A las gestas que le dieron a Cuba independencia y soberanía, y cimientos para la justicia social, le rinde profundo homenaje el proceso del cual está surgiendo su nueva Constitución. Será un logro relevante en una historia que –si de cultura jurídica propia se trata– viene de la Asamblea de Guáimaro. Esta, celebrada en medio de las contradicciones de una nación que se fraguaba en la gesta desatada meses antes, el 10 de octubre de 1868, fue imperfecta, pero abrió un camino de civilidad y siembra republicana para las ideas y los actos revolucionarios.
 
La fecha del inicio de la Asamblea en 1869, 10 de abril, la escogió José Martí en 1892 para proclamar la fundación del Partido Revolucionario Cubano. Creado para asumir la herencia del 68 –incluida su «preparación gloriosa y cruenta», como la llamó el propio Martí–, se concibió con la voluntad de evadir las trabas que la habían estorbado, como la desunión, déficit que daba cauce a otros males: regionalismo, caudillismo, indisciplina, ambiciones espurias.
 
En las enseñanzas de Martí se basó el mayor homenaje tributado a su herencia en el centenario de su natalicio: los sucesos que el 26 de julio de 1953 desataron una nueva etapa de lucha armada por la liberación de la Patria y tuvieron entre sus motivaciones la defensa de la Constitución de 1940. Heredera de la fraguada en Guáimaro, y de posteriores afanes por la dignificación del país, no tuvo en la República neocolonial el contexto apropiado para su implementación, y la pisoteó el golpe de Estado que el 10 de marzo de 1952 protagonizó Fulgencio Batista.
 
Contra esa realidad crecieron los ideales sustentados, con Fidel Castro a la cabeza de las fuerzas revolucionarias, en la lucha gracias a la cual 1959 empezó para Cuba con un cambio raigal. El triunfo posibilitó que la nación emprendiera la búsqueda de la justicia, y alcanzara otro logro inseparable de tan magno empeño: se libró de la voraz potencia imperialista que le arrebató la independencia en 1898 y la sometió al neocolonialismo.
 
A partir de 1959, 17 años de brega revolucionaria en las ansias populares de equidad, y de resistencia contra la hostilidad del imperio y sus cómplices, permitieron a Cuba replantear a fondo su realidad nacional y sus relaciones con el mundo. El 16 de abril de 1961, en la víspera de la epopeya de Girón, el líder de la Revolución declaró su carácter socialista, y en 1976 la Cuba revolucionaria se dio su primera Constitución, guiada por ese carácter y aprobada en un proceso de amplia participación popular, verdaderamente democrático.
 
Ahora –a partir del trabajo hecho por una comisión creada con esa finalidad y presidida por el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro– la Constitución se modifica para que la Patria esté mejor preparada en el enfrentamiento de sus desafíos internos en un contexto mundial marcado por el abandono del socialismo en distintas partes. Cuba, lejos de ceder al espíritu de resignación o derrota, se mantuvo firme en la defensa de su independencia y en la decisión de construir el socialismo.
 
Encaró retos y obstáculos derivados tanto del hecho de que ese sistema aún no se ha logrado plenamente en ningún lugar de la Tierra, como de la voracidad imperialista, cada vez más violenta y desfachatada, no solo contra Cuba. En tales circunstancias conforta la actitud que el país ratifica de distintos modos, como ahora con el proceso intensamente democrático en que la Constitución se reforma con el propósito de que la brega socialista del país siga transitando el debido camino.
 
Lo masivamente oído y visto en los debates desarrollados en el seno de la Asamblea Nacional del Poder Popular, estimula por lo que revela de solidez en las ideas, y de sabiduría al defenderlas. Refuerza esperanzas percibir cómo diputados y diputadas discuten libremente, hasta el detalle, cuanto estiman que debe analizarse para que la nueva Constitución se exprese con la mayor claridad posible. Eso se ha podido apreciar, por ejemplo, en el tratamiento del Preámbulo, pieza cardinal que sigue naturalmente iluminada por la aspiración martiana de que la ley primera de la República sea el culto a la dignidad plena de los seres humanos.
 
Ya era un texto de gran valor, y acaso podía estimarse innecesario modificarlo, pero se hicieron aportes para su perfeccionamiento. Así esas páginas, que vienen de la Constitución de 1976 –y en las que Fidel vio con razón, y cabe considerar que simbólicamente, un poema–, se afinarán todavía más y rendirán al líder fundador el homenaje que su legado de ideas y ejemplo merece, y que sería impropio limitar con estatismo o parálisis.
 
Estupenda es la aspiración de que la sociedad cubana se libre por completo de discriminaciones lesivas para el decoro humano. Asimismo, estupendo resulta el propósito de que a la propiedad privada se le apliquen regulaciones acertadas para evitar una concentración indebida, que calzaría otra realidad nociva igualmente: la concentración ilícita de bienes, riquezas y poder de influencia. La realidad mundial muestra que semejante concentración es contraria a un proyecto que solo puede salvarse si se cultiva la equidad social.
 
De ahí que haya visiones y voces que, aun cuando se está en un terreno donde es difícil legislar en términos de mediciones infalibles, adviertan sobre la necesidad de no descuidar nada. Sin agotarse en la letra requerida para un texto de esa naturaleza, el pensamiento revolucionario necesita precisiones dirigidas a prevenir desvíos costosos. Debe mantenerse alerta ante el peligro de montos y modos de enriquecimiento que no responderían a la voluntad de construir el socialismo y podrían oponérsele como un valladar.
 
Otros temas seguirán demandando y recibiendo atención. No es fortuito que en el debate uno de ellos haya sido el lugar que incluso formalmente, hasta en el mero orden de los artículos de la Constitución, debe ocupar el pueblo, protagonista de la obra y garante decisivo para el triunfo de los ideales socialistas.
 
El pueblo –y eso ratifica el carácter democrático de la brega de fines socialistas que él ha defendido y continuará defendiendo– será precisamente, como en 1976 y en otras ocasiones, la próxima Asamblea gigante que tendrá el deber, el derecho y la real posibilidad de analizar el proyecto de Constitución.
 
Libremente hará las recomendaciones que estime necesarias antes de que se someta a la aprobación final.
 
Y después de aprobada la Constitución, el pueblo tendrá a su cargo un cometidoideterminante:idefender, junto a sus instituciones, que ella se aplique, para que verdaderamente sea letra viva, y guíe la vida nacional. Se necesita una creciente cultura jurídica, que empieza por conocer a fondo la Constitución, para que se respeten y se cumplan los deberes y los derechos de la ciudadanía.
 
Ese propósito, básico, requiere un complemento insustituible: la ética, la lucha firme y permanente contra las ilegalidades. Ello también le exige a Cuba un funcionamiento social cotidiano que propicie la legalidad y la honradez. Deben abonarlo la prosperidad justa –no el desmadre de la tenencia material ilícita–, la armonía entre trabajo y remuneración, entre salario y costo de la vida. Esa es una gran tarea para Cuba, si no la mayor.
 
Se sabe que el imperialismo seguirá haciendo todo cuanto esté a su alcance –que no es poco– para impedirle a Cuba realizar sus fines. Sería letal, además de impensable, que ella se sentara a esperar a que aquel renuncie a sus planes, o desaparezca. Igualmente se sabe que el imperialismo y sus voceros de aquí y allá no cesarán en su encono por calumniar a Cuba y todo lo que ella haga.
 
No tiene el país otra opción digna que actuar acertadamente, con el afán de no dar pasos en falso, y combinar educación y leyes desde las familias hasta las más complejas estructuras sociales –en las localidades y en la nación toda–, mantenerse firme en la defensa de los ideales que le han ganado la admiración, el respeto y la solidaridad de otros pueblos. Se lo debe a una Revolución cuyos pilares echaron su suerte con los pobres de la Tierra.