De un plumazo el presidente Donald Trump renovó por otro año la llamada Ley de Comercio con el Enemigo, un estatuto de 1917, pero que desde hace seis décadas sustenta el bloqueo económico, financiero y comercial contra Cuba. 'Decidí que es de interés nacional de EE.UU. extender estas medidas contra Cuba por un año', dice el comunicado de la Casa Blanca.
 
Además, el mandatario amplió sus poderes para otorgarse libertad de acción en cuanto al cumplimiento del cerco a Cuba y respecto a la emisión de permisos para transacciones individuales.
 
Desde 1962, cuando el presidente John Kennedy apeló a la referida ley para imponer el bloqueo a la mayor de las Antillas, 10 gobernantes consiguientes renovaron la legislación año por año. No hay entonces nada extraño en que Trump volviera a hacerlo, en particular cuando su administración arrecia la hostilidad contra La Habana con la imposición de sanciones que suman un largo listado de más de 200 disposiciones dirigidas a asfixiar la economía cubana.
 
Ello cuando la isla caribeña enfrenta los embates de la Covid-19, en condiciones difíciles marcadas por el bloqueo estadounidense que le impide acceder a medicamentos, insumos y equipos, incluidos los ventiladores pulmonares utilizados para la respiración asistida a los enfermos graves.
 
Más aun, Estados Unidos inició una cruzada de descalificación a la cooperación médica internacional practicada por Cuba, que envió brigadas sanitarias a decenas de países que solicitaron su concurso para enfrentar la pandemia.
 
De la anterior ocasión en que Trump renovó la Ley de Comercio con el Enemigo, Washington arreció la persecución financiera y proscribió a empresas cubanas encargadas de la compra de combustibles.
 
Además, prohibió los vuelos charter y restringió los comerciales solo al Aeropuerto Internacional José Martí, con evidentes afectaciones a los cubanoamericanos y las familias en la isla. Por ese camino prácticamente impidió los llamados contactos 'pueblo a pueblo', por los cuales representantes de la cultura, la ciencia, el arte, el deporte y otros sectores de ambos países construían una relación alternativa.
 
Desde abril de 2018 hasta marzo de 2019 el bloqueo causó pérdidas a Cuba en el orden de los cuatro mil 343,6 millones de dólares, según un informe presentado por La Habana ante la Asamblea General de la ONU el año anterior. Hasta esa fecha, y a precios corrientes, los daños acumulados durante casi 60 años de la aplicación de esa política alcanzan la cifra de 138 mil 843,4 millones de dólares.
 
Claro que tales números están por debajo a estas alturas, sobre todo porque Cuba decidió presentar más adelante su informe anual ante las afectaciones provocadas por la pandemia en el funcionamiento de la Organización de Naciones Unidas.
 
No obstante, a las puertas del próximo período de sesiones de la Asamblea General, el organismo mundial cuenta hoy con una resolución que expresa, entre otros puntos, el rechazo a medidas coercitivas unilaterales, a propuesta de Cuba.
 
Si bien Estados Unidos e Israel protestaron, la resolución sobre el impacto de la Covid-19 fue muy bien acogida por la Asamblea. La representación cubana, en nombre de otras 20 delegaciones, presentó esa enmienda basada en el lenguaje de la Agenda 2030, que rechaza la promulgación y aplicación de medidas coercitivas unilaterales, e insta a su eliminación.