El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, reiteró hoy que el bloqueo de Estados Unidos es el principal obstáculo para el desarrollo económico de la isla.
 
En Twitter, el ministro cubano de Relaciones Exteriores reafirmó también que 'constituye una violación de los derechos humanos de su pueblo'.
 
Añadió que la medida de Washington califica como acto de genocidio y es violatorio de la Carta de Naciones Unidas y el Derecho Internacional.
 
Desde hace casi 60 años, Estados Unidos impone a Cuba un cerco económico, comercial y financiero para, como refieren los propios documentos de la Casa Blanca, lograr un cambio de régimen en la nación caribeña.
 
La comunidad internacional confirmó en 27 ocasiones, desde 1997 hasta el 2018, ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas su rechazo a dicha política, cuyos perjuicios a la isla ascienden a más de 933 mil millones de dólares. No obstante, el gobierno estadounidense hace caso omiso al reclamo mundial por el cese del bloqueo y, por el contrario, recrudece el cerco con nuevas medidas y más mecanismos de persecución de las finanzas y negociaciones de la nación caribeña en el exterior.
 
Precisamente, en mayo de este año, la actual administración del país norteño, encabezada por Donald Trump, activó los títulos III y IV de la Ley Helms-Burton, criticada por expertos por su marcado carácter extraterritorial.
 
El acápite III dio luz verde a la posibilidad de entablar querellas en cortes norteamericanas sobre propiedades nacionalizadas en los primeros años de la Revolución; mientras que mediante el IV se impide la entrada a Estados Unidos a los empresarios y sus familias, sin importar su nacionalidad, que tengan negocios relacionados con esas propiedades.
 
Actualmente, las empresas cubanas Corporación CIMEX S.A. y la Unión Cuba Petróleo (CUPET) dan los pasos formales, por medio de sus abogados, para defenderse en una corte federal del distrito norteamericano de Columbia, ante la demanda presentada por la multinacional ExxonMobil al amparo del título III.
 
De acuerdo con las autoridades de La Habana, la aplicación de Helms-Burton es un ataque a la soberanía de Cuba y otros Estados, y su artículo tercero está dirigido a privar a la mayor de las Antillas de inversiones extranjeras, amenazando a los socios actuales y potenciales.
 
También opinan que demuestra la capacidad de Washington de causar daño, pero evidencia, a su vez el fracaso en su empeño en doblegar la voluntad de los cubanos de defender su soberanía.