El cerco impuesto por Estados Unidos contra Cuba cierra el 2020 como uno de los períodos de mayor presión para el desarrollo de la nación caribeña, influenciado por la administración del republicano Donald Trump.
 
La política hóstil de Washington se ratificó como el principal obstáculo para la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, la Agenda 2030 y sus objetivos en la mayor de las Antillas, de acuerdo con el más reciente informe presentado por La Habana en Naciones Unidas.
 
El bloqueo viola los derechos del pueblo por su impacto en sectores como la salud, educación, agricultura, economía, deporte, cultura, así como en la producción y los servicios, reconoce el texto.
 
Las estimaciones presentadas por Cuba dan cuenta de pérdidas entre abril de 2019 y marzo de 2020 de 160 millones 260 mil 880 dólares en la salud, una de las más afectadas por esta política.
 
Las consecuencias resultan más cruel en el contexto de enfrentamiento a la pandemia de la Covid-19, que marcó un escenario de presión adicional para el sistema de Salud Pública, al dificultar la adquisición de materiales, equipos y otros insumos para salvar vidas.
 
En tanto, la educación, deporte y cultura reportaron daños superiores a 21 millones, nueve millones y 22 millones respectivamente, de acuerdo con el informe titulado Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba.
 
Las dificultades en el suministro de combustible en ese período provocaron, igualmente, interrupciones en los ciclos productivos de varias entidades del sector agroalimentario, así como en los cultivos.
 
De acuerdo con el documento las afectaciones para la alimentación y agricultura alcanzaron en la etapa cifras por un valor aproximado de 428 millones 894 mil dólares.
 
Entre abril de 2019 y marzo de 2020, las numerosas regulaciones y disposiciones emitidas contra Cuba llegaron a niveles de hostilidad considerados sin precedentes.
 
Entre otras, destacan la posibilidad de establecer demandas al amparo del Título III de la Ley Helms-Burton; el incremento de la persecución de las transacciones financieras y comerciales de Cuba y la campaña de descrédito contra los programas de cooperación médica cubana.