La justicia es un derecho que tienen todos los movimientos revolucionarios para protegerse y al propio tiempo buscar la forma de triunfar, considera el doctor Miguel Ángel Duque de Estrada Ramos, quien afirma que en el caso cubano, la justicia revolucionaria ha sido una desde el 10 de octubre de 1868, porque el Ejército Rebelde siempre aplicó el mismo código penal que el Ejército Libertador, protegiendo los mismos intereses.

Auditor de la Columna Invasora No. 8 Ciro Redondo, bajo el mando del comandante Ernesto Guevara, Duque de Estrada, graduado en la carrera de Derecho en 1955, asumió la auditoría de La Cabaña en la madrugada del 3 de enero de 1959.  

Desde los primeros días, y ante el reclamo popular, la Revolución procedió a cumplir lo planteado por su líder, Fidel Castro Ruz, tanto en su alegato en el juicio que se le siguió por los sucesos del 26 de julio de 1953, como en ocasiones posteriores, en relación con que algún día los criminales saldarían su deuda.  

Así lo indica el entrevistado, quien señala que, excepto en la entonces provincia de La Habana, en los municipios del resto del país se establecieron tribunales revolucionarios que juzgaron a connotados criminales, pero siempre a partir de las leyes penales previas.  

Por aquellos días la prensa divulgó en detalles tal acontecimiento, hecho aprovechado desde Estados Unidos para emprender una calumniosa campaña destinada a presentar a Cuba ante el mundo como una nación salvaje sumida en una sangrienta orgía.  

La manipulación de los hechos, por parte de las agencias de prensa internacionales, especialmente las estadounidenses, llevó a que Cuba desarrollara la Operación Verdad, la cual incluyó una concentración popular en apoyo al desempeño de los tribunales revolucionarios y un encuentro de Fidel al día siguiente con cerca de 400 periodistas extranjeros.  

Acontecer en La Cabaña  

“Lo cierto es que en esta Revolución no hubo ni un solo exceso, como ocurrió, por ejemplo, en ocasión del derrocamiento de la tiranía de Gerardo Machado, y ello se debió a que en su discurso de la madrugada del 2 de enero, el Comandante en Jefe llamó al pueblo a capturar a los criminales y entregarlos para que fueran juzgados y sancionados”, argumenta Duque de Estrada.  

Fidel responsabilizó al Che con la realización de los juicios a los criminales de guerra en La Cabaña, y este encomendó a Duque de Estrada la organización de los tribunales. En la mañana del día 8 quedó creada la Comisión Depuradora e Investigadora de La Cabaña, la cual tuvo que emprender un trabajo muy intenso debido a la cantidad de detenidos sin cargos a quienes era preciso investigar.  

“Rápidamente fuimos creando ese aparato —indica Duque de Estrada—, y durante las investigaciones encontramos muchas cosas, desde un intento de ajuste de cuentas hasta falsas acusaciones para facilitar situaciones amorales. Esa labor determinó que de los 3 mil detenidos, solo 777 fueran procesados. Estos gozaron de todas las garantías procesales: abogado defensor, se les permitieron las visitas de sus representantes religiosos, y las vistas fueron públicas y con total acceso de la prensa.  

“Los juicios, que en La Cabaña comenzaron el 1º de febrero y concluyeron el 25 de mayo, se hicieron con todas las de la ley”. En ocasiones llegaron a tener seis salas funcionando a la vez. En 114 días celebraron 346 consejos de guerra ordinarios, en 43 de los cuales 77 acusados fueron sancionados a la pena de muerte.  

El doctor Duque de Estrada resume: “Todos apelaron y el Consejo Superior de Guerra celebró 37 sesiones. Che presidió el primero de esos consejos, y seis más, todos en el mes de febrero: en ellos se revisaron 13 casos, de esos conmutó uno y ratificó el resto. Los consejos superiores cambiaron 26 sanciones por diferentes penas, y ratificaron las 51 restantes. Otras 14 pendientes pasaron al Tribunal Supremo de Justicia cuando el 9 de julio se determinó que esa instancia se encargara del proceso.  

“En La Cabaña fue juzgado también el estadounidense Robert Allan Nye, implicado en un plan para asesinar a Fidel. Se le sancionó a la pena capital, pero en su caso no se presentó recurso de apelación porque el Consejo de Guerra Ordinario dispuso la suspensión de la sentencia para que se procediera a expulsarlo del territorio nacional, con la reserva de que aquella sería ejecutada si en algún momento y bajo cualquier circunstancia regresaba a Cuba.  

“Creo que la visión de Fidel sobre cómo debía aplicarse la justicia revolucionaria salvó muchas vidas, e impidió que absolutamente nadie tomara la justicia por sus manos”.