“Un orden legal mundial debe ser establecido contra el genocidio y los crímenes de guerra, con normas rigurosas y precisas, y un órgano de justicia absolutamente independiente bajo la supervisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas y nunca bajo el Consejo de Seguridad mientras exista el derecho al veto que concede privilegios excepcionales a solo cinco países, entre ellos la superpotencia hegemónica, que ha hecho uso de él más que los demás miembros permanentes del Consejo juntos” .