Cuba no espera de los Estados Unidos regalo alguno, ni reclama un trato comercial preferencial, ni créditos blandos. No pide a ese gobierno donaciones, ni asesores, ni asistencia técnica.
 
    Tampoco exige cambios en el ordenamiento político interno de ese país, ni impone su genuino reclamo de justicia para los sectores más desfavorecidos de la población, los presos por razones políticas, los que sufren el racismo, el excesivo número de condenados a muerte, los inmigrantes maltratados y los millones de víctimas de un sistema político, económico y social que los excluye cada vez más, sin esperanza de cambio.
 
Lo que Cuba tiene derecho a demandar es que los Estados Unidos respeten nuestras prerrogativas soberanas y desistan de actuar con el pretendido privilegio de dominar el destino de la nación cubana, en otras palabras, que se termine la agresión y nos dejen en paz.
 
Como mínimo y al amparo del Derecho Internacional, lo que Cuba tiene la legitimidad de reclamar al gobierno de los Estados Unidos son acciones tan sencillas y nada ambiciosas como las siguientes:
 

•     a) que ponga fin al bloqueo económico, a la injerencia en los asuntos internos de Cuba, al financiamiento millonario de la subversión política y a la tolerancia que disfrutan grupos terroristas que desde ese país actúan contra Cuba;
•     b) que abandone la persecución de los suministros de combustible a Cuba desde terceros mercados, de las transacciones financieras en terceros países y de las gestiones comerciales de nuestro país en cualquier rincón del planeta;
•     c) que cumpla sus compromisos con los acuerdos migratorios bilaterales, en particular la migración cada año de al menos 20 mil cubanos hacia los Estados Unidos;
•     d) que restablezca los servicios migratorios y consulares de su Embajada en La Habana, de la que dependen ciudadanos que habitan en ambos países;
•     e) que elimine las limitaciones a los viajes y la trasportación aérea entre los dos países;
•     f) que elimine la prohibición a las remesas que envían ciudadanos comunes desde los Estados Unidos a sus familiares y allegados en Cuba;
•     g) que devuelva a Cuba el territorio que desde 1902 ocupa la base naval estadounidense establecida en la provincia de Guantánamo.

 
Nada de lo anterior lacera un ápice la soberanía de los Estados Unidos, ni compromete su seguridad nacional. Todo puede lograrse aun si derogar esa barbaridad de legislación comúnmente llamada Helms-Burton, que constituye testimonio insuperable de la ambición imperialista estadounidense sobre Cuba y cuya existencia hace imposible la sostenibilidad de una eventual relación perdurable entre los dos países.
 
El análisis de los acontecimientos ocurridos el 11 de julio no puede realizarse sin considerar las limitaciones económicas actuales de nuestro país, agravadas esencialmente por el bloqueo económico de los Estados Unidos y los efectos sanitarios, sociales y económicos de la pandemia de COVID-19, escenario que genera una tensa situación social, que perjudica y ciertamente inquieta a la mayoría de los cubanos.
 
No podría desconocer insuficiencias de gestión en varios territorios, y los obstáculos que por razones diversas han dilatado el proceso de actualización del modelo socialista cubano y nuestra capacidad de responder a necesidades apremiantes.
 
Esa realidad, que compete a los cubanos encarar, el imperialismo la quiere aprovechar para cumplir los viejos propósitos hostiles y de dominación contra Cuba. Ha intentado sin mucho éxito movilizar en la campaña a sus aliados, a veces con presiones que rozan con el chantaje, y ha desatado con ese fin una ofensiva mediática y mendaz, haciendo uso de su dominio monopólico de los grandes medios de información masiva y de las redes digitales.
 
    Ha pretendido explotar esta difícil situación, como ha querido aprovecharse de la pandemia COVID19, para aplicar contra Cuba una política de máxima presión y estimular por vía de las redes digitales sentimientos de frustración, angustia y desesperanza en una población que enfrenta a diario duras carencias y difíciles condiciones sociales para las que no hay respuesta sencilla.
 
Ha estimulado también sentimientos de odio y resentimiento, muchos de ellos importados del agrio clima de agresividad política que caracterizó la campaña electoral de los Estados Unidos en el año 2020, particularmente en el sur del estado de Florida. Primó allí con asombrosa crudeza la intolerancia ideológica, el extremismo, el uso de la calumnia y el sicariato mediático.
 
Son formas de hacer política y promover campañas ajenas a la realidad cubana, que intentan penetrar ahora en nuestro entorno gracias al desarrollo de las modernas técnicas de comunicación y el abuso deliberado de ellas por parte del gobierno estadounidense y sus servicios especiales.
 
En línea con los propósitos de Washington, grandes organizaciones y cadenas mediáticas describen lo que aconteció en Cuba el 11 de julio con un empeño inocultable de magnificar lo ocurrido e intentos de hacer creer que nuestro país lleva días bajo una revuelta popular. Es un libreto preconcebido que responde a objetivos políticos. Se acompaña de otras grandes falsedades que no tiene sentido comentar aquí.
 
    En ese ambiente, no han faltado llamados a que se proyecten contra Cuba agresiones bélicas, a veces con el disfraz desprestigiado de las “intervenciones humanitarias”.
 
Entretanto, nadie se acordó más de Matanzas, territorio nacional que sirvió a los supuestos inquietos para lanzar o acompañar la farsa digital con la etiqueta SOS. Quien se ocupa y continúa asegurando la respuesta a la compleja situación epidemiológica de la provincia es el Estado cubano, su personal de la salud y de otros servicios, acompañados por el pueblo solidario y las familias cubanas.
 
Si al gobierno de los Estados Unidos le inquietara con honestidad el bienestar del pueblo cubano y tuviera alguna motivación real para aliviar la indiscutible presión de factores socioeconómicos que lo afectan, hay acciones concretas y de implementación inmediata, cuyo impacto repercutiría favorablemente en todo el pueblo. Se requeriría de parte de Washington la voluntad, ya enunciada una vez hace pocos años, de abandonar la práctica de castigar a toda la nación cubana, como modo de enfrentar las discrepancias políticas que tiene desde hace mucho con la voluntad nacional de esta tierra y este pueblo indomables.