Es imposible hablar de Fidel, como tampoco de Martí, sin establecer un obligado parangón entre ambos, tanto por sus ideales como por los sacrificios a los que se sometieron, en la búsqueda y construcción de un mundo mejor, de una sociedad cada vez más libre.
 
Un acendrado concepto de la justicia y el más cabal sentido de la lucha revolucionaria, constituyen para ambos los ejes de la transformación y el mejoramiento de la sociedad, vincularon en su juventud a Fidel con Martí, hasta convertirlo en su más avanzado discípulo.
 
Fidel es, sin dudas, la continuidad histórica de una lucha de más de 150 años en la formación de la nación cubana. Su pensamiento y su actuar es importante, no sólo como síntesis del pensamiento y las experiencias históricas de los revolucionarios cubanos  -incluido por supuesto Martí-, sino porque además actualiza, fertiliza y promueve el permanente examen de la realidad, a partir del momento histórico que vivimos, lo cual es un aporte de extraordinario valor, una brújula con la cual podemos seguir más seguros por un camino impredecible.
 
En el pensamiento político y jurídico de Martí y de Fidel encontramos valiosas reflexiones y experiencias que constituyen obligada referencia para los cubanos, bajo el enunciado martiano: “Injértese en nuestras Repúblicas el mundo; pero el tronco ha de ser el de nuestras Repúblicas”.
 
Encontramos así los conceptos y las experiencias, que nos resultan necesarias para actuar creadora y responsablemente, sin calcos, en ese complejo recorrido por caminos que no siempre conocemos y que a veces  se nos presenta tortuoso, lleno de obstáculos  y nos impide avanzar con la celeridad deseada en la construcción de una sociedad nueva.
 
El Derecho, concebido como parte de las Ciencias Jurídicas, tiene mucho que aportar en la organización de un nuevo modelo de Estado y de sociedad socialista, en una Patria “Con todos y para el bien de todos”, donde se rinda culto a la dignidad plena del hombre constituyen elementos claves, como bien han quedado jurídicamente consagrados en la Constitución. En el desarrollo y confirmación práctica, tanto juristas como no juristas, debemos consagrarnos de manera consciente.
 
Seamos pues conscientes de la necesidad que todos tenemos de contar con un esclarecido pensamiento político y jurídico autóctono y universal, que tenemos el privilegio de encontrarlo en Martí y Fidel.

“Sentido del momento histórico”

Concluido el pasado año y aprobada la nueva Constitución, en abril de 2020, ha comenzado una nueva etapa  en el empeño revolucionario de elevar la calidad en todo cuanto se vincula con un elemento medular del proceso permanente de transformación y perfeccionamiento de la sociedad cubana: la justicia.
 
La referida Constitución aprobada recientemente marca, sin lugar a dudas, el inicio de un nuevo momento en que podemos considerar la continuidad de una tercera  etapa del proceso que desde 1953 responde a las concepciones estratégicas que, sobre el Derecho y la vida jurídica del país se delineó con participación directa de Fidel. Es parte de la que podemos considerar su concepción estratégica sobre la función del Derecho y las Ciencias Jurídicas en los distintos momentos de la construcción del socialismo en Cuba.
 
    Es el propósito del presente artículo abordar la primera etapa de ese proceso. Es así como podemos considerar que su alegato de autodefensa en “La Historia me absolverá”  permitió concebir los cambios esenciales acerca de la realidad jurídica y socioeconómica del país. Ya en la Sierra Maestra, como se puede apreciar, fueron adoptadas algunas normas jurídicas en el fragor de las batallas liberadoras del Ejército Rebelde.
 
La esencia del pensamiento jurídico de Fidel
 
“Esta humanidad tiene ansias de justicia”, expresó el determinado momento el líder de la Revolución Cubana Fidel Castro. Y ese fue precisamente el móvil que, desde joven lo llevó a abrazar la causa revolucionaria, inspirado en el ideal martiano por “el culto a la dignidad plena” de los seres humanos.
 
En Venezuela, el 23 de enero de 1959, tres días después de iniciar la “Operación Verdad”, con una gigantesca concentración de un millón de personas que se constituyeron como un Tribunal del Pueblo, refirió que en las primeras horas del triunfo revolucionario del 1º. de enero, el pueblo no había ejercido venganza contra los asesinos y agentes de la dictadura batistiana, porque había confiado en que la Revolución aplicaría la debida justicia a los asesinos. Y reflexionó: “Era indispensable que hubiera justicia, porque sin justicia no puede haber democracia, sin justicia no puede haber paz, sin justicia no puede haber libertad”.
 
De Martí había aprendido que “los pueblos que son agrupaciones de…ánimos inquietos, expresan su propio impulso y le dan forma. Roto un orden social se rompen sus leyes, puesto que ellas constituyen el Estado. Expulsados unos gobernantes perniciosos, se destruyen sus modelos de gobierno. Mejor estudiados los afectos e intereses humanos, necesitan el advenimiento de leyes posteriores, para las modificaciones posteriormente advenidas”

Antecedentes históricos sobre las leyes en el primer año del gobierno revolucionario

Recordemos que en 1940, marcada por la presión popular y las posiciones asumidas por intelectuales y líderes políticos de filiación comunista, devenidos miembros de la entonces Asamblea Constituyente, se había logrado la aprobación de una Constitución que era considerada en América Latina como una de las más avanzadas desde el punto de vista político y social, en cuyo contenido se encontraba la promulgación de una Reforma Agraria cuya Ley correspondiente nunca fue promulgada, como mismo ocurrió con otros importantes enunciados constitucionales (educación pública y otros programas sociales).
 
No obstante, ante el Golpe de Estado perpetrado por Batista en 1952, el joven abogado Fidel Castro –basado en aquella Constitución-, estableció infructuosamente un proceso de inconstitucionalidad ante tal hecho.
 
    Demostrada la inefectividad de aquel sistema de Derecho, a riesgo de su vida y la de sus compañeros de ideal, apeló a la lucha armada y llevó a cabo el asalto a los Cuarteles “Moncada” y “Carlos Manuel de Céspedes”, como única alternativa que quedaba para transformar la situación imperante. Coincidentemente, otro joven jurista y luchador revolucionario, Armando Hart Dávalos, con el significativo tema “La Crisis del Derecho en el siglo XX” había defendido en 1952 su tesis de graduación. Era pues aquel Derecho un modo que tenían las clases privilegiadas para mantener el statu quo, por lo que resultaba ilusorio pensar que podría servir para la transformación  revolucionaria de la sociedad.
 
Al igual que en otras ocasiones en la historia de Cuba, sólo la vía de las armas podría resolver la grave situación del país, caracterizada brillantemente en “La Historia me Absolverá”. Como Céspedes, Agramonte y Martí, frente al poder oprobioso y la demostrada imposibilidad de lograr soluciones efectivas por vías políticas, era necesario y legítimo acudir a la vía armada para lograr el imperio de la justicia y la verdadera independencia y soberanía nacional.
 
El asalto en 1953 a los cuarteles de Santiago de Cuba y Bayamo se enlazaba como un eslabón más de las luchas de los cubanos, que se incorporó al  pensamiento político y jurídico con más de 150 años de experiencias al servicio de la transformación revolucionaria. Una verdadera escuela cubana digna de reconocimiento, a cuyo estudio debíamos consagrarnos los juristas, tal como lo han hecho numerosos investigadores e historiadores sociales de nuestro país.
 
Según demuestra en su alegato de autodefensa “La Historia me absolverá” convertido en un programa revolucionario, el joven abogado Fidel Castro no renunció al uso del Derecho y sus instrumentos, para una vez tomado el poder político llevar a cabo raigales transformaciones, mediante la aprobación de leyes revolucionarias.
 
Desde mi punto de vista, ese programa legislativo,  explicitado y ampliamente fundamentado en el Programa del Moncada, marcó el inicio de un tránsito progresivo en la conformación del Nuevo Derecho -el Derecho revolucionario-,  en Cuba.
 
Como bien señala el Dr. Fabio Raimundo Torrado, Premio Nacional de Derecho “Carlos Manuel de Céspedes”, durante el tiempo que precedió al triunfo del 1º. de enero de 1959, fieles a los principios que inspiraban su lucha, a las tradiciones históricas de nuestros patriotas en sus guerras de independencia y, con el propósito de fortalecer la organización y la disciplina del Ejército Rebelde, a iniciativa de Fidel se dictaron durante la guerra las normas jurídicas conocidas como “las Leyes de la Sierra Maestra”.
 
    La Revolución demostró así que era una fuente de Derecho, pero de un Derecho inspirado en postulados esencialmente diferentes y de alcance profundamente humano, sobre justicia, igualdad, equidad y otras categorías de la Ciencia Jurídica, así como de la Filosofía del Derecho. Fueron las primeras manifestaciones de una legalidad nueva, revolucionaria.
 
“Enemigos de la vieja ley; baluartes de la ley nueva”

En efecto, con la lucha armada que librada por el Ejército Rebelde en la Sierra Maestra y en otras zonas de la geografía del país, unido a la lucha clandestina en las ciudades y al aporte final del pueblo al llamado de la Huelga General a la que Fidel los convocó en el momento decisivo, no solo se venció a las numerosas y bien armadas fuerzas militares de la dictadura batistiana, sino que se fijó un hito en la historia cubana, con trascendencia universal: el pueblo logro alcanzar el poder, con los revolucionarios al frente.
 
A partir de ahí, todo cambiaría. Se hizo posible la inmediata promulgación de las nuevas leyes del Programa del Moncada, para lo cual una primera acción consistió en proclamar la Ley Fundamental de la República que mantuvo vigentes los postulados de la Constitución de 1940.
 
En el caso de los criminales, asesinos y torturadores, el pueblo airado no ejercicio la justicia por sus propias manos. Ante el llamado de Fidel, en las primeras horas del triunfo, la población se disciplinó, identificó a los asesinos y los entregó en todo el país para que fueran debidamente juzgados y sancionados, en respuesta al pedido del líder de la Revolución triunfante.
 
De no haber sido así se habría producido un verdadero baño de sangre y se habría renunciado a una justicia civilizada. Apenas comenzaron a celebrarse aquellos juicios y sancionados con las debidas garantías, se orquestó una campaña de descrédito contra la Revolución. La respuesta de Fidel no se hizo esperar. Inició la que denominó Operación Verdad, que por su interés, nos proponemos iniciar la segunda parte de estos comentarios.