Una mesa repleta de exquisiteces pudo no ser tocada en el desayuno del 27 de junio de 2002, por efecto de la inapetencia y la migraña. Debe haberle ocurrido a George Walker Bush, en la Casa Blanca, al amanecer con la noticia de lo que el pueblo cubano había proclamado en su Constitución el día antes: «Cuba no volverá jamás al capitalismo».
 
Un atrevimiento de ese tamaño, en la lógica absurda de un presidente de Estados Unidos, no tenía por qué darse; mucho menos en época de escarmientos, cuando las bombas mostraban su poder desintegrador de pueblos y ciudades en Kabul, Kandahar y en otras metrópolis afganas, preludio de lo que, ya anunciaban, ocurriría en Iraq y en cualquier parte del mundo donde el imperio dijera «no», y alguien lo contradijera.
 
Es verdad que la Cuba revolucionaria, la de Fidel, la de su pueblo, llevaba más de 40 años sin tutela foránea, decidida a todo por preservar sus realizaciones. Pero también es cierto que la coyuntura era inédita, sin campo socialista ni Unión Soviética.
 
Una tisana de arrogancia y una buena dosis de subestimación made in USA, añadidas a esa realidad, le habían bastado a un despistado Bush, para rodearse de mafiosos cubano-americanos miamenses –sus cúmbilas–, y lanzar groseras diatribas contra nuestra nación.
 
«Elegido» Presidente de su país, por minoría de los votos –«democracia» estadounidense–, e ignorando las cuatro décadas de una Cuba con dueño único: su pueblo, Bush se tomó la atribución de exigir «elecciones libres y limpias» (al estilo de las suyas).
 
Y fue más lejos en sus exigencias. Ignorante, reclamó «reformas de mercado; entonces –dijo– trabajaré con el Congreso de EE. UU. para atenuar la prohibición de comerciar y de viajar entre nuestras dos naciones». Agregó que «la total normalización de las relaciones solo será posible cuando Cuba tenga un nuevo Gobierno».
 
Con su pronunciamiento insolente, el gaznápiro de turno en la Casa Blanca buscaba una reacción popular en Cuba. Y la consiguió. Más de 9 000 000 de cubanos, convocados por sus organizaciones de masas y sociales, tomaron las calles del archipiélago, y por voluntad propia, expresada en 8 198 237 firmas públicas de electores, pidieron que la Asamblea Nacional del Poder Popular reformara nuestra Constitución.
 
El 26 de junio de 2002, el órgano legislativo, en nombre del pueblo de Cuba, adoptó cambios en la Carta Magna; 36 días después de las diatribas planteadas por Bush, la respuesta cubana le estropeaba su desayuno: «En Cuba el socialismo es irrevocable».