Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República, señaló que es necesario incrementar el accionar e influencia de las organizaciones políticas, sociales y de masas en la comunidad, y en ejercer presión o control social en contra de las acciones delictivas, las ilegalidades e indisciplinas sociales. Foto: Juvenal Balán
Al presentar los resultados del cumplimiento de las directivas generales para enfrentar el delito, las ilegalidades y las indisciplinas sociales, el miembro del Buró Político del Partido, Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República, señaló que no se alcanza el impacto necesario en la transformación de los problemas existentes al respecto.
 
En el enfrentamiento a las violaciones de precios, puntualizó, se reflejan deficiencias que van desde su concertación, con muestras poco representativas de productores y prestadores de servicios.
 
Dijo que existen, además, debilidades en la efectividad de los mecanismos de atención y control sobre los actores económicos no estatales, los que comercializan productos de alto impacto para la población; así como falta de gestión de las empresas de Comercio y Gastronomía, las que, de manera general, están comprando productos de forma mayorista a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y las comercializan a elevados precios, buscando que les garanticen rentabilidad.
 
Señaló que en la elaboración de las fichas de costos se constata falta de gestión, ausencia de análisis integrales y oportunos, además de fallas en la preparación de sus especialistas.
 
Valdés Mesa destacó que constituye una limitante para prevenir, enfrentar y transformar la situación antes descrita, el bajo nivel de completamiento y fluctuación de agentes del orden público, jefes de sectores de la Policía Nacional Revolucionaria, inspectores integrales y de otros organismos, gestores de cobros, auditores, fiscales, jueces, trabajadores sociales, entre otros actores.
 
Estas consideraciones, resaltó, vienen de un proceso de seguimiento y control, con análisis en reuniones con gobernadores, en visitas gubernamentales, y los resultados de las visitas de las comisiones conformadas por el Secretariado y la estructura auxiliar del Comité Central del Partido.
 
Puntualizó que esto devino en más de cien acciones de comprobación, 1 275 reuniones de intercambio con organizaciones, contactándose con alrededor de 40 000 personas.
 
«Corresponde a cada órgano, organismo y entidad desempeñar un papel más dinámico y efectivo en la prevención y el enfrentamiento», enfatizó el Vicepresidente de la República.
 
SITUACIÓN ACTUAL
 
Transcurridos ocho meses, la implementación de las directivas se realiza en medio de una compleja situación, agudizada por el bloqueo económico estadounidense y su recrudecimiento, los impactos de la crisis internacional y la guerra mediática dirigida por el Gobierno de Estados Unidos contra Cuba.
 
A lo anterior, subrayó Valdés Mesa, se unen problemas internos –muchos objetivos, pero también algunos subjetivos–, entre los que se encuentran el mal uso de la tierra, que ha provocado escasez de productos agropecuarios e industriales; limitados servicios a la población, problemas organizativos y de dirección, falta de accionar de algunos directivos y funcionarios para escuchar, atender, informar y actuar en la búsqueda de soluciones.
 
El Vicepresidente manifestó que, dentro de las principales distorsiones aparecen las que afectan la política de precios con referencia al tipo de cambio informal de la divisa, la especulación financiera en el mercado informal, la retención de fondos financieros por remesadores ilegales en el exterior y su desvío para pagos a favor de actores económicos no estatales fuera del control del Estado, pagos indebidos, baja productividad del trabajo y pocas ofertas por el incumplimiento de producciones físicas y el poco empleo de recursos locales.
 
A pesar de lo anterior, expresó que no han sido las políticas de choque las soluciones a nuestros problemas; se han aprobado y aplicado diversas
 
medidas que deben contribuir a la producción de más alimentos, mejorar los servicios y alcanzar resultados superiores con impacto en las políticas sociales.
 
«Aun existiendo esta situación, se garantizan los servicios básicos de Salud a la población, el funcionamiento del sistema de Educación, se aseguran oportunidades de estudio y se ejecutan acciones en comunidades identificadas para su transformación social», destacó.
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CONTROL
 
El Gobierno dispone de un Sistema de Evaluación y Control de este proceso que atañe a todas las actividades, estructuras y niveles, precisó Valdés Mesa.
 
En este sentido, explicó que los grupos de Prevención y Atención Social en los consejos populares deben fortalecer su papel en el seguimiento intencionado a personas que requieren tratamiento para su reinserción social.
 
Además, se requiere incrementar y sistematizar la información de contenidos dirigidos a fomentar la cultura del respeto a la convivencia social, el acatamiento a la legalidad y el rechazo a las conductas negativas en la sociedad.
 
Precisó que se potencia la identificación y el control sobre categorías de personas dentro de la delincuencia, en especial asociadas a delitos y conductas antisociales reincidentes o agravadas.
 
«El registro delictivo, en general, aumentó comparado con igual periodo de años anteriores. En su comportamiento, influyen la tolerancia por parte de la población, que no siempre la repudia ni informa a las autoridades responsables de enfrentar estos hechos», manifestó.
 
Por otra parte, apuntó el Vicepresidente que la no erradicación y el continuo surgimiento de las indisciplinas y violaciones urbanísticas en todo el territorio nacional, y el incumplimiento de los planes de ordenamiento territorial, atentan contra la calidad y sostenibilidad de servicios básicos como el abasto de agua, la electricidad y el saneamiento.
 
En la compleja situación descrita, corresponde a cada órgano, organismo y entidad del Estado un papel más dinámico y efectivo en la prevención y el enfrentamiento a estos fenómenos, a partir del encargo estatal.
 
Comentó que se debe incrementar el accionar e influencia de las organizaciones políticas, sociales y de masas a la comunidad, contribuyendo a la formación de las nuevas generaciones, y en ejercer presión o control social en contra de las acciones delictivas, las ilegalidades e indisciplinas sociales.
 
PRINCIPAlES PROBLEMAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS DIRECTIVAS
 
Se aprecian debilidades en el control interno y la protección de los recursos de todo tipo.
Están identificada s por los trabajadores sociales 313 739 personas en condiciones de estudiar y trabajar, aunque 61 605, el 20 %, lo hacen de manera informal y violan, además, el fisco.
Se avanzó en la evaluación de los barrios y focos precarios, aunque los problemas asociados a la vivienda no alcanzan el ritmo necesario.
No se han generalizado las rendiciones de cuenta de los directivos con la sistematicidad y la calidad requeridas, especialmente de aquellos con recursos materiales y financieros a su cargo.
No es suficiente el enfrentamiento a los vendedores ilegales, y persisten trabas en los trámites que realiza la población.
Valdés Mesa destacó que se han aplicado alternativas para la mejor comercialización de los productos regulados y controlados y se requiere de su consolidación, a partir de una mayor y mejor oferta con precios razonables.
 
Asimismo, significó que no se ha concluido la digitalización de las Oficodas (Registro de Consumidores).
 
Refirió que se han detectado 364 000 personas que indebidamente recibían productos de la canasta familiar normada; existe falta de ofertas de productos agropecuarios con precios abusivos, asuntos que generan irritación y malestar en la población.
 
Señaló que no se publican los listados de precios, los irrespetan o no los cumplen, y existen problemas con el funcionamiento de los comités de contratación de precios.
 
Es necesario, explicó, revertir los bajos niveles de efectividad de las direcciones de inspección y supervisión, alcanzar la eficacia en la gestión de cobros de multas y una disciplina tributaria, que incluya la subdeclaración y evitar la evasión fiscal.
 
Valdés Mesa dijo, a modo de resumen, que los resultados de la implementación de las directivas no alcanzan la efectividad que se necesita.
 
No obstante, apuntó que se han realizado acciones que irán contribuyendo a eliminar las causas y condiciones que favorecen la ocurrencia de estos fenómenos, por ejemplo:
 
Son protegidos 22 280 núcleos por la Asistencia Social.
Vinculación laboral de personas desvinculadas aptas para el empleo.
Entrega de 5 074 subsidios para acciones constructivas y legalización de viviendas.
Aplicación de diferentes alternativas para la mejor comercialización de los productos regulados.
PROYECCIONES EN LA CONTINUIDAD DEL TRABAJO CON LAS DIRECTIVAS
 
Incrementar las acciones de las administraciones, organizaciones políticas y de masas en las comunidades, demarcaciones de los consejos populares y municipios, con impactos en la contención y reducción del delito.
Concluir, por el Ministerio de Finanzas y Precios, la conceptualización de precios abusivos y especulativos.
Concluir el perfeccionamiento y la explotación de la aplicación informática para el control y gestión del cobro de las multas.
Incrementar los ingresos tributarios como resultado de mayor control y exigencia.
Incrementar el rigor y la efectividad de las acciones de enfrentamiento por los órganos y organismos especializados.
Incrementar la divulgación y comunicación de las acciones de enfrentamiento, para disuadir, prevenir y movilizar a la población en función de la contención y reducción del delito.
Promover el acceso a empleos de calidad e incrementar el control popular para enfrentar los precios abusivos.
 
Díaz-Canel afirmó que «no podemos permitir que quienes no trabajen, no aporten y se mueven en un entorno de ilegalidad, ganen más y tengan mejores condiciones de vida que los que laboran honradamente y protagonizan la historia del heroísmo cotidiano del pueblo cubano». Foto: Juvenal Balán
EN EL CAMINO DE LA RESOLUCIÓN DE ESTOS PROBLEMAS
 
«Resolver estos problemas tiene que ver con el bienestar del pueblo», precisó el miembro del Buró Político del Partido, Esteban Lazo Hernández, presidente de la ANPP y del Consejo de Estado.
 
Propuso, como sugerencia al Dictamen sobre el informe debatido, la creación de un plan único de protección y vigilancia, integrado por todas las fuerzas del país, para combatir el delito, las ilegalidades e indisciplinas sociales.
 
En este sentido, Leidys María Labrador Herrera, diputada por el municipio de Puerto Padre, en Las Tunas, comentó que, durante el intercambio en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, se evidenció que existe una coherencia de acción y pensamiento entre el Ministerio del Interior, la Fiscalía y el Sistema de Tribunales, además de una correlación de fuerzas entre estos sobre cuáles son los delitos de atención priorizados en nuestro país.
 
La diputada de Boyeros, Yanet Hernández Pérez, gobernadora de La Habana, explicó que, en la provincia, hasta la fecha se han realizado 26 130 acciones integrales de control, que abarcan las 82 áreas que se han definido como las que presentan una mayor complicación en cuanto al delito y las ilegalidades que afectan al pueblo.
 
Como resultado de este empeño, resaltó, se han impuesto 55 801 multas; de ellas 18 323 por precios abusivos, violaciones de normas, retención de mercancías y evasiones fiscales, entre otras, dando cumplimiento a las directivas del Estado y del Gobierno.
 
Gerardo Hernández Nordelo, diputado por el capitalino municipio del Cerro, y miembro del Consejo de Estado, reflexionó que el hecho de que la Asamblea Nacional del Poder Popular discuta este tema, demuestra la determinación del Parlamento de analizar los problemas de nuestro pueblo, «pues nadie duda que el delito y la ilegalidad es algo que aqueja a la población», afirmó.
 
INDISCIPLINAS EN LOS PAGOS DE LAS MULTAS
 
Sobre el pago de las multas, Vladimir Regueiro Ale, ministro de Finanzas y Precios, puntualizó que actualmente faltan por cobrar unos 725 millones de pesos pendientes en multas que no se han gestionado adecuadamente.
 
Al cierre del mes de junio, indicó el titular del Ministerio de Finanzas y Precios, se reportó una ligera recuperación en relación con periodos anteriores, de un 3,5 % en el cobro de las multas, pero son más de 320 000 multas las que están pendientes de gestionarse.
 
Señaló que en esta situación inciden cuestiones objetivas como el bajo completamiento de los gestores de cobro, del propio personal y de funcionarios de las oficinas de control y cobro de multas, a pesar de que hace un año y medio se cuenta con un sistema informático novedoso para el cobro de multas.
 
Dentro de las líneas de actuación, subrayó, primero está superar la inercia en las gestiones de cobro. «En esto nos ha faltado la conducción precisamente de nuestro Ministerio; tenemos que hacer más y controlar estos procesos de gestión y cobro», dijo.
 
PERFECCIONAR ACCIONES DE CONTROL EN EL COMERCIO INTERIOR
 
Como parte del debate, Betsy Díaz Velázquez, ministra del Comercio Interior, destacó que para la implementación de la Directiva se elaboró un plan de acción, y «hoy la mayor fortaleza que tenemos es poder aplicar, de una manera diferente, el control funcional desde el organismo».
 
Una segunda acción tiene que ver con la necesaria integración con los gobiernos locales, para lograr que el Comercio aplique, de una manera más efectiva, la concertación de precios, la efectividad de los análisis en los comités de contratación y el uso adecuado de la Resolución 99.
 
El sistema de comercio, dijo, genera varias cadenas de impago en el país, manteniendo cuentas por cobrar y por pagar envejecidas, que constituyen causas y condiciones de hechos delictivos, con un impacto desde los importadores hasta los productores.
 
En este sentido, desde hace varios años se ha intencionado la aplicación y el uso de los canales de pagos electrónicos, y no se han logrado los resultados necesarios, a pesar de existir todas las condiciones.
 
Además de la imprescindible capacitación, exigencia y comunicación que la tenemos que tener con nuestros trabajadores en la relación cliente-consumidor, proponemos avanzar en exigir que todos los establecimientos que realicen actividad de comercio en el país, tanto estatales como no estatales, garanticen las condiciones para el cobro electrónico a sus clientes, empleando las pasarelas de pago existentes o los terminales de punto de venta.
 
OTRAS MEDIDAS EN ESTE SENTIDO SON:
 
Instaurar el predominio del uso de canales de pago electrónico en la venta de bienes y servicios que se realizan entre personas naturales y jurídicas.
Seleccionar actividades donde el pago electrónico sea el medio de pago exclusivo.
Ampliar la oferta y el empleo de las tiendas virtuales existentes.
Ampliar, de forma efectiva, los incentivos a los consumidores, a los dependientes, y penalizar los depósitos en efectivo.
Trazar metas con las condiciones de infraestructura que existen en el país, y poder llegar con mejores resultados antes de que finalice el año y, además, ser consecuentes con el necesario proceso de bancarización que está aprobando el Consejo de Ministros.
ERRADICAR LAS ILEGALIDADES URBANÍSTICAS
 
En cuanto a las ilegalidades que se cometen en el urbanismo, el general de División Raúl Acosta Gregorich, presidente del Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo (Inotu), informó que iniciaron 2023 con un inventario de 124 370 ilegalidades controladas en todo el territorio nacional, con las mayores incidencias en La Habana y Matanzas.
 
Sobre esa base, puntualizó, se hizo un plan de erradicación de ilegalidades para 2023, el cual contempla eliminar 33 000. Hasta el momento, se va cumpliendo, en correspondencia con lo que se planificó, y al cierre de junio marchaba en un 54 %, con atrasos en el municipio especial Isla de la Juventud y en la provincia de Matanzas.
 
Acosta Gregorich precisó que, durante este año, han estado enfrascados, fundamentalmente, en evitar que se produzcan nuevas ilegalidades; no obstante, se han registrado unas 12 250 y se ha logrado erradicar el 98,7 %, estando todavía insatisfechos, porque «debemos trabajar de conjunto todos para lograr que no se produzcan nuevas ilegalidades, y que se erradiquen las que se cometan en los territorios», ponderó.
 
Sobre esta base, indicó que se ha organizado un plan de acción en el Inotu, fundamentalmente de preparación y de capacitación de todo el personal, lo cual es necesario para poder ejecutar los controles con profesionalidad.
 
FORTALECE SU TRABAJO LA POLICÍA REVOLUCIONARIA
 
El diputado por Pinar del Río, primer coronel Eddy Manuel Sierra Arias, jefe de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), expresó que se realiza un conjunto de acciones para fortalecer el trabajo en los principales consejos y barrios donde más se ha señalado no solo la actividad delictiva, sino también problemáticas sociales acumuladas.
 
Se trabaja además en el fortalecimiento de la seguridad de nuestras autopistas, carreteras y principales vías, así como en el reforzamiento de los puntos de control.
 
Expresó que se trabaja en mantener la protección de los recursos, reforzando las medidas operativas públicas y otra serie de acciones en aquellos lugares donde se concentra la mayor cantidad de cargas de alimentos; un objetivo que se debe lograr, además, en conjunto con los organismos del Estado y de la población.