El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, rechazó enérgicamente a través de su cuenta en Twitter, la postura injerencista del Alto Representante de la Unión Europea, Josep Borrell.
 
«Solo nuestros tribunales, y no ninguna autoridad europea, están facultados para emitir sentencias en apego estricto al debido proceso», afirmó en el también miembro del Buró Político al rechazar enérgicamente la declaración sobre Cuba del Alto Representante de la Unión Europea (UE), Josep Borrell.
 
La Unión Europea debería ocuparse de los episodios de represión que se producen en sus Estados miembros, y de los menores detenidos en sus cárceles, añadió el Canciller.
 
A la UE, que actúa con evidente doble rasero, no le asiste derecho alguno o autoridad moral para intervenir en cuestiones solo competen a Estado Cubano.
 
«No le asiste derecho alguno o autoridad moral a la ue para intervenir en cuestiones que solo competen al Estado cubano», denunció.
 
La embajadora de la Mayor de las Antillas en el Reino de Bélgica y ante la Unión Europea, Yaira Jiménez Roig, señaló que «una vez más la UE va en contra del fomento de las relaciones con Cuba y niega el interés por fortalecer el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre ambas partes.
Cuba no acepta la injerencia en sus asuntos internos». Además, «se obvia la agresión permanente a Cuba por parte de EE.UU., el bloqueo genocida, y la instigación sin freno al odio contra nuestro proyecto político y social», enfatizó.
 
El 30 de marzo, el Consejo Europeo publicó una Declaración del Alto Representante en nombre de la UE sobre los juicios y sentencias relacionados con los hechos del 11 y 12 de julio de 2021 en Cuba, que tilda los veredictos como «desproporcionados» y, entre otros criterios injerencistas, llama a las autoridades cubanas a permitir que la comunidad diplomática asista a los juicios.
 
El eurodiputado y miembro del Partido Comunista de España, Manu Pineda, expresó que considera que esta declaración es una injerencia inadmisible en las decisiones del sistema judicial de un Estado soberano.