mas no quiero abusar de la paciencia y la benevolencia de ustedes, ni restar un minuto más de tiempo al inicio de sus deliberaciones. Sé qué la agenda es extensa, que son muchos y muy complejos los documentos que deberán ser discutidos y las propuestas sobre las que deben tomar decisiones, y que el programa es apretado. Pero además de trabajar, nos gustaría que pudieran disfrutar estos días de estancia en nuestra patria. Nada nos agradaría más que tuvieran la oportunidad de conocer a nuestro país y a nuestra gente. Somos un pueblo pequeño que debe luchar cada día por sobrevivir y por desarrollarse, en condiciones muy adversas, que a partir de la crisis en los países socialistas de Europa —pilares de nuestras relaciones económicas internacionales— se hacen mucho más difíciles. No hemos vivido en la abundancia, pero tampoco hemos carecido de nada esencial; es mucho lo que nos falta, pero mucho también lo que hemos conseguido; somos impacientes e inconformes, pero creemos en los hombres y en el futuro que nos labramos conscientemente día a día con heroísmo y determinación. Ninguna prueba, por difícil que sea, será capaz de vencernos.

Solo me queda por decir que Cuba está dispuesta a colaborar con toda energía en el noble empeño que se han trazado las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y tratamiento del delincuente, pues estamos convencidos de la importancia de ese trabajo y de la necesidad de esa cooperación. Por eso es de lamentar que aún haya quienes no interpreten así esa necesidad, y la supediten a mezquinas consideraciones políticas. Nos satisface comprobar que todo nuestro esfuerzo en materia de ordenamiento jurídico e institucional, en lo que se refiere a la prevención del delito y el tratamiento del delincuente, ha sido coherente con los postulados y las aspiraciones de estos congresos y de los demás órganos de las Naciones Unidas especializados en estas cuestiones.

Una vez más quiero expresar nuestro reconocimiento a los organizadores de este evento por el tesonero esfuerzo en favor de la creación de condiciones verdaderamente óptimas para el desarrollo de su trabajo, y manifestar nuestra confianza en que las deliberaciones de esta reunión resulten de significativo beneficio para todos nuestros pueblos.

Muchas gracias (APLAUSOS).