Ningún cubano con conocimientos mínimos de historia duda que al triunfo de la Revolución, el Primero de Enero de 1959, Cuba no era de sus habitantes, ni política ni económicamente, y que fue precisamente esa Revolución en su tercera etapa, liderada por Fidel Castro, la que le devolvió al pueblo su patria, atada a los Estados Unidos desde la ocupación militar de finales de 1898.
 
En concreto, en 1959 Cuba no era de los cubanos, sino un mero protectorado de los Estados Unidos en el Caribe, lo que no niega que existían aquí personas nativas muy adineradas, con importantes propiedades que tampoco eran del pueblo, sino que servían para explotarlo, en calidad de peones mal retribuidos, en tanto sus “empleadores” no eran otra cosa que testaferros del capital extranjero, al cual representaban, muchas veces para permitirles acogerse a los beneficios dispensados a las inversiones de capital “nacional”.
 
Lo cierto es que, con la llegada de la Revolución al poder, el rescate del país para sus moradores devino tarea de primer orden para sus nuevas autoridades y se empezó por crear un Ministerio de Recuperación de Bienes Malversados, destinado a devolver al Estado cubano los recursos muebles e inmuebles ilegalmente adquiridos por los personeros del régimen recién depuesto, como fincas, industrias, casas, automóviles y dinero, entre otros.     
 
La mayoría absoluta de ese estamento, por no decir la totalidad, se llevó para EE.UU. más de 400 millones de dólares en efectivo y cuentas bancarias de reciente data; no obstante, el citado ministerio, bajo la titularidad del comandante espirituano Faustino Pérez, pudo recuperar recursos de todo tipo equivalentes por su valor al dinero robado al tesoro cubano.

La reforma agraria, un hito
 
De acuerdo con la letra de la Constitución de 1940 y en cumplimiento del Programa del Moncada, se suscribe el 17 de mayo de 1959 en la Sierra Maestra, la Ley de Reforma Agraria, que en su primera etapa estableció la liquidación de los latifundios y fijó en 30 caballerías el límite máximo a poseer por particulares.
 
 A unos 12 000 terratenientes cubanos y extranjeros se les expropiaron 350 000 caballerías de tierra, de las que una parte importante fue repartida a los campesinos, a razón de 2 caballerías por titular, mientras se reconocía la titularidad a otros ya propietarios con documentos legales y a los arrendatarios, aparceros y precaristas.
 
Fue la Reforma Agraria impulsada por Fidel Castro desde su cargo de primer ministro la más trascendental de las medidas adoptadas por la Revolución en su primera etapa, pues benefició a más de 100 000 familias campesinas y asestó un duro golpe al latifundismo y al dominio imperialista sobre Cuba. Vale decir que esta ley digna y ajustada a derecho fue como la señal que Washington y sus incondicionales en la isla estaban esperando para desatar todo tipo de agresiones contra el joven Gobierno revolucionario.

El incidente de las petroleras
 

En junio de 1960 detona el incidente creado cuando el Instituto Cubano del Petróleo (ICP), de reciente creación, trata de obtener crudo más barato con una compañía independiente estadounidense radicada en Venezuela, pues las refinerías en la isla de las compañías estadounidenses Texaco y Esso y la anglo-holandesa Royal Dutch Shell traían petróleo de sus yacimientos en el país suramericano, lo refinaban y lo vendían a precios de monopolio, concertados entre ellas, las que también eran llamadas Las tres hermanas.
 
Pero la Superior Oil Company, la entidad con la cual Cuba trató de reducir su factura petrolera, no tenía barcos propios y los de las demás citadas se negaron a transportarlo, de manera que Cuba consiguió un convenio ventajoso con la Unión Soviética y los tres monopolios aludidos se negaron a procesarlo en sus refinerías.
 
Fue el primer intento serio de colapsar la economía de la isla para provocar un cambio de régimen, a pesar de que violaban una ley vigente de 1938 según la cual esas compañías estaban obligadas a refinar el petróleo que el Estado cubano les entregase. El chantaje terminó de manera inopinada para sus gestores cuando, entre el 28 y el 30 de junio de ese año, el Gobierno cubano decretó la nacionalización de las tres refinerías.

Los golpes de agosto y octubre del 60
 
Es hecho histórico que, como lo planteó Fidel en el juicio por los sucesos del 26 de Julio de 1953, la Revolución que pretendía realizar emprendería una transformación radical del estado de cosas en el país, lo que significaba cambiar sus bases políticas, económicas y sociales. Seis años después con la tiranía derrotada a sus pies y consecuente con esos postulados, el joven líder inició la aplicación del Programa del Moncada teniendo como principales ventajas la sustitución del ejército batistiano por el Ejército Rebelde y el apoyo del pueblo.
 
En febrero del año 1959, el Gobierno revolucionario de la República de Cuba dictó una Ley Fundamental que estableció los lineamientos básicos de un nuevo régimen político, económico y social, escogido en ejercicio del derecho de autodeterminación.
 
Basado en esa Ley se instrumentó la realización de la Reforma Agraria que devolvió al país ingentes cantidades de tierras, incluidos un número importante de centrales azucareros, en aplicación del principio de “expropiación forzosa por causa de utilidad pública”, contemplado en su artículo 24. Más tarde y debido a lo explicado, se aplicó también en el caso de las refinerías.
 

En el período de aproximadamente un año a partir de la Reforma Agraria las relaciones entre Estados Unidos y Cuba entraron en un período de hostilidad desembozada y el 6 de julio de 1960, mediante la proclama presidencial 3355, Dwight Eisenhower canceló las compras de 700 000 toneladas de azúcar contempladas en la cuota para lo que quedaba de ese año. Además, por esos días puso en marcha un programa de acciones encubiertas contra la isla.
 
A esas medidas que se llamaron popularmente Ley Puñal, Cuba respondió con la Ley Escudo, que facultaba al Presidente y al Primer Ministro de la República a nacionalizar empresas y bienes foráneos por la vía de la expropiación forzosa, pero garantizando la correspondiente indemnización. Así, el 6 de agosto de 1960 Fidel anunció la nacionalización de 26 compañías yanquis, así como de 36 centrales azucareros que aportaban la tercera parte de la producción del país.
 
En septiembre fue nacionalizada la banca estadounidense en Cuba y sus compañías de seguro. El proceso interventor hizo una breve pausa, sobre todo para asimilar administrativamente las entidades que pasaban a control del Estado y, el 13 de octubre del propio año 60, por medio del Decreto-Ley 890, fueron nacionalizadas 382 empresas pertenecientes a la burguesía nativa aliada del imperio, entre ellas 105 fábricas de azúcar y otras de textiles, calzado, jabonería y perfumería, conservas y productos lácteos, cines, grandes comercios y almacenes.
 
Al anterior siguió el Decreto-Ley 891 de igual fecha, que puso en manos del pueblo 37 entidades bancarias de propietarios criollos, así como sus 300 sucursales en todo el país. El proceso se completó cuando el 24 de octubre pasaron a la administración estatal las restantes 166 empresas, con lo cual Cuba volvió a ser de los cubanos, pues no se trataba solo del control de posesiones económicas, sino, esencialmente, de la soberanía política de la nación.